Economía

La lucha del campo: un frente para el Gobierno, un caladero para Vox

Las cargas policiales en Don Benito (Extremadura) han puesto en el foco mediático a los agricultores españoles, que reclaman al Ejecutivo medidas contra los bajos precios de sus productos

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La lucha del campo: un frente para el Gobierno, un caladero para Vox

Enfrentamientos entre agricultores y policías en Don Benito. EFE

Resumen:

La escena era insólita en Don Benito. Miles de agricultores protestaban en las calles por la crisis que atraviesa el sector. Una manifestación más para clamar contra la caída en picado de los precios en origen. Pero, esta vez, la tensión llegó al límite. Vallas de seguridad tiradas abajo, gritos, lanzamiento de algunos objetos y la Policía Nacional cargando contra los agricultores más violentos que trataban de entrar en la feria Agroexpo, a la que acudía el ministro de Agricultura, Luis Planas. Un «hartazgo» que amenaza con convertirse en un nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez y que aprovecha Vox para seguir creciendo en la España rural.

El enfado de los agricultores no es nuevo. El desplome de los precios, sobre todo el del aceite de oliva desde hace dos años, ha hecho mella en la renta agrícola, que en 2019 cayó un 8,6%. No es el único problema. Las asociaciones agrarias denuncian la “competencia desleal” de los productos importados, los aranceles de Trump, el encarecimiento del carburante y fertilizantes y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del Ejecutivo de Sánchez.

La de Don Benito no fue la primera ni la última, pero sí la que puso a los agricultores y ganaderos en primera línea del foco mediático. Entre la multitud, los sonidos de tambor y las pancartas había también políticos de casi todos los signos: PP, Vox, Ciudadanos y la coalición de izquierdas Unidas por Extremadura, integrada por Podemos, IU, Extremeños y Equo. La tensión aumentó cuando los agricultores rebasaron la línea de seguridad de la feria y un grupo de «incontrolados» lanzaron objetos y huevos. Tanto los organizadores -Asaja, COAG y UPA- como los partidos se desmarcaron de estos actos violentos. Las marchas y las tractoradas han llegado esta semana a otras diez provincias, como Zamora o Jaén, donde se llegó a incendiar una barricada.

Con varias protestas programadas para febrero, la lucha de los agricultores amenaza con convertirse en un nuevo escollo para el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Tanto en el Ejecutivo como en la oposición reconocen que el sector no vive un buen momento. Pero no comparten parte del diagnóstico sobre las causas de esta crisis. Las organizaciones agrícolas, de diferentes tendencias ideológicas, sostienen que la subida del SMI es uno de sus problemas, aunque ni mucho menos el más grave. Una afirmación que rechazan el PSOE, Podemos, CCOO y UGT. De hecho, el líder de este último sindicato, Pepe Álvarez, llegó a tildar a los manifestantes extremeños de “derecha terrateniente” y “carca”.

En la otra cara de la moneda, el PP acusa a Sánchez de no “respetar” el derecho de los productores a manifestarse y de no negociar los aranceles con Estados Unidos; y Vox de “perder el contacto” con la España rural. El discurso de Santiago Abascal y los suyos defiende la caza, los toros y más ayudas de la PAC –Política Agraria Común de la Unión Europea (UE)- para los agricultores. En las pasadas elecciones del 10 de noviembre, Vox salió muy reforzado en las regiones donde el trabajo agrícola tiene más peso. En todas las provincias de Andalucía y Extremadura, por ejemplo, los socialistas ganaron en las urnas, sí, pero con menos votos que en abril. Justo lo contrario que Vox, que fue la formación que más apoyos ganó en todas esas regiones respecto a los anteriores comicios. En Murcia, donde un 11,3% de los ocupados se dedica a la agricultura, el partido de Abascal arrasó y se situó como la fuerza más votada.

¿Quiere Vox capitalizar la oleada de protestas agrícolas? “No es una táctica concreta. Nosotros hemos defendido y venimos defendiendo a la gente que está siendo abandonada por el sistema”. Lo dice Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox por Badajoz, que estuvo presente el otro día en la manifestación de Don Benito y culpa a un grupo minoritario de personas con «banderas rojas» y «pelo pincho» de ser los «más agresivos» durante los incidentes en el pueblo pacense. En conversación con El Independiente, el político habla de un «hartazgo histórico» de los empleados del campo y sostiene que son las «trabas administrativas» y los «impuestos» los que juegan en contra del sector. Pero… ¿Cuáles son las razones que han llevado a los agricultores a saltar a las calles?

Caída de precios y costes al alza

La tesis de las organizaciones agrícolas es que los actuales precios en origen de productos como el aceite o algunas hortalizas no permiten cubrir los altos costes de producción. Pero a los agricultores españoles también les preocupan los requisitos para acceder a las ayudas de la PAC, el acceso al agua y a tecnologías adecuadas para realizar su trabajo, según un estudio que la consultora PwC publicó a principios del año pasado.

El caso más sonado es el del aceite de oliva. Las cifras del Ministerio de Agricultura reflejan una caída del 25% en el último año y de casi un 50% respecto a principios de 2018. Los descensos también se han notado en la cebada, el vino blanco y tinto sin denominación de origen y varias frutas y hortalizas –melocotón, uva de mesa, calabacín, cebolla o tomate liso-, aunque el valor de otras, como el del aguacate o la clementina, aumentó considerablemente.

La dependencia excesiva a las ayudas de Europa, la «competencia desleal» de las importaciones y los aranceles de Trump son los otros problemas que afronta el sector

“Los insumos, la energía, los carburantes, la maquinaria, los impuestos, los costes laborales… Todo ha incrementado frente a los ingresos”, asegura Miguel Blanco, secretario general de la COAG. Los agricultores miran con recelo a países no comunitarios -como Sudáfrica o China- a los que se les acusa de «competencia desleal». Lo tienen “difícil” para competir contra ellos. Esas importaciones, según Blanco, no cumplen los estándares de calidad y de seguridad alimentaria ni las condiciones laborales que se les exige a los países de la Unión Europea. El mismo Planas aseguraba esta semana que España está insistiendo a la Comisión Europea para que vigile los precios de referencia de las exportaciones agrícolas de los países extracomunitarios.

El sector también está muy pendiente de Bruselas y Estados Unidos. Una de las debilidades de la agricultura española, según PwC, es que depende «excesivamete» de las ayudas de la PAC. En 2017, por ejemplo, España recibió más de 6.805 millones de euros en subvenciones, alzándose así como el segundo país de la UE que recibió más fondos. El impacto que el Brexit pueda tener en las últimas negociaciones de la PAC inquieta al sector. “Gracias a las ayudas el campo español se ha mantenido los últimos 20 años (…) Esto no se soluciona con más ayudas de Europa, pero sí con medidas de mercado que permitan precios algo más elevados”, sostiene Silverio Alarcón, profesor del departamento de Economía Agraria de la Escuela Agronómica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

A todo ello se suman los aranceles impuestos por Donald Trump a algunos productos españoles, que ya notan las empresas en sus cuentas de resultados, según informa Efe.

¿Qué ocurre con el SMI?

La crisis del campo ha puesto sobre la mesa el debate sobre el SMI a 950 euros. El Gobierno del PSOE y Podemos y los principales sindicatos rechazan de pleno que la subida tenga nada que ver con la crisis del sector. Ni la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni Luis Planas, observan que el aumento de casi un 28% del salario mínimo influya en el desempleo agrícola. Y es que mientras que el número de parados en España se redujo el año pasado en 112.400 personas, unos 10.900 agricultores se quedaron sin trabajo.

El sector agrícola perdió el año pasado a 10.900 agricultores, mientras que el paro nacional se redujo en 112.400 personas

Desde las organizaciones agrarias insisten en que el aumento del SMI sí que ha influido en la caída de rentas, pero con matices. La UPA considera que, como toda subida, el salario mínimo afecta a los costes de producción: “Es una dificultad más pero no es el problema del sector”, señala Montserrat Cortiñas, su vicesecretaria general. La COAG, por su parte, cree que el problema no es que se aumenten los salarios, sino el corto espacio de tiempo en el que se ha elevado. “Si nuestros precios y nuestras rentas no son dignos difícilmente podemos pagar un salario digno”, dice Miguel Blanco. Una de las voces discordantes dentro del PSOE con esta cuestión es la de Guillermo Fernández-Vara. Inquieto por los más de 10.000 trabajadores del campo que se han quedado en la calle, el presidente de la Junta de Extremadura defiende el aumento del salario mínimo, pero también un análisis de las consecuencias que está teniendo en cada zona de España.

“Yo entiendo que los sindicatos digan que no sea la única causa, pero que está afectando es evidente. Si tienes unas explotaciones que son poco rentables, como en Extremadura o en Murcia, sí subes los costes de producción hay una reacción de los empresarios a contratar menos”, afirma Silverio Alarcón, de la UPM. En unos años donde la España vaciada ha logrado colarse en las agendas de los políticos, este profesor cree que es “incoherente” que el Gobierno haya creado un Ministerio del Reto Demográfico sino se ayuda a los sectores más desfavorecidos, como la agricultura.

De momento, el Gobierno se ha visto obligado a convocar una mesa de diálogo agrario este próximo lunes. Pero la lucha del campo, lejos de cesar, continuará en febrero con manifestaciones por varias regiones de España.

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