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El Gobierno asume que no podrá obligar a aplicar la ley de vivienda en las regiones del PP

La nueva ley "va a ser un llamamiento a todos los poderes públicos que recibirán el reproche social si no la aplican", dice la ministra de Transportes, Raquel Sánchez

El presidente andaluz, Juanma Moreno; el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asisten al acto institucional del Día de la Constitución

El presidente andaluz, Juanma Moreno; el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asisten al acto institucional del Día de la Constitución EFE

La nueva ley de vivienda que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha pactado con los socios independentistas vascos y catalanes de Bildu y ERC nacerá con la amenaza de no ser por parte de algunas Comunidades Autónomas, que son quienes tienen en último término las competencias para aplicar sus preceptos.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asumido que los gobiernos regionales controlados por el PP podrán ignorar la nueva normativa, que no contiene mecanismos coercitivos para que dichos ejecutivos tengan que aplicar de manera obligatoria sus preceptos. Entre ellos se incluye una limitación del 3% a la subida del precio de los alquileres en 2024 y un índice alternativo a partir de ese año que impida que suban por encima del IPC.

La nueva ley "es un llamamiento a los poderes públicos que recibirán el reproche social si no la aplican. Ninguna Administración pública podrá abstraerse de dar soluciones efectivas a todas las personas que nos han reclamado a los poderes públicos que las demos", ha dicho al ser preguntada por este extremo que puede afectar a Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Murcia.

Los propios portavoces de ERC y Bildu han asumido la posibilidad de que algunas regiones no apliquen la norma, incluso el gobierno del País Vasco, controlado por el PNV. Las formaciones independentistas se han esforzado precisamente durante la negociación por blindar las competencias autonómicas en la nueva norma.

"La mínima soberanía que tenemos en nuestros territorios hace que sea impensable que podamos votar una ley donde el Estado puede decidir políticas de vivienda de ese calibre cuando las competencias son exclusivas de las CCAA. Nunca hubiéramos aceptado que el Estado pudiese declarar zonas tensionadas en nuestros respectivos territorios", ha dicho la diputada de ERC.

"La ciudadanía tiene una herramienta importante para evaluar las prioridades que tienen sus gobernantes. Si yo si fuera de Madrid o Andalucía, me preguntaría qué gobernantes tengo", ha abundado Oskar Matute en relación a dos comunidades gobernadas por el PP.

Precisamente, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado ya contrario a los términos de la propuesta normativa que deberá ser aprobada por el Congreso en las próximas semanas.

"Topar precios e intervenir en el mercado puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y conllevar al final del periodo un incremento de los precios de alquiler como consecuencia de la disminución de los pisos, porque los propietarios simplemente en esas condiciones no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos", ha dicho el líder de los populares.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se mostró abiertamente en contra de la propuesta, contra la que está dispuesta a pelear incluso en los tribunales. En todo caso, ha dejado claro que no la aplicará en la región que gobierna. "Se recurrirá en los tribunales siempre que ataque a las competencias de las CCAA", ha sostenido la líder madrileña tras lamentar que su aplicación lo único que puede hacer es "disparar el precio de la vivienda".

Núñez Feijóo ha avanzado que su partido tiene intención de presentar en los próximos días su oferta "para crear empleo haciendo vivienda y construir vivienda a precio tasado y con un alquiler tasado, especialmente para rentas medias, rentas bajas y personas jóvenes".

La nueva ley de vivienda implicará que los caseros no puedan subir el precio del alquiler por encima del IPC en las renovaciones anuales de los contratos con sus inquilinos. "Durante el presente 2023 se aplicará el limite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y, en adelante, se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual", dice el documento del acuerdo que han presentado ERC y Bildu este viernes en el Congreso.

"El IPC ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo", argumentan las fuerzas independentistas.

Tras una larga negociación desde que la propuesta salió del Consejo de Ministros, se rebaja la definición de "gran tenedor" de 10 a 5 inmuebles. "Las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición de 'gran tenedor' de los 10 inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los 5 inmuebles que finalmente se incluirán en la Ley", reza el texto.

Entre otras medias que contiene el acuerdo, se contempla que "los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario". Además, se eliminan las cláusulas que permitían no aplicar las medidas que contiene la Ley si había un acuerdo entre las partes.

Mercados tensionados

Los portavoces parlamentarios también han explicado que "los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos
contratos.

Dichos topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y
propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

"La declaración de áreas tensionadas se declarará cuando se cumpla una de las dos condiciones que la Ley establece: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada", se detalla en el acuerdo presentado por Bildu y ERC.

La norma incorpora nuevas medidas relativas a los desahucios. En este sentido, se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada. Según el texto del acuerdo, también se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.

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