Economía

El Gobierno planea alargar hasta fin de año la negociación del nuevo sistema de autónomos

El acuerdo se aleja debido a que las asociaciones tienen posiciones muy alejadas, sostiene el Ejecutivo | Este viernes las tres organizaciones se reunirán con Yolanda Díaz

Foto de Ivan Samkov en Pexels

El Gobierno planea alargar al menos hasta final de año la negociación del nuevo sistema de cotización para los autónomos. Si bien en un primer lugar se había fijado junio como fecha límite para cerrar esta reforma, comprometida con Bruselas y que llevaría a que los trabajadores por cuenta propia paguen cuotas en función de sus ingresos, ahora fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que el diálogo podría continuar mucho más allá de esta fecha.

Seguridad Social lleva reuniéndose con los representantes de tres asociaciones de autónomos desde finales de enero para intentar pactar un sistema de cotización por rendimientos reales, algo similar al modelo que siguen hoy día los asalariados. Los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme (en las que la asociación de autónomos ATA está representada) acordaron en julio que era necesario avanzar hacia un esquema de este tipo. Según lo prometido a la Comisión Europea, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) debe aprobarse este año y entrar en vigor en 2023, aunque puede desplegarse de forma progresiva a lo largo de nueve años.

Pero ahora las divergencias entre las diferentes asociaciones están impidiendo llegar a un acuerdo (que no es obligatorio alcanzar), y las reuniones están paralizadas, pero continúan los contactos bilaterales. Aunque desde el Ministerio de Escrivá prefieren no entrar al detalle dónde está el conflicto, es conocido que las posturas de las agrupaciones son muy distintas.

Así, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) -que forma parte de la patronal CEOE- ha tildado la idea de nuevo sistema del Gobierno de «absolutamente injusto y pernicioso» y de «una ruina para los autónomos», mientras que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) -ligada a UGT- y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) -ligada a CCOO- sí lo ven con buenos ojos y consideran necesario un cambio en el modelo actual lo antes posible.

ATA ha rechazado durante meses el planteamiento del Gobierno, insistiendo en que es importante seguir cinco años con el sistema actual, pero con modificaciones que incluyan subidas anuales de la base de cotización del 5%. Sin embargo, finalmente, a mediados de abril presentó una propuesta en la mesa de negociación, que incluía una cuota mínima de entre 205 y 400 euros al mes hasta 2025.

UPTA y Uatae, en cambio, desde el principio de la negociación son partidarias de que las cotizaciones suban para los autónomos con mayores ingresos y que disminuyan para aquellos con menos, buscando un sistema más progresivo, en línea con la idea del Ejecutivo. Creen que el nuevo sistema beneficiará a unas de 2,2 millones de autónomos con ingresos netos que no superan los 1.300 euros mensuales.

Las mayores diferencias están, sobre todo, en cómo calcular esos «ingresos reales» en base a los que se estructurará el nuevo sistema. Como ya explicó este periódico, definir qué serán exactamente esos rendimientos reales o netos a los que hará referencia está siendo un gran obstáculo. ¿Podrá descontarse el alquiler? ¿La electricidad? ¿Y la misma cuota, se considerará un gasto, o no? Con el nuevo método, los autónomos pagarán una tarifa u otra en base a sus rendimientos, pero este no es un concepto que se haya utilizado hasta ahora para el colectivo. Tanto el Gobierno como las asociaciones de autónomos entienden rendimientos netos como los ingresos del autónomo menos los gastos necesarios para realizar su actividad. Pero, ¿qué gastos?

En ATA consideran la idea «inviable» porque creen que según su actividad los autónomos podrán desgravarse unos gastos o no, y que será discriminatorio. Además, creen que los datos utilizados por el Ministerio para calcular los tramos no son fiables y no se corresponden con la capacidad económica real del colectivo. Su presidente, Lorenzo Amor, ha insistido en que el error del Gobierno parte de «confundir a un autónomo con un asalariado, intentar que un autónomo cotice como un asalariado, cuando un autónomo nunca va a tener los mismos derechos que un asalariado».

Pero precisamente esta es la idea que persigue el Gobierno. Actualmente, los autónomos pueden elegir si pagan más o menos, pero siempre a partir de los 294 euros. Y, según datos de Seguridad Social, el 85% de ellos escogen pagar lo mínimo, lo que conduce a que tengan una peores prestaciones. Entre otras, peor pensión: actualmente, las pensiones de los autónomos son 500 euros al mes inferiores a las de los asalariado, de media.

Para corregirlo, en su última propuesta a las asociaciones Seguridad Social proponía situar el primer tramo, el más bajo, de rendimientos netos en 700 euros, para el que planteaba una cuota de 204 euros al mes (90 euros mensuales menos que actualmente), y una sucesión de otros tramos que culminaría en un último para aquellos autónomos que tengan rendimientos de 3.620 euros en adelante, con una cuota de 1.123 euros.

En este sentido, desde el Ministerio valoran la posibilidad de comunicar a Bruselas antes de junio un marco muy general de lo acordado, que podría ser, simplemente, la manera en que se van a cruzar los datos para saber cuáles son los ingresos reales de cada autónomo, y después negociar los tramos de los próximos años. De lo que no queda duda es de que el nuevo sistema que se imponga afectará a los 3 millones de autónomos españoles. Este viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunirá con las tres asociaciones para abordar sus reivindicaciones.

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