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El Gobierno confía en que el paro de transportistas no provoque el colapso de marzo

Varios camiones durante una marcha lenta.

Varios camiones durante una marcha lenta.. EFE/ Javier Cebollada

«Se va a garantizar la libertad de los trabajadores a ejercer su profesión». Es la consigna que emana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, frente al paro indefinido convocado a partir del próximo lunes por parte de la Plataforma Nacional en Defensa de Transporte por Carretera.

La organización que aglutina sobre todo a autónomos y pymes fue la responsable del colapso en el transporte de mercancías que se vivió durante el pasado mes de marzo y que llegó a dejar estantes vacíos en algunos supermercados y ataques a los transportistas que no secundaban una protesta que se extendió durante 20 días.

«Lo que paso la otra vez no va a volver a pasar», aseveran fuentes del departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez, quien trabaja en coordinación con el Ministerio del Interior para establecer un dispositivo que evite nuevas escenas en un momento especialmente delicado en términos logísticos por la llegada del Black Friday y la campaña de Navidad.

La citada plataforma ha decidido mantener la convocatoria del paro indefinido tras una reunión mantenida este jueves en sede ministerial con miembros de la Dirección General de Transporte Terrestre, de la que no ha salido ningún acuerdo en firme. Las citadas fuentes aseguran que era una reunión a nivel técnico sin ningún espacio para la negociación.

La interlocución del Gobierno con el sector se mantiene, añaden, a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en donde la plataforma que dirige Manuel Hernández no está representada. Desde el Ejecutivo están convencidos de que a diferencia del mes de marzo, la organización convocante no cuenta ahora con el respaldo suficiente para provocar una situación que puso en jaque al comercio y la industria.

En aquella ocasión sí aglutinó el apoyo de muchos profesionales y compañías del sector «en torno a reivindicaciones históricas que nunca habían sido atendidas», argumentan las citadas fuentes. Sin embargo, desde entonces, el Gobierno ha puesto sobre la mesa varias normativas que buscan solucionar problemas que acuciaban al sector desde hace años.

En un comunicado, la patronal Fenadismer relata que «el sector del transporte por carretera no se encuentra en la actualidad en la misma situación crítica que atravesó a principios de año como consecuencia de la brutal escalada de los precios de los combustibles». También dice que «las medidas aprobadas han permitido a los transportistas poder incrementar sus tarifas en estos meses y asimismo disfrutar de bonificaciones y ayudas directas para compensar dicho impacto».

Desde el Ministerio esgrimen que «el sector cuenta con el apoyo firme del Gobierno» y recuerdan que ha recibido ayudas directas por 900 millones de euros (2.500 euros por camión por ejemplo, o 1.000 en el caso de furgonetas) y está siendo especialmente beneficiado por el descuento de 20 céntimos de los carburantes (hasta 4.200 euros por camión cada seis meses de descuento).

En este sentido, desde el Mitma instan a la Plataforma a «recapacitar» para que desconvoque «un paro que no beneficia a nadie, ni dentro ni fuera del sector, y que ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos. De momento, las grandes patronales como CEOE, ATA y Cepyme se han mostrado en contra de los paros, mientras que las sectoriales como Fenadismer también se han desmarcado de las protestas.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que desde el Ejecutivo seguirán «muy de cerca» el paro convocado para «evitar que haya ninguna disrupción en la cadena de suministro». «Hay una nueva normativa que traslada al sector de transporte lo que tenemos en el sector agroalimentario, la ley de la cadena alimentaria”, ha expresado desde la localidad almeriense de El Ejido.

Denunciar incumplimientos

El problema para la plataforma convocante del paro indefinido es que faltan inspectores para que la norma de la que habla Planas se cumpla. Sin embargo, desde el departamento que dirige Raquel Sánchez enfatizan que «la inspección ya está actuando para garantizar su cumplimiento y, además, se aprobará en próximas semanas un plan de inspección 2023 para reforzar las actuaciones, ya que incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada».

Durante la reunión mantenida este jueves, los técnicos del Ministerio han explicado a los representantes de la Plataforma cómo funciona la inspección y han recordado que «cualquier incumplimiento detectado debe denunciarse de forma oficial identificando al infractor y la infracción concreta cometida y facilitando la información necesaria para que la inspección pueda actuar con la mayor celeridad y eficacia».

Por otro lado, hay «un buzón de denuncias anónimas donde se puede facilitar sin ese carácter oficial información sobre incumplimientos y que la inspección también tiene en cuenta para la planificación de las inspecciones». Según explican, el Ministerio «ha cumplido todos sus compromisos y sigue avanzando en mejoras, en diálogo y coordinación con el sector y con máxima implicación».

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