Economía | Empresas DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Las eléctricas asumen un aluvión de más de 160.000 clientes que aplazan pagos de luz

Factura de electricidad.

Factura de electricidad. ep

Las grandes eléctricas están atendiendo una avalancha de clientes que piden aplazar el pago de sus recibos de luz y de gas para hacer frente a la crisis económica generada por la epidemia de coronavirus.

Miles de hogares, de empresas, de pymes y de autónomos han postergado sus facturas en plena emergencia sanitaria y las abonarán a plazos dentro de unos meses. En total, las compañías eléctricas acumulan más de 160.000 clientes que han aplazado sus recibos durante el estado de emergencia.

Desde que arrancó la emergencia por el coronavirus, algunas compañías energéticas activaron programas específicos que permiten aplazar los abonos y flexibilizar los pagos durante el siguiente año. Algunas eléctricas lo aplican a pymes y autónomos, otras de manera general a todos sus clientes.

Y posteriormente fue el Gobierno el que hizo obligatorio, a partir del 1 de abril, que las eléctricas aceptaran suspender el pago de las facturas para autónomos y empresas durante el estado de alarma y que puedan abonarlo de manera fragmentada durante los seis meses siguientes.

Naturgy  es con mucho la compañía que acumula un mayor número aplazamientos de pagos de facturas, al ser la primera que adoptó la medida, la promocionó durante semanas, y la abrió a los millones de clientes con tarifas del mercado libre, fueran particulares, empresas o negocios. El resultado es que la compañía ha aprobado ya el aplazamiento del pago de las facturas de luz o de gas a 121.000 clientes en España, según datos del grupo a los que ha tenido acceso El Independiente.

El paquete de medidas fue implementado desde los primeros días del estado de alarma para el colectivo de pymes y autónomos y lo extendió a los clientes domésticos del mercado liberalizado (no a los de la tarifa regulada) posteriormente. Naturgy permite posponer el pago de las tres próximas facturas y empezar a abonar en septiembre a plazos durante 12 meses sin intereses.

Por su parte, más de 38.000 clientes de Iberdrola han solicitado ya la opción de flexibilizar el pago de las facturas de luz, gas y otros servicios energéticos, según confirman fuentes de la compañía. La eléctrica ha dado esta opción a hogares, autónomos y pymes y da la opción de fraccionar las factura hasta en doce meses sin coste a los clientes con dificultades tanto de sus tarifas del mercado libre como en la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Endesa, por su parte, sólo reconoce haber aprobado la suspensión de facturas a 4.100 clientes autónomos o empresas, con la modalidad aprobada por el Gobierno y que le obliga a concederlo y aceptar el pago fraccionado durante los seis meses posteriores al fin del estado de alarma.

Otras medidas ‘anticrisis’

El Gobierno ha adoptado medidas excepcionales para proteger a colectivos vulnerables y para paliar el golpe a autónomos y pymes del parón económico. Varias de esas reformas están directamente ligadas a las facturas energéticas y a los contratos que les unen con sus compañías de luz y gas

El Gobierno aprobó el 31 de marzo, dos semanas después de arrancar el estado de alarma, medidas para que los autónomos y las empresas afectados por el parón de actividad pudieran reducir parte de sus costes fijos, especialmente los ligados a suministros esenciales. Entre otras iniciativas, empresas y autónomos pueden reducir la potencia eléctrica contratada para pagar menos por la parte fija del recibo, también pueden suspender temporalmente los contratos y también suspender facturas para pagarlas a plazos tras el estado de alarma.

Durante el primer mes de vigencia de estas medidas, un total de 88.720 clientes han solicitado reducir la potencia contratada, según los datos que maneja la patronal de las grandes eléctricas Aelec (que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo). Un recorte que tiene un impacto directo millonario en los ingresos del sistema eléctrico.

Parte de los costes fijos de la factura eléctrico están ligados a la potencia contratada por el cliente; a menor potencia, menos hay que pagar, y menos ingresos tiene el sistema eléctrico. En concreto, el cálculo que hacen las grandes eléctrica es que la rebaja de potencias abre un agujero en el sistema eléctrico (a la postre, en el recibo de luz) de 55 millones de euros al mes, según adelantó El Independiente.

Los cálculos de las eléctricas son muy superiores a los que manejaba el propio Gobierno, que en la memoria económica del real decreto con el que implantó esta medida anticipaba que el coste para el sistema de la reducción de potencia sería de 25,7 millones de euros cada mes.

Esa caída de ingresos la cubrirá el Gobierno con transferencias directas a las cuentas del sistema eléctrico, para cuadrarlas, mediante partidas específicas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En paralelo, en un mes han sido 8.868 autónomos y empresas los que han suspendido de manera temporal sus contratos. Ante el parón total de actividad de algunos negocios, el cliente ha congelado el contrato eléctrico: no hay ningún pago, y tampoco ningún suministro. Una medida que supone una reducción de los ingresos previstos por las comercializadoras eléctricas de 461.734 euros al mes.

Empresas y autónomos también tienen la posibilidad de suspender el pago de las facturas durante el estado de alarma y pagar de manera prorrateada las cantidades acumuladas durante los seis meses siguientes (cada mes una sexta parte de la deuda acumulada cuando se levante el estado de alarma). En un mes han sido 12.791 clientes los que han optado por esta opción de pago aplazado, con un coste de 2,77 millones de euros para las compañías, según los datos de Aelec que recaba la información de las distribuidoras de las grandes eléctricas, no de sus comercializadoras.

Las eléctricas que se vean afectadas por la suspensión de los abonos también podrán ahorrarse parte de sus costes, al quedar exentas del pago de los peajes ligados a ese consumo de electricidad. Un coste que también asumirán todos los contribuyentes al ser cubierto por el Gobierno con los PGE.  

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