Economía

La moratoria concursal alarga la insolvencia de más de 2.000 empresas hasta su desaparición

La extensión del plazo que aprobó el Gobierno vence el próximo 14 de marzo

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en su última comparecencia en el Congreso.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en su última comparecencia en el Congreso. O.CAÑAS.POOL / Europa Press

Con motivo de la crisis del coronavirus, el Gobierno aprobó una moratoria concursal hasta el 31 de diciembre del pasado año, que posteriormente se alargó hasta el 14 de marzo. Una extensión en el plazo del que legalmente disponen las empresas antes de declararse en concurso, que según la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) es una “trampa mortal” para empresas viables.

Hasta la puesta en marcha de ambas moratorias, las empresas contaban con un plazo de dos meses para declararse en concurso. Con la extensión de plazos, los profesionales creen que muchas empresas podrían esperar hasta el último momento y declarar el concurso en un momento en que la empresa ya no puede salvarse.

De hecho, según las cifras que maneja el sector, ésta podría ser la situación de 2.000 empresas. El último barómetro realizado por el Consejo General de colegios de Gestores Administrativos, publicado en noviembre antes de la última extensión del plazo, cifraba en 6.500 los concursos que se declararían en 2020. Sin embargo, según los datos del Colegio de Registradores, el número de procesos fue de 3.478 el pasado año.

Por su parte, la consultora D&B los cifra en 4.376 concursos. En ambos casos se ha producido un descenso en comparación con 2019, que fuentes del sector justifican por el número de empresas que se ha acogido a la moratoria. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre procedimientos concursales se conocerán esta semana.

La cifra de concursos (en marzo) puede ser muy importante”

diego comendador, presidente de aspac

Si no se produce una nueva moratoria o se abre la puerta a otras posibilidades, marzo puede ser un mes negro para las empresas y la fecha en la que muchas declaren su quiebra. El presidente de ASPAC, Diego Comendador, cree que después de la moratoria, “la cifra de concursos puede ser muy importante” porque en los meses que se ha alargado el plazo de las empresas, “los problemas han seguido creciendo”.

Reestructuración y segunda oportunidad

Según publicó El País, la vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital liderada por Nadia Calviño ya está estudiando nuevas medidas que sirvan de apoyo a las empresas y que vayan más allá de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En esta línea, el departamento de Calviño está acelerando la transposición de una directiva europea que insta a la creación de marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas y a la agilización de los procesos de insolvencia. Se trata de medidas que también ha sugerido el Banco de España en el último año y que, a juicio del supervisor bancario, deberían aplicarse a las empresas viables.

Según los datos de la Central de Balances del Banco de España, a falta de conocer las cifras a cierre de 2020, hasta un 10% de las empresas españolas podrían haber cerrado el año en una situación de inviabilidad, es decir, estarían abocadas a la liquidación.

Reforma de la ley concursal

Los ERTE y los créditos del ICO, así como la moratoria concursal, han servido de salvavidas a miles de empresas en España. Sin embargo, estas medidas no tienen un carácter permanente y el Gobierno es consciente de ello. Por este motivo, trabaja en una reforma de la ley concursal que podría incorporar los aspectos citados anteriormente.

El objetivo es dar otras opciones a las empresas para salvar a aquellas que sean viables una vez hayan pasado los peores meses de la crisis originada por la pandemia. Desde ASPAC insisten en que ni Economía ni Justicia les está haciendo partícipes de la elaboración de esta normativa, pese a ser actores protagonistas de la misma.

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