Los taxistas vuelven a la carga contra Uber, Bolt y Cabify. Algunas asociaciones gremiales amenazan ya al Gobierno con convocar movilizaciones masivas a las puertas de la campaña electoral del 23 de julio. Exigen al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tome medidas y ponga coto a las licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que falla contra la ratio 1/30, que fija una licencia VTC por cada 30 de taxi.

La posible evolución tras dicha sentencia de las demandas planteadas en los juzgados, "agravada por la inacción del Gobierno, puede suponer la revisión de una auténtica riada de autorizaciones VTC que estarían habilitadas para realizar servicios urbanos; una situación de la que es responsable el Gobierno por el diseño de normas pasadas y que resulta inasumible para nuestras ciudades y por supuesto para el colectivo del taxi", explica el presidente de la asociación Antaxi, Julio Sanz. La norma podría dar pie a un fuerte incremento de las licencias en las grandes ciudades donde operan las plataformas.

La organización amenaza ya con convocar movilizaciones si el Ejecutivo no mueve ficha pronto. Pero a pocas semanas de las elecciones generales anticipadas convocadas por Pedro Sánchez, todo se hace más complicado. Tito Álvarez, el portavoz de otra de las grandes asociaciones -Élite Taxi- también ha amenazado con convocar movilizaciones "masivas" en toda España si no llegan a un acuerdo con el departamento que dirige Raquel Sánchez.

Desde Antaxi sostienen tener conocimiento de la solicitud de "más de 130.000 licencias de VTC en España y, desde la pasada semana, el número no deja de crecer". De momento, el Ejecutivo ya se ha reunido con ambas asociaciones y se ha emplazado a nuevo encuentro el próximo día 20 de junio. Si de ahí no sale una solución que colme sus expectativas, las filas de taxis bloqueando las calles parece asegurada.

Fuentes ministeriales aseguran que en la reunión ya celebrada se analizó detalladamente la sentencia y sus posibles efectos en el modelo de convivencia entre la prestación de servicios de taxi y VTC previsto en la regulación española. "Ese análisis ha puesto de manifiesto que, dado el nuevo marco establecido por el real decreto ley 23/2018, serán especialmente las CCAA y las entidades locales las que deben realizar sus propias evaluaciones de impacto de esta sentencia en sus propias autorizaciones VTC de ámbito autonómico (que habilitan, en su caso, para hacer transporte urbano) y decidir la necesidad, o no, de sus propios cambios normativos", abundan.

Sin embargo, desde el Ejecutivo se muestran dispuestos a "explorar" dentro de las competencias estatales que tienen (transporte interurbano) "la posibilidad de plantear una evolución normativa, alineada con el marco comunitario, que consolide la convivencia equilibrada entre el VTC-TAXI recogida en la normativa estatal vigente, en un marco de competencia leal y lucha contra el fraude".

Y esto ha levantado en armas también a las asociaciones que representan a las VTC, Unauto y Feneval. "Ante la enésima amenaza del sector del taxi de bloquear el país, el Mitma está desoyendo expresamente la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que establece muy claramente que los tiempos de las regulaciones para proteger al taxi se han terminado", dice Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval.

Ambas organizaciones se esfuerzan en remarcar que la sentencia del Tribunal Europeo establece que las regulaciones de movilidad no pueden estar destinadas a proteger "la viabilidad económica del sector del taxi" y que éste no debe ser considerado un servicio de interés general. Además, manifiestan que "todas las regulaciones aprobadas deben ser proporcionales y no discriminar entre taxis VTC".

Desde Feneval acusan al departamento de Raquel Sánchez de no estar dispuesto a sentarse con las asociaciones, pese a que forman parte de la Mesa de Transportes del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Por contra, le acusan de estar "preparando una regulación exprés desde un Gobierno en funciones, para seguir protegiendo al sector del taxi".

Desde Unauto dicen estar "sorprendidos" por el devenir de las conversaciones. "Lo habitual es negociar con los representantes en el comité del sector afectado por la regulación que se esté discutiendo, cosa que no está ocurriendo. Es indignante que precisamente los directamente afectados se vean excluidos de las conversaciones", zanja José Manuel Berzal, portavoz de Unauto-VTC.

Los taxistas, por su parte, esperan que Transportes dé un paso al frente y ejecute medidas efectivas "que frenen la irrupción masiva de VTC a la que vamos a asistir en España en los próximos meses". De no colmar sus expectativas, dicen que las manifestaciones "aunque pueda parecer lo contrario, son el último recurso para el taxi y solo una muestra de la desesperación de un sector que solo pide poder trabajar con sus derechos garantizados". Del sector dependen más de 70.000 familias de autónomos y hasta 30.000 de trabajadores asalariados.