Este año no habrá Mobile World Congress (MWC) en Barcelona. El miedo al coronavirus ha tumbado la gran cita de la industria del móvil y sus organizadores finalmente decidieron este miércoles, tras dos semanas resistiéndose, formalizar su cancelación.

El Mobile echa la persiana sin haberla subido, después de que una treintena de compañías haya ido renunciado a asistir al congreso, programado entre el 24 y el 27 de febrero. Entre ellos, auténticos gigantes del sector de las telecos (Vodafone, Deutsche Telekom, BT, AT&T…) y de la tecnología (LG, Ericsson, Facebook, Nokia…) que dejaban a la organización con pocas opciones para mantenerlo.

GSMA entiende que la crisis del coronavirus y el temor a viajar de muchos asistentes hacía "imposible" seguir con el congreso y confirma que ya trabaja en la próxima edición, refrendando Barcelona como sede del Mobile. La cancelación es un zarpazo económico para la Ciudad Condal, que se expone a un roto de unos 500 millones de impacto económico ligado al congreso. Pero también amenaza a la propia GSMA con un golpe millonario en indemnizaciones.

La decisión de GSMA de suspender el MWC de este año conlleva devolver los pagos de las compañías, que rondan los 300 millones de euros sólo por pagos adelantados para reservar la superficie de exposición en la Fira de Barcelona y otros centros, según varias fuentes del sector.

El precio por metro cuadrado varía mucho en función de la calidad del espacio (si es una zona privada, según en qué pabellón se encuentra, si es pasillo central o en los laterales…), pero oscila entre los menos de 1.000 euros de las peores ubicaciones a los en torno a 9.000 de las mejores.

A esas cantidades se sumarían otros costes irrecuperables, que algunas fuentes sitúan cerca de otros 100 millones por diferentes conceptos, desde reservas de hoteles -que para los expositores gestiona también directamente y en exclusiva GSMA- a los costes de la construcción de los stands, así como otros conceptos paralelos.

GSMA sólo podría librarse de devolver esas cantidades millonarias si puede alegar a una razón de “causa mayor” recogidas en las cláusulas de los contratos (en ellos se especifican escenarios como una guerra civil, una revolución, amenaza terrorista…). Una causa mayor podría considerarse una alerta sanitaria. No la alerta sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino una emergencia o un riesgo concreto ligado a la celebración al evento.

Sin embargo, las Administraciones españolas al unísono insisten desde hace días en el mensaje exactamente contrario al que le serviría a GSMA para sortear el golpe económico a expensas de una solución pactada con los propios expositores. Gobierno central, Generalitat catalana y los Ayuntamientos de Barcelona y de L’Hospitalet de Llobregat han seguido lanzando hasta horas antes de la cancelación llamadas a la tranquilidad, confirmando normalidad para celebrar el evento y garantizando seguridad y medidas suficientes para continuar con la cita.

“No hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas adicionales para la celebración de cualquier evento”, había sentenciado este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y lo hacía con la plana mayor de las autoridades sanitarias de Cataluña en esta crisis del coronavirus: la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, del secretario de salud pública, Joan Guix, y del director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio, Fernando Simón.

“Aunque parezca lo contrario, la frase del ministro de Sanidad es una puñalada para los intereses de los organizadores del Mobile”, sentencian desde uno de los grandes expositores del congreso, porque allanan las reclamaciones de devolución de los pagos e inversiones realizadas. La susodicha frase del ministro de Sanidad era el colofón a otras muchas de otros ministros y consellers confirmando la "normalidad" de la situación sanitaria en Barcelona y el resto de España.

Según algunas compañías, la cancelación obliga a devolver gran parte de lo pagado también a la treintena de compañías que han anunciado su intención de no acudir. Y es que esas compañías sólo habrían renunciado a mandar a sus delegaciones a la feria y a construir los stands (algunos de miles de metros cuadrados), pero la superficie de exposición –aunque vacía- seguía alquilada y abonada.