España registra un auténtico aluvión de solicitudes de nuevos proyectos de energías renovables. Las peticiones de la autorización para engancharse a la red eléctrica desbordan todas las previsiones y han llegado a cuadruplicar los objetivos marcados por el Gobierno de instalación de nuevas energías verdes hasta 2030.

Red Eléctrica de España (REE), encargada de gestionar las solicitudes para conectarse a la red de alta tensión, acumuló el año pasado peticiones de nuevas renovables que acumulaban más de 203.000 megavatios (MW) de potencia conjunta. Sin embargo, el plan del Gobierno para reducir las emisiones de efecto invernadero contempla la construcción de unos 56.000 MW de plantas verdes hasta 2030, casi cuatro veces menos.

REE se lanzó el año pasado a pinchar la burbuja en el sector de las renovables y puso en marcha una criba masiva de proyectos verdes.  El grupo -que ahora vive una situación convulsa por la dimisión de su presidente, Jordi Sevilla, por sus choques con el Gobierno-  había denegado ya la solicitud de acceso a la red de proyectos con una potencia total de 77.500 MW al cierre de 2019, el 38% de todas las peticiones.  

El proceso de depuración de los proyectos se ha disparado en los últimos meses. Del total de 77.500 MW que ha tumbado REE, unos 59.000 MW han sido rechazados sólo desde el pasado julio, en sólo seis meses. Para calibrar la magnitud de la criba emprendida: las peticiones rechazadas duplican la potencia de todas las renovables actualmente en funcionamiento en todo el país, con 34.200 MW tras un 2019 de récord.

Desde Red Eléctrica se subraya que las razones para denegar estas autorizaciones son técnicas, y las causas que se esgrimen ante los solicitantes para justificar los rechazos son mayoritariamente que “no haya capacidad en el nudo solicitado” o que “se solicita acceso en una subestación no incluida en la planificación vinculante”. En el sector energético se da por hecho que REE se ha lanzado a hacer una depuración para frenar la burbuja que se avecinaba.

El doble de todo lo previsto hasta 2030

España vivirá un auténtico boom renovable en la próxima década con la instalación de nuevas plantas de energías limpias. La previsión contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y  Clima (PNIEC), la hoja de ruta del Gobierno para la próxima década, anticipa la instalación de unos 56.000 MW verdes hasta 2030.

Las solicitudes que ya cuentan con el permiso para engancharse a la red ya casi duplican ese objetivo. Red Eléctrica ha concedido el permiso de acceso preliminar a proyectos con 102.000 MW y aún tiene estudio el permiso de otros 24.100 MW.

El gran problema -aunque desde REE se evita utilizar públicamente ese término para describir la situación del sector renovable- es que una parte sustancial de las solicitudes no cuentan con un proyecto real para construir una planta energética.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) estima también que una “proporción significativa” de las peticiones de enganche no cuentan con proyectos viables reales que los respalden (su cálculo es que por cada proyecto viable se han solicitado dos o tres permisos que no lo son) y que hasta dos terceras partes de ellos renunciarán a continuar con la tramitación del permiso de acceso a la red.

Especulación con la reventa de permisos

En este contexto, en el sector de las energías limpias ha venido proliferando la especulación. Conseguir una conexión a la red eléctrica sufre una preocupante situación de cuello de botella y los permisos para hacerlo –pese a que Red Eléctrica los reparte gratuitamente- se han convertido ya en un activo con los que las empresas hacen negocio y por los que se pagan cantidades disparatadas en la reventa.

De hecho, se están revendiendo por entre 100.000 y 200.000 euros por megavatio de potencia del proyecto, en función del grado del proceso de solicitud. Un fenómeno que está atrayendo a actores que sólo buscan especular con los permisos o simplemente con las solicitudes de acceso.

El sector renovable está a la espera de que salga adelante la nueva regulación de acceso y conexión a la red, que aún no ha aprobado la CNMC y sobre la que el Gobierno tenía reservas.

La CNMC propone aprobar una circular que obligue a que la solicitud de conexión a la red incluya información técnica detallada para confirmar que está respaldada por un proyecto con suficientes visos de viabilidad y que la modificación de determinadas características del proyecto consideradas clave (la tecnología de generación, la ubicación del punto de conexión…) obligue a una nueva solicitud. El Gobierno considera que el borrador de la CNMC invade algunas de sus competencias y aún deben discernir entre ambos el choque.