El Gobierno recibió el año pasado un total de 98 solicitudes de autorización de inversiones extranjeras en empresas españolas y tuvo que pronunciarse sobre un total de 83 operaciones. Algo que tendrá que hacer ahora también tras la irrupción de STC Group, empresa de telecomunicaciones de Arabia Saudí, como primer accionista de Telefónica.

En el marco del escudo antiopas aprobado durante la pandemia para evitar que accionistas extranjeros compraran empresas nacionales estratégicas a derribo, el Ejecutivo tuvo que analizar las implicaciones de diversas operaciones, aunque sólo vetó por completo una de ellas. La Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), formada por representantes de los ministerios, se reunió en 19 ocasiones -cinco más que el ejercicio anterior- e informó formalmente sobre 28 operaciones más que en 2021.

El mecanismo aprobado por el Gobierno en 2020 exige con carácter general el visto bueno del Ejecutivo para compras de paquetes accionariales superiores al 10% del capital de la compañía española. Pero en el caso de empresas que mantengan contratos la defensa o la seguridad nacional como pasa con Telefónica, requiere aprobación a partir del 5%. De momento, la empresa saudí ha tomado una participación directa del 4,9% de las acciones de la operadora y un 5% a mayores a través de derivados, hasta sumar el 9,9%. Para lo segundo deberá recibir el visto bueno de Moncloa en un plazo, inicialmente, de tres meses.

Tras analizar y discutir las solicitudes antes citadas, el Gobierno desestimó el año pasado tener que pronunciarse sobre una decena de ellas al considerar que no se daban los supuestos para suspender el régimen general de inversiones exteriores. Y de las 73 operaciones restantes, un total de 63 fueron autorizadas sin ninguna medida adicional para mitigar el efecto de la inversión. según las cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Los miembros del organismo encargado de la vigilancia de las inversiones "no apreciaron riesgos significativos para la seguridad, salud u orden públicos". Pero si establecieron condiciones en el 12% de los casos, afectando a un total de nueve operaciones. Solo una inversión "no fue autorizada por ser imposible establecer medidas de mitigación eficaces", según el documento de Industria. Se trata de la primera operación que el Ejecutivo frenaba desde marzo de 2020, cuando entró en funcionamiento la normativa de control de inversiones y correspondía a la petición de Vivendi para convertirse en el máximo accionista de Prisa.

Por sectores, precisamente 'información y comunicaciones' es el campo donde más operaciones han sido objeto de escrutinio. A nivel europeo, los sectores con mayor número de transacciones fueron las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la industria manufacturera, las actividades financieras, la venta al por mayor y al por menor y la construcción.

Según detalla Industria, la mayor parte de las operaciones que se sometieron a a examen es porque la sociedad española implicada estaba relacionada con tecnologías críticas, con el suministro de insumos fundamentales o por tener acceso a información sensible.

Las medidas que impuso el Gobierno al porcentaje de operaciones que requerían límites son de diversa índole y no detalla cada caso concreto. "En la práctica, el diseño de estas medidas depende de las características concretas de cada operación y de las amenazas y vulnerabilidades identificadas", dice el informe sobre las limitaciones que impone a operaciones como la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy en 2021.

En todo caso, sí apunta que dichas medidas van encaminadas a "garantizar el suministro de determinados bienes o servicios considerados fundamentales y difícilmente sustituibles para la prestación de servicios esenciales". También impone medidas para limitar el acceso del inversor a información sensible; a mantener determinadas capacidades y a evitar pérdida de soberanía en ciertos ámbitos; u otras relacionadas con la obligación por parte del inversor de suministrar información periódicamente o ante determinados eventos.

Contratos para Defensa

Precisamente, para autorizar o no la entrada de STC en el accionariado de Telefónica, el Ejecutivo tendrá que poner bajo examen las repercusiones de dicha posición por parte de la compañía de telecomunicaciones extranjera en una compañía nacional que, tras su privatización, mantiene contratos por la prestación de servicios a áreas tan sensibles como la defensa nacional o inteligencia. Según detalla el informe, "en 2022 se llevó a cabo una única co-instrucción con el Ministerio de Defensa" que dirige Margarita Robles.

¿Y de dónde proceden los inversores? De las 73 operaciones informadas por la Jinvex en 2022, solamente tres tenían como inversor último a residentes en la
Unión Europea o en la Asociación Europea de Libre Comercio. Sobre los residentes fuera de estos territorios, en el 45% de los casos el origen del inversor último es Estados Unidos, seguido de Reino Unido (13%), China (7%) y Emiratos Árabes Unidos (7%).

De todas las operaciones analizadas el año pasado, el Consejo de Ministros fue el que resolvió el 90,5% de ellas, mientras que el resto recayeron en la Directora General de Comercio e Inversiones por tratarse de un procedimiento simplificado.

Asimismo, el Gobierno recibió 174 consultas sobre la necesidad o no de que una determinada inversión extranjera contase con la autorización administrativa previa. Solo en un 14,4% se determinó que la inversión planteada estaba sujeta a control de inversiones. Según los datos de Industria, ese número es inferior a los de los dos años anteriores; 334 en 2020 y 231 en 2021.

El documento del departamento que dirige en funciones Héctor Gómez contempla que el real decreto aprobado este año sobre inversiones extranjeras podría cambiar esta tendencia y esperaba que parte del volumen de solicitudes se trasladase a consultas. Sin embargo, el Ministerio no ofrece datos actualizados sobre la evolución en 2023.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 571/2023, la Junta está compuesta no solo por el personal ministerial con rango mínimo de Subdirector General que la formaba hasta ahora, sino que también debe integrar como vocales a un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y un representante de la Dirección Operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Serán los que tengan que analizar el caso de Telefónica.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró este jueves que el Gobierno aplicará todos los mecanismos necesarios para defender los intereses de España, ya que Telefónica es una empresa estratégica. Además, sostuvo que el Ejecutivo se enteró el mismo martes de esta operación, que también se recibió por sorpresa en la compañía que dirige José María Álvarez Pallete, poco antes del anuncio de STC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).