Economía

Preguntas y respuestas

Las claves de la polémica contratación del marido de Calviño en Patrimonio

Manrique de Lara coordinará marketing en Patrimonio Nacional, organismo público que preside la hasta hace unos meses número dos de Calviño | Tres expertos analizan los problemas éticos detrás del fichaje

La secretaria de Estado de Economía hasta mayo de 2021 y actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (izq.), en un evento en septiembre.

La secretaria de Estado de Economía hasta mayo de 2021 y actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (izq.), en un evento en septiembre. Jesús Hellín / Europa Press

La contratación del marido de Nadia Calviño en Patrimonio Nacional ha provocado un enorme revulsivo político. Por el hecho de que la presidenta y máxima responsable del organismo público, y por tanto responsable del fichaje, es Ana de la Cueva, la hasta hace unos meses secretaria de Estado de Economía y mano derecha de la vicepresidenta y ministra. También porque el puesto es de nueva creación, y los requisitos que se exigían a los candidatos coincidían con la experiencia de Ignacio Manrique de Lara.

El Partido Popular ha exigido explicaciones al Gobierno, preguntándose si el nombramiento contribuye a la regeneración y ética de la política. A la vez, ha criticado que este tipo de «colocaciones» esté empezando a ser algo habitual en el gabinete de Pedro Sánchez. Vox ha calificado el fichaje de nepotismo. De su lado, Patrimonio asegura que Manrique de Lara consiguió la máxima puntuación en los criterios evaluados para el cargo, y la propia Calviño le ha quitado importancia calificando las críticas de «ataques personalizados e injustificados».

Quién, dónde, cuándo. Ignacio Manrique de Lara es el nuevo coordinador de estrategia comercial y de marketing de Patrimonio Nacional, un puesto de nueva creación al que, según aseguran desde la institución responsable de los bienes de titularidad del Estado pero procedentes de la Familia Real, se presentaron ocho candidaturas. Una comisión formada por dos miembros de Patrimonio Nacional, otro del Ministerio de Cultura, otro del Museo Reina Sofía y otro más del Ministerio de Trabajo determinó que obtuvo la máxima puntuación en los criterios de valoración que estableció. Aseguran que no participó ninguna persona externa y que actuó de forma autónoma, en respuesta a las críticas suscitadas después de que El Mundo publicase en exclusiva el fichaje.

¿Cuáles son las sospechas? Principalmente, que se trate de la devolución de un favor. Ana de la Cueva dejó el puesto de secretaria de Estado de Economía en mayo de 2021, alegando cansancio por la pandemia a la vez que un puñado de otros integrantes del mismo Ministerio. Pero su salida se producía poco después de que se anunciase que iba a ser investigada por el rescate a la aerolínea Plus Ultra. A pesar de ese agotamiento, en lugar de alejarse de las altas esferas de la política, un par de meses después se conoció su incorporación como presidenta de Patrimonio Nacional, con un sueldo prácticamente igual al de su puesto anterior (119.000 euros anuales, frente a los 122.000 del actual secretario de Estado). Ahora, De la Cueva podría haberle devuelto el favor a Calviño creando un puesto a medida para su marido, que según el mismo periódico no tenía futuro en su empresa, Bee Digital, la sucesora de Páginas Amarillas y ahora en venta.

Por otro lado, está generando suspicacias que el marido de Calviño no solo se enterase de la convocatoria del puesto, sino que mientras desempeñaba su anterior empleo como director de marketing en Bee Digital fuese capaz de elaborar y presentar en solo diez días una memoria «del plan comercial y de marketing de Patrimonio Nacional en el que se planteen iniciativas para el incremento de los ingresos y actividades con una clasificación de las prioridades». Obteniendo, incluso, la máxima puntuación aun pudiendo competir con empleados de la propia empresa estatal. Además, otros candidatos intentaron conocer detalles sobre la puntuación exacta de cada uno de los méritos de la convocatoria, sin éxito.

¿Qué dice la oposición? Para el PP resulta preocupante que ya se han conocido «más casos» similares «dentro del Gobierno, como el del marido de la vicepresidenta Teresa Ribera», algo que, a su entender, evidencia que es «algo habitual». «Hemos tenido en algún momento en el Gobierno a una pareja como era Pablo Iglesias e Irene Montero. Hemos conocido también situaciones de colocaciones de la mujer del presidente Sánchez. Por desgracia se está convirtiendo en algo habitual y lo que también se convierte en habitual es no dar explicaciones», aseguró hace unos días Juan Bravo, ahora a cargo de la parte económica del PP.

¿Puede contratar la ex secretaria de Estado al marido de su exjefa? ¿No hay conflicto de intereses? Se da un conflicto de intereses cuando el ejercicio objetivo de las funciones atribuidas a un cargo se puede ver influido por motivos familiares, afectivos, de afinidad política, de interés económico u otro motivo. «Los hechos objetivos que se han puesto de manifiesto en la cuestión permiten pensar en la existencia de un indicio de posible conflicto de intereses que podría haber sido un motivo de abstención», opina Jaime Rodríguez-Arana, Catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, en conversación con El Independiente. «Pero es claro que los indicios no son pruebas», añade.

En ese sentido, considera que el vínculo previo De la Cueva y Calviño podría haber sido motivo de abstención, según la relación personal que exista -«si hay amistad íntima, sí habría motivo de abstención»-, pero que el conflicto de intereses no se da únicamente por haber prestado De la Cueva sus servicios en el Ministerio de Economía. Los otros dos expertos consultados al respecto por este periódico están de acuerdo.

Ignacio Rodríguez de la Riva, profesor de Derecho Administrativo en el Centro de Estudios Financieros (CEF) y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), ve más problemática la posible responsabilidad penal que existiría si se hubiese dado un caso de tráfico de influencias. Es decir, si alguien hubiese presionado en Patrimonio Nacional para conseguir que el marido de Calviño resultase contratado y no otro candidato, extremo que por el momento se desconoce.

¿Habría algún problema con la creación del nuevo puesto? Este es el otro extremo que ve delicado el también abogado y experto conflictos de intereses Rodríguez de la Riva. «Hay que analizar si esta plaza era necesaria, si hacía falta esta plaza de coordinador de marketing para una entidad que gestiona los bienes que han estado al servicio de la Familia Real, o si se ha creado ad hoc. El artículo 103 de la Constitución dice que la Administración Pública sirve a los intereses generales, por eso cuando Patrimonio saca esta plaza y se la adjudica a este señor tiene que ser porque esté pensada para el interés general, no porque esté hecha a medida», aporta.

Es decir, que la creación de este nuevo puesto de trabajo existe justificarla siempre, especialmente si es un puesto de alta dirección, como es el caso. Por otro lado, le preocupa que no esté claro cómo se valoraban los méritos, cómo se puntuaban, qué papel tenía la entrevista… «por eso, espero que si existe un candidato que se considerase mejor presente un contencioso administrativo», señala.

Para este tipo de situaciones, aporta Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de Pimec, hay instituciones que cuentan con un código ético de gobierno, o código de buenas prácticas o de conducta. Asimismo, las oficinas antifraude, como la catalana o la valenciana, elaboran guías para analizar este tipo de situaciones, al tiempo que existen órganos internos de cada entidad para analizar casos de falta de transparencia y establecer cómo debe responderse ante ellos. «Porque el conflicto de intereses no es malo por naturaleza, ni un problema en sí mismo, pero la diferencia está en cómo se trate», recuerda.

«Ante las dudas y cuestiones planteadas parece evidente la necesidad de que se aclaren todas ellas para, si se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, evidenciar la conformidad a Derecho de la designación; y si no, para depurar las responsabilidades y restablecer el Ordenamiento Jurídico. Porque los ciudadanos bien sabemos que, en cuestiones como esta, ‘ética y estética son una y la misma cosa'», concluye el catedrático Rodríguez-Arana.

El próximo miércoles se reunirá el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, que cuando se terminó de escribir este artículo no había sido informado del nombramiento de Manrique de Lara. Pese a que la reunión se ha adelantado y se produce poco después de conocerse la noticia, este nuevo contrato no figura en el orden del día, según adelantó el viernes Vozpópuli.

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