El acuerdo parece cerca. También lo parecía en ocasiones anteriores. Los pactos y negociaciones par la aprobación de los presupuestos y de la reforma laboral lo incluyeron en la mesa. El compromiso se remonta a mayo de 2020 y en él se estipulaba que para octubre de ese año Euskadi contaría ya con la competencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en sus manos. Casi año y medio después la Administración vasca sigue esperando. El ministerio de Escrivá ha ido aplazando la transferencia de la competencia que hoy podría sellarse de forma definitiva en la ponencia técnica que reunirá a técnicos de ambas administraciones.
Hasta ahora Euskadi asume la gestión del IMV como una encomienda de gestión del Estado. Sin embargo, el compromiso adquirido entre la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, establecía que el País Vasco asumiría de modo integral esta competencia. El IMV supone una ayuda para personas sin ingresos, al igual que lo es la Renta de Garantía de Ingresos vasca, la más antigua del Estado, y que en muchos casos se solapa con el IMV.
En estos meses las negociaciones entre la Administración central y la vasca por esta cuestión ha registrado tiras y aflojas como pocas otras antes. El malestar por la demora en su transferencia fue tema de negociación en los presupuestos, donde se reafirmó el compromiso, y en la negociación por la aprobación de la reforma laboral. En este último caso, fue la propia ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la que visitó en persona al lehendakari para entregarle el último borrador, el que hoy se pulirá.
"Limar" flecos
Un documento con el que se quiso poner fin al enésimo incendio del fallido traspaso del IMV a Euskadi. En el texto anterior la Seguridad Social había incluido el foco de enfado más grave de todos los acumulados: la cesión temporal de la transferencia. Finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez recondujo la cuestión incluyendo la transferencia permanente del IMV para que sea la administración vasca la que la gestione de modo permanente y sea si financiación acordada vía compensación del Cupo.
Es precisamente la cuestión de la financiación una de las que aún debe pulirse antes de que pueda convocarse la Comisión Mixta de Transferencias en la que se rubrique la asunción de la competencia por parte del País Vasco. La consejera de Gobernanza del Gobierno vasco, Olatz Garamendi reconoció la semana pasada que la llegada de la competencia está hoy "más cerca" pero aún restaban cuestiones por "limar" para poder dar por buena la cesión. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha insistido en que no aceptará "mercancía averiada", en referencia a una transferencia incompleta o limitada.
La aprobación del IMV por parte del Gobierno español ha provocado que en muchos casos se produzcan situaciones de duplicidad entre los perceptores de la RGI vasca. El derecho a esta percepción social es único, ya que ambas ayudas se conciben como complementarias. En los primeros meses se han producido situaciones como el pago de atrasos a algunos perceptores y que posteriormente se les ha reclamado devolver. En esta situación se han encontrado más de medio millar de beneficiarios.
Ventanilla única, ayuda única
La tramitación de ambas ayudas se realiza en una ventanilla única, la del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Las particularidades de una y otra ayuda hace que inicialmente muchos destinatarios solicitaran la ayuda en la Seguridad Social y no en Lanbide, lo que ha obligado a ajustar los procesos. La RGI se concibe ahora como un complemento que mejora el IMV en los casos en los que se cumplan determinados requisitos. De este modo, 11.400 vascos perciben simultáneamente ambas ayudas. La RGI es en la mayoría de los casos un complemento del IMV que llega a mejorar la ayuda ligeramente.
Los importes equivalentes al IMV deben ahora ser compensados y asumidos por la Administración del Estado, como en el resto del país. Esa compensación y su cálculo debe ser bien definido antes de proceder a la transferencia de la competencia. De él dependerá la compensación del importe del Cupo que Euskadi paga al Estado anualmente.
Actualmente en Euskadi hay cerca de 53.000 perceptores de la RGI. Un modelo de ayuda social implantado hace más de tres décadas, durante la crisis industrial por la que atravesó la economía vasca. Esta ayuda está encaminada no sólo a las personas que se encuentran en edad laboralmente activa sino también a perceptores de pensiones bajas.
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