El Ministerio de Asuntos Económicos confía en que Ferrovial dé la vuelta a la decisión que anunció este martes de trasladar su sede social a Países Bajos. Después de criticar a lo largo de este miércoles la medida desde todos los ministerios económicos, por considerar erróneo, inaceptable y paradójico que una empresa "que debe todo a España" ahora muestre "esta falta de compromiso con el país", desde el departamento de Nadia Calviño inciden en que todavía puede dar marcha atrás. Y a eso se atienen por el momento.

Sobre todo, porque no lo ha votado su junta de accionistas. Aún no es irreversible. Según ha comunicado la compañía, el traslado está supeditado a que los titulares de no más del 2,57% del capital de la compañía se opongan a esta operación, de gran calado para el futuro de la empresa. Es decir, que si los titulares de más del 2,57% del capital social se oponen a la operación y ejercen su derecho de separación la operación ideada por el consejo de administración podría verse truncada. Por el momento está previsto que la aprobación tenga lugar en una junta que se convocaría entre el segundo y el tercer trimestre de este año.

Por eso, desde Economía insisten en que aún no están "en ese escenario", y por ahora prefieren limitarse a expresar su opinión sobre el traslado. De decidirse, eso sí, el Gobierno analizará la situación y qué medidas puede tomar, aunque ya adelantan que no parece haber ninguna manera de frenar la salida de la sede social de una empresa, al contrario de lo que ha expresado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha pedido al Ministerio de Calviño que "adopte las medidas que sean menester para que esto no se produzca".

En caso de que la operación se apruebe con parte de los accionistas en contra, estos tendrán derecho a una contraprestación de unos 26,7 euros por acción, ya que así lo establece el derecho de separación, que consta en la legislación. Actualmente, el valor en bolsa de Ferrovial es de 19.459,1 millones de euros. Si lleva su sede fuera de España, podrá ahorrarse alrededor de 40 millones de euros anuales de los dividendos que recibe de sus filiales, aunque por otro lado el movimiento tendrá un coste estimado de unos 20 millones.

Medidas a tomar contra la salida

El anuncio del traslado ha generado un gran revuelo político, con varios ministros pidiéndole a la compañía más compromiso con España, al ser una empresa familiar que ha crecido "al albur" de los contratos públicos. Creen que se trata de una empresa que le debe todo al país, por lo que no es aceptable que ahora muestre esa "falta de compromiso", aunque a la vez entienden que no hay riesgos de que la inversión que ya estaba aquí vaya a desplazarse.

No obstante, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en línea con otros socialistas, ha recordado que la empresa tenía más de un 80% de su actividad fuera de España, por lo que ya no tributaba por estos beneficios en el país. La parte correspondiente a la actividad nacional seguirá tributando de igual forma en nuestro país.

En Economía consideran el gesto "muy poco patriótico", pero puntualizan que la empresa está en su derecho de tomar esta decisión y no les consta maneras de impedir el cambio. Rechazan así la petición de Yolanda Díaz para que el Ministerio tome cartas en el asunto, aunque al mismo tiempo insisten en que estudiarán la situación si se formaliza el traslado de una compañía "emblemática para España".