La lista de marcas de restauración es conocida: 100 Montaditos, The Good Burger, Pepe Taco, Panther Juice & Sandwich Market o La Sureña. Todas pertenecientes al Grupo Restalia cuyo dueño, José María Fernández Capitán y una veintena de responsables de la entidad, además de la propia sociedad y varias de sus filiales, están siendo investigadas por la justicia. El Juzgado de Instrucción 52 de Madrid ha abierto una investigación por un presunto delito de estafa contra una treintena de franquiciados en España. El magistrado David Suárez ha dictado un auto en el que acuerda abrir diligencias previas contra 29 sociedades pertenecientes o vinculadas con Restalia.

Por su parte, Restalia ha asegurado, según informa Europa Press, que está «tranquila», ya que cumple «rigurosamente» la regulación vigente, tal y como han asegurado fuentes de la compañía.

Junto al dueño, en la investigación también están implicados 24 responsables de empresas del grupo entre asesores, directores y administradores, tras una denuncia presentada por el despacho Rafael Franco Abogados por un presunto delito continuado de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos. En el escrito se encuentran representados 31 establecimientos franquiciados que se corresponden con las marcas The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña y Sureña Blue localizados en varias localidades de nueve comunidades autónomas que han sufrido un «perjuicio inicial» que cifra en 19,7 millones de euros.

El escrito considera a los denunciados como parte de una «organización criminal» que, bajo la marca Restalia, que cuenta con una red de 780 establecimientos, actuaron «con engaño suficiente y bastante» hacia los franquiciados, muchos de los cuales se vieron abocados a «la ruina económica», en virtud de un modelo que ya sido perseguido por la Justicia de EEUU por prácticas próximas al fraude.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que «los denunciados ocultaron, de manera deliberada, a los franquiciados la existencia de acuerdos con proveedores que suponía, en definitiva, que la franquicia resultase inviable».

Estudios de viabilidad irreales

Y previamente a la firma de los contratos, continúa, se sumaron «unos estudios de viabilidad irreales con los que consiguieron hacerles creer que sus franquicias darían unos beneficios que, en realidad, nunca podrían alcanzar, extremo que ciertamente, los denunciados conocen» y que explica que «la media de cierres de franquicias en el grupo Restalia es de unos cien anuales».

Su modus operandi arrancaba con «la captación indiscriminada de nuevos franquiciados», a los que «se les ofrecía una información precontractual engañosa y con ocultación de datos y elementos esenciales de la franquicia». Para ello «se les ofrecía toda una suerte de ventajas y garantías de éxito (alta rentabilidad, pronta recuperación de la inversión inicial, mejores precios de la mercancía) que resultan falsos». Acto seguido, se producía la firma de precontratos y contratos de desarrollo con entrega de cantidades notables a fin de precipitar la firma del contrato de la franquicia.

Después, la firma del contrato que «imponía un modelo de negocio inviable con toda suerte de sobrecostes» (mobiliario o maquinaria) que les fueron ocultados al tiempo de la firma del contrato. Y, también, con «la fijación unilateral de precios por la organización criminal» en la compra de mercancías y servicios del franquiciado así como en «los precios inamovibles de venta al público» a bajo coste, que implican una enorme rotación de la mercancía, que es una de las principales entradas de dinero al grupo pero un sobrecoste al franquiciado que, encima, se ve «atrapado» porque estos precios vienen impuestos por los denunciados.

Igualmente, el entramado criminal imponía «la obligación de abastecimiento en exclusiva de mercancías de proveedores homologados» pero sin tener contacto directo con ellos, ya que para tal fin había dos sociedades (Havi y Logirest) que habían hecho un «cierre de filas» con el grupo Restalia. Por ejemplo en un audio, dos asesores de Restalia reconocen al dueño de una franquicia que no podían defender al grupo porque admiten que podía encontrar carne más barata en el mercado.

Coacciones «graves» a franquiciados

Y en otro audio, un dueño pregunta a un asesor de Restalia: «Pero si yo lo estoy demostrando que puedo comprar más barato y darle viabilidad a mi empresa y que no tenga que cerrar, ¿tampoco me van a dejar?» a lo que le responden: «si no es el producto homologado…».

A ello se sumaban las «coacciones graves» hacia los franquiciados mediante cortes de suministros de mercancía y del programa informático además de coacciones a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Franquiciados de Restalia.

Pero también en plena ejecución del negocio, «son múltiples las quejas de los franquiciados por las graves deficiencias de las obras o las inmediatas averías de la maquinaria que conllevan serios problemas para mantener el local abierto al público» y que «agravan la situación de precariedad de los franquiciados».

La versión de Restalia

Restalia ha asegurado que está «tranquila», ya que cumple «rigurosamente» la regulación vigente. Según fuentes de la compañía, hasta el momento el grupo de restauración no tiene constancia alguna ni ha recibido ninguna denuncia ni citación sobre este asunto. «Por supuesto, respetamos el procedimiento judicial y colaboraremos con todo lo necesario y cualquier requerimiento, como siempre hemos hecho», han asegurado.

De esta forma, han recordado que en sus 22 años de historia la compañía no se ha enfrentado a procedimientos penales y que «cumple, rigurosamente» con la regulación vigente.

El grupo de restauración ha mostrado su «absoluta tranquilidad» por haber actuado de manera «transparente» y «acorde a los contratos y acuerdos» con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones.

Restalia ha destacado que «siempre se ha posicionado al lado de sus franquiciados», con medidas como la activación de un «extraordinario y amplio» paquete privado de ayudas, valorado en más de siete millones de euros que incluye, entre otras acciones, un plan de contención de precios en materias primas ante las oscilaciones inflacionistas en el mercado.