Histéresis: la 'enfermedad' económica que amenaza al empleo en España

La crisis del coronavirus ha impactado contra el mercado laboral español de una forma sin precedentes. Durante las primeras semanas del confinamiento se destruyeron 800.000 puestos de trabajo y los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) superaron los 4 millones de personas. Ahora que la situación ha ido mejorando, a medida que lo ha hecho la reactivación económica, llega la advertencia de la Comisión Europea: “la crisis del Covid-19 podría dejar cicatrices más profundas y de larga duración. Estas incluyen efectos de la histéresis donde menos empleados puedan volver a sus puestos de trabajo”.

En Economía, la histéresis es un efecto que se produce sobre el mercado de trabajo en el que el paro sigue siendo muy alto cuando aquello que ha producido su crecimiento ha dejado de existir. Es decir, que el paro que ha causado el coronavirus tiene el riesgo de permanecer cuando una vacuna o tratamiento alivie los contagios del virus. La pandemia curará, pero sus efectos en el mercado de trabajo permanecerán.

Según las previsiones macroeconómicas publicadas este jueves, Bruselas cree que el paro en 2022 será del 17,3%, mientras que para este año pronostica una tasa del 16,7%. Cabe destacar que la Comisión Europea no ha incorporado los datos del tercer trimestre a sus previsiones y tampoco se ha incluido el efecto del fondo de recuperación europeo, pero es reseñable que la tasa de paro pronosticada para 2022 sea más alta que la esperada para este año.

Cuando la economía empiece a crecer -según las previsiones europeas en 2021 y en 2022-, el paro no descenderá a niveles previos a la crisis. 

ERTE

Una de las razones que explican este fenómeno es la contención del paro que están garantizando ahora mismo los expedientes de regulación temporal de empleo. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 600.000 personas siguen afectadas por un expediente de este tipo. El acuerdo que garantiza las prestaciones para los trabajadores y las exenciones de las cotizaciones para las empresas tiene vigencia hasta enero del próximo año.

El Gobierno sigue insistiendo en que se “protegerá” a trabajadores y empresas que lo necesiten, pero las pequeñas y medianas empresas (pymes), mayoritarias en nuestro país, piden que se les permita reestructurar sus plantillas después de acudir al ERTE. Actualmente, las empresas que se hayan acogido a un expediente temporal, deben mantener la totalidad de la plantilla durante seis meses, a no ser que estén en riesgo de concurso de acreedores. De lo contrario, deberían devolver las exenciones de las que se han beneficiado y las prestaciones recibidas por los trabajadores.

“Muchos trabajadores y empresas siguen confiando en los esquemas de mantenimiento de empleo. Una vez esos esquemas se retiren, muchos puestos de trabajo entrarán en riesgo si la recuperación económica no es firme”, apunta la Comisión. Esta advertencia no es nueva, varios economistas han señalado que una bolsa de los empleados que actualmente están en ERTE no recuperarán su trabajo.

En este sentido, una vez España se libre de la pandemia sanitaria, seguirá teniendo una enfermedad ‘económica’, ya que el paro seguirá siendo muy alto. De hecho, en comparación con los países de la Unión Europea, dentro de dos años, la tasa de desempleo española será la segunda más alta sólo por detrás de Grecia.

Recuperación parcial

La Comisión Europea reconoce que tras los primeros confinamientos la actividad económica empezó a recuperarse. Sin embargo, comparan el ritmo de los contratos firmados en Francia con los registrados en España. “Mientras que las nuevas contrataciones han regresado al nivel precrisis en Francia, sólo han vuelto a la mitad de los niveles precrisis en España”, apunta el informe publicado este jueves.

No es sólo que en España no se haya recuperado el nivel de contratación, sino que los últimos datos de empleo conocidos esta semana reflejan que las altas en la Seguridad Social las ha impulsado el sector educativo y la administración pública. Además, menos de un 10% de los contratos firmados en octubre fueron indefinidos, por lo que la temporalidad sigue siendo una característica de nuestro mercado laboral.

La Comisión valora las medidas puestas en marcha por el Gobierno y valora positivamente la liquidez garantizada a las empresas con avales públicos, sin embargo, lanza una última advertencia: “una rentabilidad debilitada puede llevar a la materialización de insolvencias corporativas y riesgos a la baja para la capacidad productiva y el empleo”.