Economía | Empresas

SEGÚN LOS CÁLCULOS DE LAS GRANDES ELÉCTRICAS

Las medidas 'anticrisis' del Gobierno crean un agujero de 55 millones al mes en el recibo de la luz

Casi 89.000 clientes han reducido su potencia eléctrica para ahorrar y 21.000 empresas y autónomos han suspendido sus contratos o el pago de facturas temporalmente. La caída de ingresos la acabarán pagando los contribuyentes a través de los PGE.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EP

El Gobierno adoptó medidas excepcionales para proteger a colectivos vulnerables y para paliar el golpe a autónomos y pymes del parón económico. Varias de esas reformas están directamente ligadas a las facturas energéticas y a los contratos que les unen con sus compañías de luz y gas. Y el sector empieza a echar cuentas del coste del paquete de medidas ‘anticrisis’.

El Gobierno aprobó el 31 de marzo, dos semanas después de arrancar el estado de alarma, medidas para que los autónomos y las empresas afectados por el parón de actividad pudieran reducir parte de sus costes fijos, especialmente los ligados a suministros esenciales. Entre otras iniciativas, empresas y autónomos pueden reducir la potencia eléctrica contratada para pagar menos por la parte fija del recibo, también pueden suspender temporalmente los contratos y también suspender facturas para pagarlas a plazos tras el estado de alarma.

Durante el primer mes de vigencia de estas medidas, un total de 88.720 clientes han solicitado reducir la potencia contratada, según los datos que maneja la patronal de las grandes eléctricas Aelec (que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo). Un recorte que tiene un impacto directo millonario en los ingresos del sistema eléctrico.

Parte de los costes fijos de la factura eléctrico están ligados a la potencia contratada por el cliente; a menor potencia, menos hay que pagar, y menos ingresos tiene el sistema eléctrico. En concreto, el cálculo que hacen las grandes eléctrica es que la rebaja de potencias abre un agujero en el sistema eléctrico (a la postre, en el recibo de luz) de 55 millones de euros al mes, según las estimaciones de las compañías eléctricas a las que ha tenido acceso El Independiente.

Los cálculos de las eléctricas son muy superiores a los que manejaba el propio Gobierno, que en la memoria económica del real decreto con el que implantó esta medida anticipaba que el coste para el sistema de la reducción de potencia sería de 25,7 millones de euros cada mes.

Si sigue creciendo la cifra de usuarios que reducen potencia desde los 89.000 actuales, también lo hará el coste cada mes del sistema eléctrico.  Esa caída de ingresos la cubrirá el Gobierno con transferencias directas a las cuentas del sistema eléctrico, para cuadrarlas, mediante partidas específicas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En paralelo, en un mes han sido 8.868 autónomos y empresas los que han suspendido de manera temporal sus contratos. Ante el parón total de actividad de algunos negocios, el cliente ha congelado el contrato eléctrico: no hay ningún pago, y tampoco ningún suministro. Una medida que supone una reducción de los ingresos previstos por las comercializadoras eléctricas de 461.734 euros al mes.

Empresas y autónomos también tienen la posibilidad de suspender el pago de las facturas durante el estado de alarma y pagar de manera prorrateada las cantidades acumuladas durante los seis meses siguientes (cada mes una sexta parte de la deuda acumulada cuando se levante el estado de alarma). En un mes han sido 12.791 clientes los que han optado por esta opción de pago aplazado, con un coste de 2,77 millones de euros para las compañías. Las comercializadoras empezarán a cobrar a plazos cuando termine el estado de alarma, pero las distribuidoras no percibirán su parte hasta seis meses después.

Las eléctricas que se vean afectadas por la suspensión de los abonos también podrán ahorrarse parte de sus costes, al quedar exentas del pago de los peajes ligados a ese consumo de electricidad. Un coste que también asumirán todos los contribuyentes al ser cubierto por el Gobierno con los PGE.  

El parón de actividad económica provocada por la crisis del coronavirus está suponiendo un descenso histórico de la demanda eléctrica, con una caída del 17% del consumo en abril. El frenazo de la demanda va a provocar una caída de los ingresos del sistema eléctrico que amenaza con provocar un agujero millonario en el conjunto del año, que algunas fuentes del sector sitúan por encima de los 900 millones de euros.

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