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El Gobierno sopesa eliminar impuestos para rebajar el precio de la luz excepto el IVA

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE

El Gobierno maniobra para relajar los precios de la electricidad. Tras dos jornadas de máximos históricos, el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja para volver a suspender algunos impuestos, como hizo en 2018, cuando ante una escalada de precios, suspendió durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7 % y desactivó el «céntimo verde» para los combustibles destinados a generación eléctrica.

La titular de la cartera ha recalcado este miércoles que el Gobierno trabaja en una «reforma seria de la fiscalidad energética» en la que el Gobierno ya trabaja, «no es descartable que ante una situación tensa, como la actual, haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento».

Así, el Gobierno avanza que se trabaja en que se elimine «alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional» para facilitar a los consumidores hacer frente a una factura que ha engordado por la emisión de los gases a la atmósfera y por la crisis en el gas que se vive desde que se iniciara este año.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, hasta ahora, no ha sido partidario de rebajar impuestos ya que repercutiría notablemente en las arcas del estado. A diferencia de otros países España tiene un IVA del 21%, el más caro de la Unión Europea. En este sentido, fuentes gubernamentales han mantenido hasta este miércoles que la rebaja de este gravamen no está dentro de los planes para reducir el recibo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidió al Gobierno que debería producirse una «reforma fiscal» para aliviar la factura de la luz, que se encuentra en precios históricos.

Cabe recordar que el precio de la energía tiene un peso cercano en la factura a entorno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y algo más del 21% a los impuestos.

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