El pacto firmado entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 ha hecho saltar las costuras del Gobierno, pero podría tener consecuencias peores que una pelea interna en un momento especialmente delicado para la negociación en el marco comunitario. Hace unos meses, la Comisión Europea ya advertía al Ejecutivo que debía preservar los "logros" de esta normativa que aprobó hace ya ocho años el Gobierno con el PP al frente, poniendo en valor que había favorecido "una fuerte creación de empleo durante la recuperación".

En su Informe sobre España 2020, publicado el pasado mes de febrero, poco antes del estallido de la crisis del Covid-19, la Comisión Europea ya advertía al Gobierno de que convenía mantener las reformas pactadas tras la crisis financiera.

"Se reconoce que las reformas del mercado de trabajo adoptadas en 2012-2013 para hacer frente a la crisis han desempeñado un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva en empleo que se inició en 2014 (...) Será importante que cualquier nueva medida se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores", indicaba el Ejecutivo comunitario.

Un momento delicado

La promesa de derogar esta reforma, que horas después de conocerse el pacto fue matizada por el propio PSOE y al día siguiente reafirmada por el vicepresidente Pablo Iglesias, puede poner contra las cuerdas al Gobierno en el contexto de la Unión Europea, en un momento en el que debe dar lo mejor de sí mismo para convencer a sus socios comunitarios.

La Comisión Europea se encuentra estos días estudiando su plan para el fondo de reconstrucción europeo, que presentará, previsiblemente, la próxima semana, y para el que han sentado ya las bases Alemania y Francia con un acuerdo conocido hace tan solo unos días.

En él, el eje francoalemán propone dotar a los Estados de hasta 500.000 millones de euros a través de subvenciones sin reembolsos, nada de créditos, pero arrancando el compromiso a los países de "implantar políticas económicas sólidas y una agenda de reformas ambiciosa”.

En ese esquema contrasta la idea de dar marcha atrás en las reformas estructurales que se impusieron en España tras la crisis financiera. Entre ellas, la reforma laboral de 2012, una normativa que tanto PSOE como Unidas Podemos han prometido eliminar o, al menos, matizar, algo que formaba parte del pacto de Gobierno.

Aunque por el momento el fondo de reconstrucción europeo se encuentra en pañales y no comenzará a debatirse hasta que la Comisión Europea ponga un plan concreto sobre la mesa, tomando como referencia el acuerdo de Alemania y Francia se da por hecho que irá acompañado de una condicionalidad para los países que accedan a los fondos, de la que lo único que se sabe es que no vendrá por parte de la troika. En este punto tan delicado, revertir las reformas no sería la mejor carta de presentación para España.

Lamento de los empresarios

Así lo creen los empresarios. La CEOE, que el jueves mostró su rotundo cabreo por el pacto con Bildu hasta el punto de suspender la negociación con el Gobierno en un momento en el que su colaboración es clave para la desescalada, lamentaba que el Ejecutivo desoía así las recomendaciones de la Comisión Europea, que esta misma semana planteaba "la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los interlocutores sociales, tales como la flexibilización de las condiciones laborales".

"Desde las instituciones comunitarias sería considerada un tremendo paso atrás y pondría en serio riesgo el imprescindible apoyo que en estos momentos necesita nuestro país por parte de Europa", denunciaba, por su parte, el Instituto de la Empresa Familiar.

El pacto, con todo el embrollo político que trajo después, hizo plantarse también a quien debe dar la cara por España en los foros comunitarios, Nadia Calviño. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital dejó claro lo "absurdo y contraproducente" de plantear en estos momentos el debate de la derogación de la reforma laboral, así como la inseguridad jurídica que plantea. Lo hizo con un duro mensaje dirigido a sus compañeros de gabinete: "Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas y no para crearlos".