Economía

La banca tendrá que asegurar un punto de acceso financiero en los municipios de más de 500 habitantes en 6 meses

Imagen de la firma de protocolo sobre la inclusión financiera

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, se ha reunido este viernes con la Asociación Española de Banca, la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Española de Cooperativas de Crédito (Unacc) para abordar el tema de la inclusión financiera. Uno de los compromisos a los que han llegado es que la banca tendrá que asegurar un punto de acceso financiero en los municipios de 500 habitantes en seis meses.

De esta manera, se dará solución a un total de 243 municipios, en los que habita el 0,45% de la población, unas 211.000 personas, ya que se dispondrá de al menos un punto de acceso a través de las modalidades de oficina bancaria, cajero automático, oficinas móviles y/o agentes financieros.

El desarrollo de este compromiso se apoyará también en la colaboración público-privada, que podrá llevarse a cabo, entre otras modalidades, a través de la cesión de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias, y de las conexiones a infraestructuras tecnológicas oportunas.

Las entidades asociadas dispondrán de un plazo de seis meses, ampliables en otros seis más, para garantizar la puesta en marcha de al menos uno de los puntos de acceso, mediante actuaciones individuales, tanto directamente como mediante su participación en licitaciones realizadas por las administraciones públicas interesadas.

En aquellos municipios que transcurridos los seis meses fijados no cuenten con un punto de acceso, el sector se compromete en el plazo adicional de seis meses, a través de una iniciativa conjunta, a la instalación de un cajero genérico, gestionado por un operador específico, con las funcionalidades necesarias para la prestación de servicios bancarios básicos y que permita la retirada de efectivo. Esta iniciativa se completará con el desarrollo de acciones formativas dirigidas a facilitar el uso del nuevo servicio.

Para aquellos municipios de menos de 500 habitantes sin punto de acceso a servicios financieros, un total de 2.987 municipios en los que vive el 0,99% de la población, en torno a 446.000 personas, se garantiza la provisión de servicios bancarios básicos, incluyendo el acceso al efectivo.

Este objetivo superaría incluso a las cifras de 2008, el momento álgido en el número de sucursales y cajeros en España, han destacado tanto Calviño como las patronales bancarias. Además, para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, habrá un experto «independiente» al que la banca le encargará un seguimiento y un informe anual.

La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, ha querido insistir en que es un día para estar orgullosos de los bancos y su función social, al tiempo que ha mostrado su deseo de que «ojalá» otros servicios tuvieran ese mismo nivel de cobertura.

Protección de los clientes vulnerables

Al margen del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el sector financiero, las dos partes han quedado en volver a reunirse para ir buscando soluciones que protejan a las familias más vulnerables de la subida del euríbor y el encarecimiento de las hipotecas.

Calviño ha destacado que desde 2019 hay mecanismos de protección gracias a que resulta más fácil cambiar de una hipoteca variable a una a tipo fijo, pero también otras iniciativas como carencias, refinanciaciones o daciones en pago para evitar desahucios.

Aun así, aboga por buscar nuevas soluciones para las familias que puedan verse en mayores dificultades y ha elogiado la «actitud constructiva» del sector para apoyar en lo que sea necesario, como también para canalizar las ayudas europeas, aunque este no haya sido un tema de los que hoy se han tratado.

Preguntado por este asunto, la presidenta de la AEB ha mostrado la disposición del sector aunque también ha puntualizado que por el momento las entidades no ven un problema y ha recordado que la situación actual es muy distinta a la de 2012, cuando la economía estaba en recesión, los precios de la vivienda caían y las familias estaban altamente endeudadas.

En la misma línea, el director general de CECA, José María Méndez, ha subrayado que la morosidad del crédito hipotecario sigue siendo muy baja porque está en el 2,6%, pero ello no quita para iniciar una «reflexión» pensando en esos colectivos más vulnerables que pueden verse afectado por la normalización de los tipos de interés.

«Nosotros, como sector, iremos actuando para tratar de solventar la situación para los colectivos vulnerables», ha añadido.

La autoridad de defensa del cliente financiero

Sobre la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, Calviño ha explicado que ahora está terminando el proceso de consultas y están a la espera de algunos informes, entre ellos el del Consejo de Estado, para poder llevarlo al Consejo de Ministros «cuanto antes».

«Estamos acelerando al máximo los plazos. No puedo ir más allá de la voluntad de que cuanto antes se apruebe el proyecto de ley»

Luego dependerá del trámite parlamentario, pero la vicepresidenta confía en que sea un proceso «muy ágil» y en la primera parte del próximo año la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero «ya esté creada»

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