La falta de Gobierno mantiene en vilo a muchos sectores empresariales. Las compañías tienen que planificar el próximo año sin un horizonte claro de qué va a suceder a partir del 1 de enero. Uno de ellos es el sector del transporte de viajeros por carretera. ¿Prorrogará el Gobierno en funciones las ayudas que han permitido estimular la demanda? Todavía no hay respuesta clara por parte del Ejecutivo.

La política de estímulo ha permitido incrementar un 20% la demanda frente al primer semestre del año anterior, aseguran fuentes del sector, que trasladan también su preocupación por el incremento del precio del combustible. El Gobierno ha mantenido sus planes y ha reducido a partir del 1 de octubre la ayuda al gasóleo profesional de 10 a 5 céntimos por litro, en un momento en el que el precio del carburante ha vuelto a situarse en niveles similares a los que se registraba cuando se aprobó la medida.

Si el Gobierno decide no prorrogar las bonificaciones a los títulos multiviaje o a los abonos, los precios de esos billetes se verán incrementados automáticamente con la entrada del nuevo año. Las citadas fuentes consideran poco probable que, si la situación política continúa pendiente de unas nuevas elecciones generales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vaya a asumir el coste electoral de retirar esos incentivos que notan a diario en sus bolsillos miles de viajeros. Francia sí ha anunciado ya que prorroga el denominado 'escudo social'.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez aseguran no poder avanzar a día de hoy que pasará con las subvenciones para los usuarios. El paquete de ayudas aprobado para las tres administraciones (Estado, Comunidades y Ayuntamientos), incluido el plan del 'Verano Joven', suma unos 850 millones de euros para el sector del transporte público por carretera.

En el caso de los autobuses y autocares también se espera el desbloqueo de la situación política para que se pongan en marcha la renovación de los contratos de las rutas dependientes del Estado. El Mitma tendría ya listo un paquete preparado para sacar a concurso, aunque lo mantiene estaría guardando en el cajón a la espera de que se despeje la incógnita sobre el próximo Gobierno.

No en vano, el adelanto electoral decretado por Sánchez obligó a dejar en un cajón del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Movilidad Sostenible que abría la puerta a un cambio en el modelo de concesiones mediante el que se adjudican las rutas de transporte de viajeros por carretera.

Se trata de una norma que el Gobierno se comprometió con Bruselas a aprobar a cambio de recibir los fondos de recuperación aprobados por la Unión Europea para España. Los diferentes grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas al texto y estaban de acuerdo en revisar el actual modelo, donde muchas concesiones están caducadas. Sin embargo, la cita con las urnas obligó a aparcar el proyecto, que no se retomará hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.

El transporte de mercancías ya está reclamando al Ejecutivo que amplíe las ayudas al combustible. Si la situación se complica y los precios siguen subiendo, los transportistas ya organizaron un paro que puso en jaque el suministro en el país y el Gobierno tuvo que ceder. En el caso del transporte de viajeros, el golpe a los márgenes se está viendo compensado por el aumento de la demanda.

De momento, desde el Ejecutivo no trasladan novedades. "Nosotros vamos monitorizando y ellos están pudiendo repercutir el aumento del combustible en sus costes", se limitan a señalar desde Transportes.