Economía

Iglesias dice que con el Ingreso Mínimo habrá más igualdad, seguridad y libertad

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ofrece una rueda de prensa junto a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación que garantiza una renta mínima para los hogares más vulnerables y cuyos ingresos son inferiores a unos estándares fijados. El objetivo es llegar a unos 850.000 hogares en España, de los cuales unos 100.000 -los que ya percibían la prestación por hijos a cargo- la recibirán de oficio. Su papel es el de reducir la pobreza extrema de forma estructural.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha afirmado que «hoy nace un nuevo derecho social» en España y ha apuntado que «la situación sobrevenida nos ha obligado a acelerar este compromiso de la legislatura». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Iglesias ha explicado que se trata de una medida «estructural».

El vicepresidente ha asegurado que el nuevo derecho contribuirá a aumentar «la igualdad, la seguridad y la libertad» en nuestro país. Para Iglesias, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital supone «tomarse en serio de verdad el mandato constitucional».

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado el «tremendo impacto» que tendrá esta prestación para reducir la pobreza. «Esta prestación va a marcar un antes y un después en cómo se hacen las políticas públicas en España», ha destacado.

Ambos ministros han subrayado la importancia del cruce de datos entre las distintas administraciones y han hecho hincapié en la «simplificación» del proceso de solicitud.

Será una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30% son menores.

Iglesias ha explicado que la inclusión de las rentas salariales permite evitar la llamada «trampa de la pobreza», situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social. De hecho, las personas que estén sin trabajo deberán estar de alta como demandantes de empleo, salvo excepciones.

Además de analizar las rentas, también se tendrá en cuenta el patrimonio. El objetivo es que el beneficiario no supere un determinado umbral, una vez descontadas las deudas y la vivienda habitual.

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