Moncloa tropieza con las exigencias de ERC sobre sedición y vivienda a cambio de Presupuestos

Se consumen las horas y la tensión del Gobierno con los socios crece. Forma parte de la liturgia previa al debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, pero esta vez podría no ser solo eso, escenificación. Porque ERC ya advierte de que no va "de farol": si el Ejecutivo "no cumple con sus compromisos", presentará enmienda de totalidad a las cuentas del año próximo. Un gesto que no había materializado en esta legislatura. Los socialistas asumen que los republicanos pueden elevar el tono de sus amenazas, "por su competencia con Junts", pero confían en que "la sangre no llegue al río" y que acaben dando marcha atrás en el último minuto, en pleno debate en el Congreso.

Este 21 de octubre, a las 14 horas, concluye en la Cámara baja el plazo de registro de las enmiendas de devolución de los PGE. Enmiendas que se discutirán en el pleno del 26 y 27 de octubre. Solo si el Ejecutivo supera ese trámite el proyecto de ley continuará su andadura parlamentaria. Si, en cambio, el voto contrario a las cuentas gana, el texto decae y Pedro Sánchez tendría que encajar la derrota más dolorosa —y definitiva— de la legislatura. Las fechas son importantes, porque en unas horas vence un plazo, pero en realidad la Moncloa dispone de casi una semana extra, hasta el jueves 27, para convencer a sus socios de que no le asesten una puñalada fatal.

ERC podría esperar a retirar su enmienda hasta el debate de totalidad, hasta el próximo jueves

Ni ERC, ni PNV, ni EH Bildu han adelantado sus intenciones y la previsión es que apuren los tiempos. Pero la pata más frágil de la negociación, a estas alturas, es la de los independentistas catalanes. Los republicanos se manifiestan "lejos" del Ejecutivo de coalición. Por tres razones, explican fuentes del grupo parlamentario en Madrid a El Independiente. Uno, los "incumplimientos" del Gobierno con Cataluña. Ponen un ejemplo: "De los 1.200 millones de euros presupuestos para trenes solo se ha pagado el 16%. O sea, 191 millones". Dos, las reformas pendientes: "¿Dónde están la ley de vivienda o la ley mordaza? Siguen paradas en el Congreso. Y no nos gusta el aumento del gasto militar [subirá un 25,8% en 2023]". Tres, la falta de progresos en la agenda catalana: "Continúan sin hacer caso a los dictámenes y resoluciones internacionales y no ha habido avances en la agenda antirrepresiva".

Con la vista puesta en las elecciones

Este último punto es clave para ERC. Remite a las causas judiciales ligadas al procés que afectan a políticos y a funcionarios. Pero también tiene que ver con la reforma del delito de sedición, aspecto que se incluyó en uno de los dos acuerdos alcanzados en la reunión de la mesa de diálogo celebrada el pasado julio en la Moncloa.

El Gobierno rechaza mezclar la negociación de los PGE con la reforma de la sedición

Pero la redacción fue lo suficientemente ambigua para que el Gobierno no sienta la presión: se decía que cuando se alcanzaran acuerdos que requirieran de "alguna modificación legislativa concreta", PSOE, Unidas Podemos y ERC se encargarían de su "impulso parlamentario".

Ejecutivo y Govern manifestaban su "voluntad" de que esos cambios fueran aprobados, "en su caso, antes de finalizar" este 2022. Ese horizonte no es casual: los socialistas no ocultan que esta carpeta puede ser muy incómoda de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, donde sus barones y alcaldes se juegan todo el poder territorial del partido. Urnas que siempre han casado mal con el foco ubicado en Cataluña.

Los socialistas han alegado todo este tiempo que están dispuestos a homologar el Código Penal español a otras legislaciones europeas en lo relativo al tipo de sedición, rebajando la pena, pero solo lanzarían la reforma si hay una mayoría parlamentaria asegurada, y han venido insistiendo en que no la hay todavía. La justificación es que el PSOE está de acuerdo con modificar a la baja la pena, pero no con eliminar el tipo.

En cualquier caso, se cruza otra razón de peso, esgrime el Gobierno: ya ha advertido a ERC de que no mezclará la negociación presupuestaria con la reforma de la sedición, porque son espacios distintos. "Una cosa son los PGE y otra lo demás", la agenda de la mesa de diálogo, rubrica un cargo de la máxima confianza de Sánchez.

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Para los republicanos, sin embargo, son vasos comunicantes. Fuentes del grupo en Madrid denuncian que el Ejecutivo "ha incumplido de manera flagrante los compromisos que él mismo firmó", así que ya no se fían. "Los contactos siguen y hay conversaciones a todos los niveles, pero estamos cansados eso es verdad. Hay que aterrizar en cosas concretas", recalcan. En ERC sentó muy mal que este miércoles una información que entienden filtrada por la Moncloa a La Vanguardia deslizara que la negociación estaba encarrilada tras una reunión con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Tras su publicación, el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, salió a desmentir en Twitter la aproximación y recordó las advertencias de su partido.

"La sangre no llegará al río"

En el PSOE se había instalado la sensación de que, tras la salida de Junts del Govern y la consecuente mayor debilidad de Pere Aragonès, el precio del apoyo de ERC a los PGE podría bajar, dado que el president necesitaría al PSC para sacar sus propias cuentas si los posconvergentes le dan portazo. Pero los independentistas sostienen que ya avisaron al PSOE de que esa ecuación no funcionaría: "Si allí en Cataluña no tenemos apoyos para los presupuestos, se prorrogan y punto". Es decir, que "ni se les ocurriera" utilizar esa baza para buscar un pacto a menor coste. En Ferraz, sin embargo, entienden que esa posición de mayor firmeza de Aragonès se debe a su competencia con Junts: un respaldo sin tensión a Sánchez "dejaría todo el espacio" a los de Laura Borràs.

Bildu y PNV tampoco descartan registrar la enmienda de devolución. Los contactos seguirán hasta el final

"Pero creemos que la sangre no llegará al río —continúan en la cúpula socialista—. Habrá tira y afloja, y puede que presenten la enmienda de totalidad para luego retirarla durante el debate de la semana próxima". En ERC no descartan esa opción, pero tampoco que mantengan su órdago hasta el final: "Si no hay resultados tangibles, la enmienda no se va a retirar. Ya nos plantamos con la reforma laboral". Así fue: ERC se negó a apoyarla y llevó su no hasta el final. El decreto se salvó de milagro, por el error del diputado del PP Alberto Casero.

En Bildu, mientras, señalan que la posibilidad de presentar enmienda de devolución "está sobre la mesa", sin descartarse, y su activación dependerá de cómo evolucionen las conversaciones en las próximas horas. "Queda mucha tela por cortar. Proponemos medidas sociales y económicas que beneficien a los sectores más desfavorecidos y partidas e inversiones concretas para el País Vasco", indican desde la formación. No se reclaman medidas para los presos de ETA "en ningún caso", añaden.

El PNV mantiene su guion de siempre: no dar cuenta de sus negociaciones con el Ejecutivo. "De momento, todas las opciones están abiertas", apuntan en el entorno del portavoz en la Cámara baja, Aitor Esteban.

Quedan horas y los números siguen sin salir al Ejecutivo. Pueden despejarse el viernes o bien que la tensión se mantenga hasta el final. Son los últimos PGE de la legislatura, en pleno año electoral, y todo pesa. Mucho.