Antes de que acabe el año, el Ministerio de Trabajo actualizará los importes de las sanciones vinculadas a la Ley sobre infracciones en el Orden Social. Así consta en el Plan Normativo aprobado recientemente por el Gobierno y que incluye todos los deberes pendientes en materia legislativa del Ejecutivo.

Según recoge el documento, el objetivo del departamento que dirige Yolanda Díaz es el de actualizar el importe de las sanciones teniendo en cuenta la variación de los Índices de Precios al Consumo (IPC). Estas multas no se actualizan desde 2007, por lo que hay una variación del IPC de un 18%, y en algunos casos, desde 2012. En estas últimas, habría una variación del 2,3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los importes que Trabajo actualizarán están los que recoge el artículo 40.1 de la ley, relacionados con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Son infracciones “en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social […] en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto las que se refieran a materias de prevención de riesgos laborales”.

Dentro de esta clasificación existen tres grados: leves con un grado mínimo de entre 60 a 125 euros y un grado máximo de entre 311 y 625 euros; graves con multas que varían según el grado entre los 626 euros y los 6.250 euros y las muy graves, que pueden conllevar multas de entre 6.251 y los 187.515 euros.

Precisamente en estas últimas, en las muy graves, es donde se enmarcan las sanciones por cometer fraude en los ERTE. De actualizarse los importes teniendo en cuenta la variación del IPC las multas oscilarían entre los 7.376 y los 221.267 euros. Además, las empresas que falseen documentos o que no aporten toda la información relativa a sus empleados en un ERTE, también deberán devolver las cuotas de la Seguridad Social de las que se hayan exonerado por haber estado acogidas a un expediente de este tipo, así como las prestaciones que hayan cobrado indebidamente los trabajadores.

Revisar los ERTE

Desde el primer momento, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que se iban a revisar todos los expedientes de regulación temporal de empleo. Con todo, el secretario de estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, explicó que el fraude en los ERTE “se mueve en parámetros seguramente anecdóticos” y subrayó que su uso estaba siendo “correcto”.

En julio, el Ministerio puso en marcha una campaña una campaña para incidir “en la protección y uso responsable de los recursos públicos” en relación con los ERTE. El objetivo era detectar fraudes en prestaciones por desempleo o la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado mientras se mantenía a otros trabajadores en suspensión de empleo.

Según los últimos datos facilitados por Trabajo, Inspección investiga a 28.200 empresas en busca de fraude. Se trata de actuaciones en marcha y que pueden concluir sin sanciones.