Economía

El Gobierno hará obligatorio que haya un ‘Madrid Central’ en 145 ciudades españolas en tres años

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático entorpece regresiones de esta medida como la pretendida por Almeida exigiendo el visto bueno previo del Gobierno o de la comunidad autónoma.

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El Gobierno hará obligatorio que haya un ‘Madrid Central’ en 145 ciudades españolas en tres años

Madrid Central EUROPA PRESS

Resumen:

El Gobierno pone en marcha el proceso para aprobar la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la hoja de ruta que debe llevar a la descarbonización a la economía española en 2050. El nuevo anteproyecto de ley endurece alguno de los aspectos de anteriores versiones, en especial el referente a la puesta en marcha de zonas de bajas emisiones en las ciudades españolas.

En anteriores borradores de la ley el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la ahora también vicepresidenta Teresa Ribera, se limitaba a establecer que los ayuntamientos de los municipios de más de 50.000 habitantes (que son 145 en España) “fomentarán” medidas de mitigación para reducir las emisiones. En la nueva versión del anteproyecto de ley, que en breve pasará por el Consejo de Ministros para su posterior aprobación por las Cortes, esas medidas se convierten directamente en obligatorias.

El nuevo borrador -trasladado hoy a organizaciones ecologistas, sindicatos y patronal en el Consejo Asesor de Medio Ambiente- fija como obligación que los municipios de más de 50.000 y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y que también cuenten con servicios de coches eléctricos compartidos. Un aspecto este último que hasta ahora no se recogía en anteriores versiones.

Asimismo, como novedad, el Gobierno fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medioambiente. Un giro que busca evitar intentos como el del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de tumbar Madrid Central.

En 2018, el transporte fue el sector con mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero, un 27%. Por sí solo, el tráfico por carretera representa un 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, de ellas, un tercio se concentran en aglomeraciones urbanas. Es, además uno de los principales emisores de óxidos de nitrógeno, con un efecto muy pernicioso para la salud.

En 2040 sólo se venderán coches sin emisiones

En este sentido, el Gobierno confirma su objetivo de que en 2040 se dejen de vender coches con emisiones directas  de CO2 para llegar a 2050 con un parque de turismos y comerciales ligeros libre de emisiones. “Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea [que impide establecer prohibiciones a tecnologías concretas], para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluyendo los vehículos matriculados históricos y los no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones de 0gCO2/km”.

Una medida que ha levantado ampollas en el sector de la automoción y en el de las petroleras por sus potenciales efectos en las ventas. “Se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.”, promete el Ministerio en un comunicado hecho público hoy.

Enchufes en gasolineras

 En paralelo, para favorecer la expansión del vehículo eléctrico, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga y el Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones sobre instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes.

Asismismo, las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos, o aquellas que acometan una reforma que requiera revisión de su título administrativo, deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua, con el objeto de que la recarga del vehículo sea rápida.

En esta misma línea, el nuevo anteproyecto introduce obligaciones de instalar al menos un punto de recarga rápida —50 kW— en aquellas estaciones de servicio que tengan un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo y gasolina. En total, serán algo más de 1.000 las gasolineras que estarán obligadas a instalar enchufes para coches eléctricos, un 9% del total de 11.600 puntos de la red de gasolineras.

Al menos 1 de cada 5 euros de los PGE

El nuevo texto del anteproyecto amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad final, que será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, será en cualquier caso superior a la anteriormente fijada (20%).

El Gobierno se compromete a promover una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

Por otro lado, el anteproyecto que llegó al Consejo de Ministros en febrero de 2019 establecía que las entidades admitidas a negociación en mercados regulados, entidades de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño han de presentar un informe en el que hagan una evaluación del impacto de los riesgos asociados al cambio climático generado por la exposición a éste de su actividad.

El nuevo texto incorpora una obligación en este sentido al Operador del sistema eléctrico (REE), al Gestor Técnico del sistema gasista (Enagás) y a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).  Cada dos años y en el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades deberán elaborar un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su estrategia y su planificación financiera.

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