Las divisiones entre patronales regionales y sectoriales quedaron atrás, después de que PSOE y Sumar presentasen su acuerdo programático, en el que incluyen la reducción de la jornada laboral. Directivos de todos los sectores se han pronunciado en contra, no de la medida en sí, sino de que las dos formaciones políticas entren en lo que ellos consideran el terreno del diálogo social. 

El presidente de la confederación española de organizaciones empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, renovó su mandato al frente de la patronal con ciertas reservas por parte de algunas de las organizaciones representadas. La reforma laboral a la que la CEOE dio el visto bueno perjudicaba a algunos sectores, como el del automóvil. También hubo críticas a la eliminación del límite de mandatos que propuso el presidente y aunque se terminó aprobando con una sola abstención la asamblea general de la CEOE.

Pero ahora van todos a una. “Nos perjudica a todos”, comentan desde una de las patronales representadas en la CEOE. Hay unión entre todas las organizaciones empresariales y así lo han demostrado en declaraciones públicas, y también en privado, representantes de todos los sectores económicos. 

Desde la CEOE han elevado el tono ante la propuesta programático de Sumar y PSOE y el presidente Garamendi ha dicho “ya vale”, ante medidas que son “populistas” y que “solo van en contra de las empresas”. Repsol ha amenazado con priorizar inversiones fuera de España si el marco fiscal no se mantiene estable. Cabe señalar que el acuerdo entre ambos partidos incluye una modificación en el impuesto sobre Sociedades.

Otras fuentes reiteran en privado que la propuesta sobre reducir la jornada se puede “discutir” pero para ello, “primero, hay que tener en cuenta la productividad y, segundo, se tiene que hablar en el diálogo social”. No hay distinción entre los argumentos de la CEOE y el resto de voces consultadas.

Las críticas no solo vienen por haber “dinamitado” el papel del diálogo social, sino porque consideran que las medidas económicas que incluye el acuerdo no favorecen la inversión ni la creación de puestos de trabajo, ya que calculan que la reducción de la jornada laboral supone aumentar alrededor de un 7% los costes laborales que asumen las compañías.

Negociación salarial

Además, alertan de que la postura de los empresarios de cara a negociar subidas salariales va a ser mucho más inflexible si “nos siguen machando a impuestos”, en palabras del presidente de la patronal. Fuentes de Foment indican que después del acuerdo alcanzado con los sindicatos para la negociación colectiva, si desde el sector político se impulsan este tipo de medidas sin contar con ellos, las empresas van a ser más reacias a las revisiones salariales, “porque están aumentando los costes”, indican.

El posicionamiento es firme y de enfado entre los empresarios, no obstante, señalan que se trata de un acuerdo entre dos partidos que “quieren gobernar” y que, por ahora, “no son el Gobierno”. Desde la patronal catalana consideran que las propuestas de PSOE y Sumar son “fuegos artificiales” y que se incluyen medidas que difícilmente se terminarán llevando a cabo, entre ellas, consideran, la reducción de la jornada laboral sin perjuicio para la retribución salarial.

Tras lo acuerdos logrados en el diálogo social, algo de lo que presume habitualmente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, el enfrentamiento con los empresarios es por ahora frontal. Díaz contestó al presidente de los empresarios y se preguntó si estaba “en contra” de reducir la jornada “cuando el propio Partido Popular no fue capaz de decir que está en contra”.

Desde la patronal reiteran que “se puede hablar de todo” y rechazan las formas en las que se ha anunciado esta medida sin discutirse con los agentes sociales: ni patronal, ni sindicatos. De hecho, Antonio Garamendi respondió que tras hacerse público el acuerdo de gobierno no había hablado con Yolanda Díaz.

El papel del diálogo social

Cabe señalar que en el texto del acuerdo, se recoge la reducción de “la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales”. En el mismo documento, los socialistas pactan con Sumar que su aplicación se produzca de “forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025”. “A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”, añaden.

De hecho, la ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, defendió que la medida se abordaría con los agentes sociales. "Todas las reformas en el mercado de trabajo se han hecho con diálogo en estos años y en esa misma línea vamos a seguir. El acuerdo lo dice con mucha claridad. El diálogo social va a seguir siendo un principio fundamental de toda la acción de política económica del próximo Gobierno de coalición y en este contexto se enmarca cualquier medida para poder hablar del horario de trabajo", aseguró la pasada semana.