El sector de las telecomunicaciones y el Gobierno han logrado un acuerdo este viernes para la extensión del 5G, dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que tiene previsto invertir 4.000 millones de euros hasta 2023 para impulsar la conectividad, el despliegue del 5G y la ciberseguridad. 

Este encuentro se ha producido entre las principales empresas de telecomunicaciones, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, una vez que el sector no compartiera varios puntos del pliego de extensión del 5G en España.

Así, el Ejecutivo ha ofrecido a las compañías operadoras exenciones fiscales para desplegar las nuevas tecnologías en nuestro país. La nueva hoja de ruta revisará la aportación que realizan los operadores de telecomunicaciones RTVE.

Cabe recordar que las operadoras de telecomunicaciones de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma deberán efectuar una aportación anual, calculada sobre los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, excluidos los obtenidos en el mercado de referencia al por mayor, con la finalidad de contribuir a la financiación de la Corporación RTVE en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso condicional de la Corporación RTVE.

Obligaciones mayoristas

Por otra parte, el Gobierno se compromete a suprimir las obligaciones mayoristas que se habían considerado inicialmente en determinados bloques de frecuencias y precisa el contenido de la obligación y ajusta los plazos para su cumplimiento de las obligaciones de cobertura impuestas a cada uno de los bloques.  

Es decir, según el acuerdo que han firmado telecos y Gobierno, las compañías que adquieran los paquetes de las frecuencias de 700MHz no tendrán la obligación de revenderlas, tal y como hasta ahora se obligaba. 

Otro de los puntos en los que el sector de las telecomunicaciones no coincidía con el Gobierno era el precio de salida. En este sentido, el Ejecutivo “está terminando de evaluar la cuantía exacta de los precios de salida de la subasta”.

También se está trabajando de cara a reducir temporalmente la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico en las frecuencias armonizadas por la Unión Europea para ser utilizadas en los servicios 5G.