El Gobierno cargará 2.000 millones a eléctricas y petroleras para el plan de ahorro de energía hasta 2030

Todos los años, desde hace un lustro, el Gobierno obliga a centenares de empresas energéticas españolas a hacer aportaciones dinerarias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el instrumento financiero que articula las políticas para conseguir recortes del consumo de energía comprometidos con Bruselas.

Cada año, también, decenas de estas compañías recurren de manera sistemática ante el Tribunal Supremo esta aportación, que se sitúa todos los ejercicios en el entorno de los 200 millones de euros (las compañías han aportado algo más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años). El Supremo ha ido avalando sentencia tras sentencia la legalidad de los pagos obligatorios de las compañías, pero cada año las compañías vuelven a la carga innovando e incluyendo nuevos matices en sus recursos.

El Gobierno se dispone a alargar la vigencia del fondo durante diez años más, en línea con lo establecido en la normativa de la Unión Europea, y consagrar las aportaciones millonarias hasta 2030. Unas aportaciones que, tal y como está diseñado hoy el sistema de obligaciones de eficiencia energética, supondrán que las comercializadoras de electricidad, gas y de productos petrolíferos asuman pagos de unos 2.000 millones de euros durante los próximos años. De hecho, los grupos energéticos auguran que el momento incluso será mayor.

El borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que es la hoja de ruta para la descarbonización de la economía española para las próximas décadas y que el Ejecutivo pretende aprobar en Consejo de Ministros y llevar a las Cortes el próximo mes, incluye esa ampliación de la vigencia del Fondo de Eficiencia Energética durante una década.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la ahora también vicepresidenta Teresa Ribera, ha incluido en una de las disposiciones finales del texto de la futura la ampliación de la duración del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética hasta el 31 de diciembre de 2030.

El Gobierno pretende hacer revisiones intermedias del funcionamiento del plan para verificará la trayectoria hacia el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética. Las revisiones se desarrollarán para calibrar la efectividad de las medidas de ahorro de energía para los periodos comprendidos entre el 2017 y finales de 2020, entre 2021 y 2025, y entre 2026 y 2030.

Cerca de 360 compañías de los sectores del petróleo, la electricidad y el gas inyectaron el año pasado al fondo conjuntamente algo más de 203 millones de euros, según el presupuesto marcado por el Gobierno. Más de mitad de esos más de 200 millones lo asumieron sólo cuatro compañías: Repsol, con 39,2 millones de euros; Endesa, con casi 28,5 millones; Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, con cerca de 25,5 millones, y Cepsa, con 22,4 millones.

El Gobierno establece el reparto mediante una compleja metodología que toma como base la proporción de ventas de energía anuales de cada compañía. Para este ejercicio se utilizan para el cálculo las ventas correspondientes a 2017.

En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida al nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales. Las aportaciones de las empresas van desde las decenas de millones de euros a apenas unos céntimos en función del tamaño de cada compañía.

El actual Fondo de Eficiencia Energética se creó en 2014 para articular el compromiso de ahorro energético establecido por la Unión Europea. Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones se han embarcado en una batalla legal ante el Tribunal Supremo, por separado o a través de asociaciones empresariales para tumbar las cantidades que se les ha obligado a aportar al fondo en los últimos años.

Repsol, Endesa Naturgy, Cepsa, BP o Galp recurren desde hace años la obligación de hacer estas aportaciones. Otras compañías optan por no judicializar su aportación –como tradicionalmente ha sido el caso de Iberdrola- y se conforman con presentar alegaciones durante el periodo de audiencia del Gobierno para reclamar cambios en la fórmula de cálculo o para pedir que se incluya entre los paganos del fondo también a los consumidores directos.