Díaz, Rodríguez y Ribera, tras el Consejo de Ministros.
Después de un movido lunes en el que Yolanda Díaz propuso poner un tope a 20 o 30 productos básicos de alimentación y Luis Planas respondió que la idea no es "posible" desde el punto de vista legal y tampoco "deseable", la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha insinuado hoy contar con el visto bueno de Pedro Sánchez.
"El presidente está volcado en atajar el principal problema del país, que es la inflación. Estamos tomando cuantas medidas sean menester para mejorar la vida de la gente, y estamos estudiando medidas que son legales y se han desplegado en Francia con el presidente Sarkozy y además han tenido efectos positivos", ha asegurado Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Preguntada directamente por si la iniciativa fue consensuada en el seno del Gobierno antes de hacerse pública, Díaz ha evitado responder, y se ha limitado a afirmar que el Ejecutivo está analizando la medida. "Estamos hablando de un acuerdo, por tanto el Gobierno las está estudiando", ha recalcado. "El presidente del Gobierno está volcado en hacer justamente lo que estamos haciendo, que es mejorar la vida de la gente y mejorar los precios", ha repetido.
Yolanda Díaz anunció en una entrevista con el periódico elDiario.es su intención de establecer precios máximos para determinados alimentos en los supermercados. "Quiero un acuerdo con las distribuidoras para topar los precios de alimentos básicos como el pan, la leche o los huevos", aseguró. El plan se apoyaría en la idea de que las empresas están aumentando los precios por encima de lo que están encareciéndose sus costes, como vienen manteniendo también UGT y CCOO.
"Alguien aquí se está enriqueciendo por el camino y está utilizando la guerra. Esto está pasando y hace imposible la vida de la gente. En este sentido, estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores en nuestro país. Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. 20 o 30 productos que son básicos: la leche, el pan, los huevos, la fruta…", relató.
Unas horas después, el ministro de Agricultura, Luis Planas, rechazó la medida asegurando que desde el punto de vista legal «no es posible» y además «tampoco es deseable». También afirmó, en declaraciones a Europa Press, que la intervención de precios es una «medida excepcional» que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es.
"No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena", afirmó. Yolanda Díaz opina muy diferente, ya que en sus declaraciones de hoy en rueda de prensa ha recalcado en dos ocasiones que la medida es "legal".
El Gobierno no lo niega
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado responder en rueda de prensa a si hay consenso interno con respecto al tope de los precios de los alimentos. "Yo creo que es muy importante que todos hagamos una pedagogía para dar tranquilidad a las familias", ha dicho la también ministra, "trasladar a las familias que sea cual sea la adversidad van a contar con el respaldo del Gobierno".
Después, Rodríguez ha puesto como ejemplo las rebajas a los abonos de transporte, que se pueden conseguir desde esta semana, como una medida entre otras que amortigua el aumento del coste de la vida para las familias. También ha insistido en la voluntad del Gobierno de hacer más fácil un otoño que se antoja duro por las restricciones energéticas.
Paro para las empleadas de hogar
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la equiparación de los derechos de las empleadas de hogar con los de los trabajadores del régimen general. Hasta ahora, no tenían derecho a cobrar una prestación por desempleo (ni podían cotizar para conseguirla, aunque quisiesen), entre otros aspectos que la justicia ahora considera discriminatorios.
Con los nuevos cambios, estas trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres e inmigrantes, tendrán derecho a cobrar el paro si son despedidas. Asimismo, el Fondo de Garantía Social se hará cargo de las prestaciones si el empleador se declara insolvente, y también se restringe el desestimiento, que permitía a los empleadores despedir a las empleadas de hogar de forma unilateral, sin alegar causa.
Además, se introduce una bonificación del 80% para que al menos temporalmente las familias no tengan que asumir todo el coste de los cambios. En resumen, consiguen una protección laboral como la que disfrutan el resto de trabajadores, todo después de que una empleada lograse una sentencia europea a su favor.
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