El Consejo de Ministros aprobó este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley que impulsará los planes de pensiones de empresa -o, formalmente, de empleo-. Los ministros ya aprobaron la norma en primera vuelta en noviembre, pero vuelven a hacerlo tras atravesar esta un trámite de audiencia pública y recibir aportaciones de los agentes sociales. Ahora, el Congreso de los Diputados deberá darle su visto bueno antes de que termine junio, porque así se ha prometido a la Comisión Europea a cambio de fondos. Pese a ello, el Ejecutivo no se atreve a apuntar cuándo estarán en funcionamiento estos planes de pensiones, ni cuándo comenzará el proceso de licitación gestoras.

El objetivo del Gobierno está muy claro: conseguir que los planes de pensiones de empresa se generalicen, algo que pretende conseguir implicándose directamente. Ahora solo los utiliza el 10% de la población, mientras que en el País Vasco este porcentaje sube hasta el 50% y en Alemania, al 60%. El Ejecutivo no se ha fijado ahora mismo un objetivo numérico concreto, según aseguran fuentes del Ministerio de Seguridad Social, pero en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas se recoge que deberían llegar al 50% de la población activa en 10 años.

Pero el quid de la cuestión es cómo conseguirlo. Los incentivos para trabajadores y empresas que introduce la ley parecen suficientes para el Gobierno, mientras que los sindicatos, los empresarios y las gestoras arquean una ceja. Entre las ventajas están los incentivos fiscales para los trabajadores, ya que se ha aumentado el límite para la deducción en base imponible de estos planes de empleo hasta los 10.000 euros. Del lado de las empresas, ahora estas podrán deducirse pate de las cuotas que pagan a la Seguridad Social, hasta un máximo de 115 mensuales de lo que aporten a estos planes.

Además, se establecerá un límite a las comisiones que podrán llevarse las gestoras de los planes de empleo, que se fijará en el reglamento en el 0,3% -las actuales están limitadas legalmente entre el 1,05% y el 1,7%, muy por encima- de manera que resulte más atractivo adscribirse a ellos. Con esta serie de herramientas, el Gobierno pretende también que los planes de empresa lleguen a los autónomos, a los empleados públicos y a los trabajadores de las pymes, así como a los empleados de rentas medias y bajas, los que hasta ahora menos se han beneficiado de las pensiones complementarias, ya fuese con planes de pensiones individuales o con planes de empresa.

En este contexto, otro incentivo que no aparece en la ley pero que el Gobierno asume que contribuirá en gran medida a la extensión de este complemento de la pensión, es la recuperación del mercado de trabajo. Desde Seguridad Social insisten en que la reforma laboral, recién aprobada, va a tener un "impacto muy beneficioso calidad del empleo del país" y que esa mejora en el mercado de trabajo y en la calidad del empleo permitirá que los planes de empleo se concreten a través de la negociación colectiva.

Así, la población trabajadora tendrá los planes de pensiones entre sus condiciones de trabajo, como un mecanismo de ahorro finalista que le va a permitir al final de su vida tener una mayor pensión. En ese sentido, insisten en que no hay que temer por la pensión pública, razón por la que el Estado es el impulsor de los planes de empresa, buscando eliminar ese "recelo".

Volviendo a la reforma laboral, en el Ministerio insisten en que este avance en la legislación junto a la recuperación económica que está experimentando el país, en concreto, en el mercado trabajo va a traducirse en "mayor estabilidad y empleo" y va a llevar a que el contenido de la negociación colectiva "madure" de manera "natural". "Confluyen distintos elementos que hacen que razonablemente pueda pensarse que va a haber un cambio en este sistema", han apuntado.

Que se produzca este cambio es imprescindible para que los planes de empresa calen finalmente entre los trabajadores españoles, como busca el Gobierno. Es así puesto que será la negociación colectiva la que permitirá que este instrumento llegue a los empleados de las empresas de cada sector. Después, las empresas decidirán si promueven estos planes con sus empleados. Desde el Ministerio han apuntado, en ese sentido, que la aprobación de la ley en el Congreso no implicará que los trabajadores cuenten con un plan de pensiones de empresa.