El Gobierno ha cedido ante las pretensiones de la banca y avalará entre el 60% y el 80% de los créditos que concedan en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19. El Ejecutivo anunció hace unos días que concedería avales por hasta 100.000 millones de euros y este martes ha aprobado en Consejo de Ministros las condiciones de la primera línea, que será de unos 20.000 millones de euros, la mitad de los cuales se dirigirán exclusivamente a autónomos y pymes.

Concretamente, los créditos concedidos a autónomos y pymes estarán respaldados en un 80% por parte del Estado, mientras que el resto de empresas recibirá un aval del 70% para nuevos créditos y del 60% en el caso de renovaciones de préstamos.

Los avales del Estado durarán lo mismo que los propios créditos, pero tendrán un plazo máximo de cinco años, según ha explicado la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. Además, tendrán carácter retroactivo, por lo que se aplicarán a operaciones de financiación realizadas desde el pasado 18 de marzo.

Los bancos asumirán el coste de los avales, que será de entre 20 y 120 puntos básicos

El coste del aval será de entre 20 y 120 puntos básicos y lo asumirán los bancos. La línea de créditos la gestionarán el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las propias entidades financieras y los interesados deberán solicitar a estas acogerse a esta financiación con garantías antes del 30 de septiembre de este año.

En opinión de Montero, el hecho de que el Estado respalde más porcentaje de los créditos de los autónomos y las pymes que del resto del tejido empresarial implica que los bancos tendrán «más facilidad» para conceder financiación a estos sectores que a grandes empresas. Es decir, que los créditos lleguen «de forma capilar a cada rincón del tejido productivo» y estas empresas conserven «el nivel de actividad económica y el empleo».

Las empresas podrán utilizar estos créditos para pagar salarios, facturas, circulante y para otras necesidades de financiación, como las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Podrán pedir estos créditos con aval estatal siempre que no estuvieran en situación de morosidad a fecha del pasado 31 de diciembre o de procedimiento concursal a 17 de marzo de este año.

En esta primera ronda se liberarán garantías por 20.000 millones de euros y el resto se pondrá en circulación automáticamente cuando esta primera línea termine, si bien el Gobierno se guarda la posibilidad de modificar las condiciones anunciadas hoy en función de la «demanda» que se observe y de la «situación del mercado» que reine en ese momento, ha explicado la ministra.

Pulso con el sector bancario

El sector bancario y el Ejecutivo han mantenido durante los últimos días un pulso para acordar el porcentaje de los créditos que debe respaldar el Estado con el fin de lograr un equilibrio entre la estabilidad financiera y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La banca, por su lado, esperaba que el Gobierno avalara el 80% de cada préstamo para minimizar al máximo el riesgo de impago y que no se produzca una crisis de crédito, con su consecuente aumento de la mora, uno de los principales problemas de la anterior crisis financiera. El Gobierno, por su parte, aspiraba a que el riesgo fuera asumido a medias por ambas partes para evitar un agujero en sus cuentas públicas.

El interés lo fijará cada banco

Montero ha explicado que el Gobierno no ha impuesto ningún tipo de interés para la concesión de estos créditos, sino que será cada banco el que lo decida. Con todo, la ministra ha confiado en que las entidades pongan intereses «razonables» para que todo el mundo pueda acceder a la financiación.

Según ha dicho, la inquietud de los bancos no tenía que ver con los tipos de interés, «que se han mantenido bajos durante los últimos años», sino con la «necesidad de avalar el riesgo, de tener un aval público que permita a las entidades financieras tener un cierto colchón de seguridad».

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha explicado más tarde que los bancos se han comprometido a que los costes de estos nuevos préstamos estén en línea con los aplicados a la financiación antes de esta crisis sanitaria.

Ante este anuncio, CEOE y Cepyme valoran positivamente los pasos del Gobierno «para facilitar la financiación bancaria de muchos negocios». Las organizaciones empresariales consideran «clave para la recuperación de la economía» estos avales y aplauden la decisión sobre la retroactividad con fecha del 18 de marzo así como el respaldo público del 80%.

No se bajará el sueldo a los funcionarios

Por otra parte, Montero ha desmentido que el Gobierno vaya a rebajar el sueldo a los funcionarios. «Para nada», ha respondido a una cuestión al respecto y ha achacado el rumor sobre esta posibilidad a la «estrategia de confusión» a través de «bulos» que se está desarrollando y que «en nada beneficia a la situación» en la que se encuentra el país.

Para la ministra portavoz, los trabajadores públicos son ahora «más imprescindibles» que en cualquier otro momento, por lo que el Gobierno no se ha planteado «en ningún momento» rebajarles el sueldo.