Un día después de que el Gobierno diera a conocer los datos macroeconómicos que sustentan el Presupuesto de 2023, el Banco de España hizo público su informe trimestral, en el que rebaja notablemente la previsión de crecimiento del PIB (del 2,1% al 1,4%) y, al mismo tiempo, eleva la previsión de inflación para el año próximo (del 4,1% al 5,6%).

Tanto la vicepresidenta, Nadia Calviño, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reaccionaron a esa enmienda a sus cifras con prudencia, quitándole hierro. «Si metes a tres economistas en una habitación, al final salen cuatro opiniones distintas», bromeó Calviño en una entrevista en Onda Cero.

Sin embargo, el informe no sentó bien en el entorno del presidente Sánchez. Una cosa es lo que diga el servicio de estudios del BBVA (aunque también sea muy prestigioso), y otra lo que diga el Banco de España, piensan en el Gobierno. La cuestión es que la entidad gobernada por Pablo Hernández de Cos no sólo tiene credibilidad técnica, sino también política, al ser un organismo independiente. Cuando el Banco de España dice que la economía crecerá menos de lo que dice el Ministerio de Economía, lo normal es pensar que quien dice la verdad es el Banco de España y eso daña la confianza en el Gobierno.

Aunque no forma parte del Gobierno, el ex ministro Miguel Sebastián, también un acreditado economista, que fue director del servicio de estudios del BBVA, reaccionó el pasado jueves en su cuenta de tuiter con un duro hilo en el que calificaba el informe del Banco de España de «sorprendente, inconsistente, irresponsable y contraproducente para un pacto de rentas». Una opinión que comparten algunos miembros del Gobierno.

Más allá de la diferencia sobre las previsiones, al gobernador le preocupa la sostenibilidad de unas pensiones que subirán el año que viene un 8,5%.

La tensión entre el Gobierno y el Banco de España viene de lejos. Tuvo su punto álgido el pasado mes de mayo, cuando, en su informe anual, la entidad calificó la reforma de las pensiones del Gobierno de «insuficiente para garantizar su sostenibilidad». Hernández de Cos cuestionaba que la subida de las pensiones se ligara al IPC, lo que, en efecto, ha hecho el Gobierno en el Presupuesto de 2023, provocando una subida histórica del 8,5%.

El ministro de Seguridad, José Luis Escrivá, calificó entonces el informe del Banco de España de «poco sofisticado». Unos días después, el 2 de junio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, descalificó a Hernández de Cos por su «profundo desconocimiento» sobre pensiones y mercado de trabajo. Podemos no se anduvo por las ramas y definió al gobernador como «un halcón».

Incluso se llegó a promover por parte del PSOE y Más País un informe, como base para una reforma legislativa, en el que se justificaba el control político de los organismos reguladores como la AIReF, la CNMV, la CNMC y, por supuesto, el Banco de España. Se pretendía nada más y nada menos que el Congreso de los Diputados fijara los fines y objetivos de los organismos reguladores «en función de las necesidades de cada momento». Esa aberración está escondida en un cajón. De momento.

Un miembro del Gobierno, que conoce bien el caserón de la Plaza de Cibeles, afirma que «el Banco de España tiene demasiada relevancia para un poder tan escaso». «Si tienes casi a 200 personas en el Servicio de Estudios, algo tienes que decir para que se hable de ti», señala con ácida ironía.

Pero, a diferencia de otros gobernadores, que se han aislado en su despacho y no han expuesto abiertamente sus planteamientos, Hernández de Cos habla con asiduidad con los ministros del área económica e incluso con los representantes del principal partido de la oposición.

A ellos, tanto a Escrivá como a Calviño, les hizo llegar antes de la aprobación del Presupuesto su preocupación por la sostenibilidad de las pensiones. Lo que, en resumen, proponía era que las más bajas mantuvieran el poder adquisitivo mientras que las más altas sufrieran un ligero recorte. «¿Por qué proteger sólo al 20% de la población, los pensionistas, y no al resto?», se preguntan en el Banco de España.

Aunque a algún ministro la idea no le pareció del todo mal, al final en el Gobierno se ha impuesto el criterio electoral. También en el PP llegaron a aceptar esa idea aunque, finalmente, se desechó por los mismos motivos.

Hernández de Cos tiene su mandato asegurado hasta 2024 (gobernador y subgobernador se eligen por un periodo de seis años), pero no lo va a tener fácil. El Banco de España tiene la obligación de dar su opinión sobre los grandes temas económicos y eso no suele gustar a los gobiernos. Para unos, el gobernador es un tecnócrata sin escrúpulos (estos le llaman en broma Hernández de Coz); para otros, un blando que no se enfrenta con el vigor que debiera al Gobierno (estos le han bautizado como Palomo de Cos).

Ni una cosa, ni la otra. El gobernador va a seguir ejerciendo su función guste o no al Gobierno o a la oposición. Y esa es la garantía de que el Banco de España siga siendo una entidad respetada dentro y fuera del país.