El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del PP y Vox sobre la atribución a Euskadi y Navarra de las competencias en el ingreso mínimo vital. Según informa en un comunicado el tribunal de garantías, los magistrados han acordado la admisión a trámite de los dos recursos, cuya ponencia ha recaído en Cándido Conde Pumpido y Antonio Narváez.

Se trata de recursos similares que fueron presentados el pasado mes contra la disposición adicional quinta de la ley del Ingreso Mínimo Vital y contra la disposición final trigésima de la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En el primer caso, la normativa contempla que dichos territorios asuman las funciones y servicios atribuidos al Instituto Nacional de Seguridad Social, y prevé que, mientras no sea así, se firme una encomienda de gestión.

Mientras que la ley de presupuestos concede a estas comunidades autónomas "el pago, en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital".

Según manifestó la formación de Santiago Abascal, ambos puntos "rompen, por primera vez desde la aprobación de la Constitución, el régimen económico de la Seguridad Social", ya que atribuyen de forma "íntegra" al País Vasco y Navarra las competencias en esta materia. 

Descontado del Cupo

El pasado 16 de marzo el Ministerio de Política Territorial oficializó en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias la firma de la cesión del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi. La transferencia de la gestión de esta prestación social ponía así fin a la encomienda de gestión por la cual el País Vasco venía tramitando el pago del IMV.

El Gobierno vasco considera que el acuerdo se adoptó «sin romper nada, incluso en materias tabú como la Seguridad Social». En la lista de compromisos adquiridos y ya en marcha se incluyen el desarrollo de estudios para una futura cesión del régimen económico de la Seguridad Social, en los términos recogidos en el Estatuto de Gernika de 1979. El acuerdo llegó año y medio más tarde de lo previsto tras acumular numerosos retrasos desde que se acordara por primera vez entre el presidente del PNV, Andoni Ortuzar y la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El compromiso inicial fijaba en octubre de 2020 el traspaso que finalmente no se ha hecho oficial hasta esta mañana.

De este modo, el IMV se deberá integrar y coordinar con la prestación social que desde hace más de tres décadas ya brinda Euskadi, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). La tramitación y pago corresponderá hacerla al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Se estima que el coste del IMV rondará en Euskadi los 187 millones de euros. Esta cantidad es la resultante de la financiación del 6,24% que debe asumir la administración vasca del total del coste del IMV a nivel nacional. El importe se descontará del pago anual del Cupo.