El Gobierno tiene guardada en el cajón la ley que pretendía combatir las puertas giratorias y que habría impedido teóricamente a la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera presidir la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval). La norma está comprometida con Bruselas, pero su trámite lleva meses congelado.

El Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el anteproyecto en noviembre de 2022. Pero apenas unas horas antes de que pudiese someterse a la segunda lectura para su remisión a las Cortes Generales, la norma decayó con la convocatoria electoral anticipada de Pedro Sánchez el 29 de mayo. Según fuentes de Función Pública, no está previsto que el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés pase el filtro de Moncloa antes de que termine el año.

El Plan de Recuperación deja claro que la regulación debe entrar en vigor en el cuarto trimestre de 2024, por lo que el Ejecutivo aún podría tardar unos meses en ponerse manos a la obra. La intención del departamento que dirige María Jesús Montero es retomar el próximo año un trámite legislativo que tendría que comenzar desde el principio.

La tentativa de fichar a la ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por parte de un lobby impulsado por grandes fondos de inversión como Blackstone desató una fuerte polémica, ya que entre sus competencias en el Ministerio había estado la negociación de la nueva Ley de Vivienda que incluye limitaciones al precio de los alquileres en las zonas tensionadas y otros puntos que deben ser desarrollados en esta legislatura.

Apenas unas horas más tarde de conocerse las intenciones de Asval, fuentes próximas a Pardo De Vera daban por descartada la posibilidad de que acabase ocupando el cargo para el que había sido propuesta apenas nueve meses después de dimitir de su puesto en la Administración bajo el mando de la ministra Raquel Sánchez como consecuencia de la crisis desatada por el contrato fallido de trenes de ancho métrico para Asturias y Cantabria.

El anteproyecto de Ley que el Gobierno mantiene en el cajón buscaba regular por primera vez la relación entre lobbies y altos cargos públicos. En concreto, el texto fija que durante los dos años siguientes a su cese, los responsables públicos no podrían acceder a actividades profesionales de influencia en materias relacionadas con sus competencias. Se concebía como una norma pionera que habían pedido partidos de todo signo político y que modificaría la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo, que saliera adelante se tornaba complicado.

Hoy en día, los altos cargos de la administración central tienen que pedir permiso para tener relaciones laborales con empresas. Por ejemplo, la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) denegó el año pasado la solicitud del exministro José Luis Ábalos para participar en tertulias de Mediaset, puesto que cuando estaba en el Gobierno él mismo aprobó subvenciones directas a las cadenas de televisión, entre las que estaba el grupo italiano.

Pardo de Vera habría solicitado a la misma OCI autorización para incorporarse al lobby de los fondos del alquiler, según adelantó El Confidencial. Dicho órgano dependiente del Ministerio de Hacienda es quien se encarga de estudiar los paso al sector privado conocidos como "puertas giratorias". No obstante, la oficina tiende a autorizar la inmensa mayoría de las actividades privadas de exaltos cargos del Gobierno. Desde que se creó en 2006 hasta 2021 solo registró 14 incompatibilidades y autorizó más de 650 saltos al sector privado, según se vio obligado a comunicar el Ejecutivo entonces. 

Desde comienzos de año, el Portal de Transparencia refleja que la OCI ha autorizado a 36 altos cargos diversos pasos al sector privado. Uno de los últimos es el de Ignacio Bengoechea, Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, que ha fichado por la consultora Acento fundada por el ex ministro socialista de Fomento José Blanco y que preside el popular 'Alfonso Alonso'. En sus filas están también el ex secretario de Estado José María Lasalle, la ex europarlamentaria Elena Valenciano y el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Asval es la asociación que representa al segmento de la oferta en este mercado de alquiler, y cuenta con más de 6.000 asociados. La intención de la asociación que hasta ahora dirige el exministro de Industria y ex alcalde socialista de Barcelona, Joan Clos, se iba a someter a votación este 20 de diciembre. Y de obtener el visto bueno de la OCI, sería efectivo desde el 1 de enero.

Los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y Cataluña tacharon de "intolerable" que Pardo de Vera se pudiese incorporar" al 'lobby' de los rentistas y los fondos buitres", puesto que lo ven como “un claro caso de conflicto de intereses”. Para ellos, es una muestra de que "la patronal inmobiliaria ha conseguido parasitar el corazón mismo desde el que se elaboran las políticas públicas de vivienda en el Estado, un ministerio cuya misión debería ser garantizar el derecho a la vivienda, pero que se ha convertido en una sucursal de los rentistas".

La ley para regular la actividad de los 'lobbies'

La nueva norma sería la primera a nivel estatal que regule la relación de los altos cargos públicos con los grupos de interés. El anteproyecto fija que estos altos cargos tendrán prohibido realizar actividades en lobbies relacionados con sus competencias hasta dos años después de cesar en el puesto.

El texto recoge también que se considerará actividad de influencia aquella que un grupo u organización desarrolle para tratar de influir de manera legítima en los responsables públicos en la elaboración de un proyecto normativo.

“Los altos cargos que hayan participado en esa toma de decisiones estarán obligados a no realizar durante dos años actividades profesionales de influencia sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban. Por lo que no podrán trabajar para 'lobbies' que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública. Algo que se concreta en una reforma del artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado”, reza la referencia del Consejo de Ministros del 8 de diciembre de 2022.

Según declaró entonces Montero, esta nueva norma era fruto del "compromiso del Gobierno con la mejora de la calidad democrática de nuestro país" y permitiría dar un gran paso adelante en materia de transparencia y buen gobierno, así como que España se equipare con las democracias más avanzadas de los países de su entorno. “Todos los grupos que se organizan con carácter privado para beneficio de sus intereses o los de terceros están incorporados al objeto de esta norma", explicó la vicepresidenta.

No se considerarán lobbies -precisa el texto- las Administraciones públicas, los organismos públicos y las organizaciones internacionales públicas o las autoridades públicas extranjeras, ni los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos o cualesquiera otras entidades -como los colegios profesionales- en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

Por otro lado, el anteproyecto contempla la creación de un Registro de Grupos de Interés, que será de obligatoria inscripción y en el que se específica a qué personas físicas y jurídicas puede considerarse como tal. También determinará cuáles son los perfiles de la Administración General del Estado que tendrán que tener en cuenta lo establecido en su articulado a la hora de reunirse o contactar con determinados grupos o individuos.

El País ya publicó que los grupos políticos daban por hecho que la ley no saldría adelante al menos la pasada legislatura, por falta de entendimiento y de consenso entre los partidos. Y ello pese a que Europa ha venido reclamando una regulación ambiciosa en este sentido.