La reforma laboral puso coto a la temporalidad, que durante años fue una característica del mercado laboral español. Sin embargo, esta solo está teniendo impacto sobre el sector privado y no sobre el ámbito público, donde el 29,5% de los asalariados tiene un contrato temporal. Ante estos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comisión Europea alerta de que, aunque se lleven a cabo los procesos de estabilización previstos, esto lastrará a la Sanidad y a la Educación si no se soluciona.

En 2021, se aprobó una ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público. Según la misma, está previsto que hasta 300.000 empleados públicos pasen a ser indefinidos a finales de este año. Sin embargo, la Comisión cree que aunque la normativa aplique a las nuevas contrataciones y a esta cifra de interinos que llevan más de tres años acumulando contratos temporales, “con más de un millón de empleados públicos temporales a enero de 2024, los procesos de estabilización tendrán un impacto relevante pero limitado a la hora de reducir el nivel de segmentación”.

La segmentación hace referencia a los distintos tipos de contratos que tienen los empleados públicos: interinos, eventuales, personal laboral o funcionarios. Es en esta variedad contractual donde la Comisión considera que está el problema y que pueden producir perjuicios en la calidad de la Sanidad y la Educación, especialmente, pero también en otros servicios si los empleados no son indefinidos.

Para evitar que esto ocurra, hace un llamamiento al “consenso” a largo plazo, así como a la coordinación entre administraciones públicas. De hecho, la planificación de los recursos públicos en el largo plazo es algo que vienen demandando los sindicatos anualmente, cada vez que se negocia la oferta pública de empleo.

El Ministerio de Función Pública, capitaneado ahora por José Luis Escrivá, tiene en sus planes una reforma en este sentido: eliminar la tasa de reposición en 2025, el porcentaje sobre el que se cubrían puestos en la administración, y sustituirlo por un modelo que "diseñe las plantillas en base a los servicios públicos que presta el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea".

Empleo, poder adquisitivo y pobreza

Esta es una de las conclusiones del análisis detallado por país sobre los ámbitos del empleo, las capacidades y la inclusión social que la Comisión ha publicado en el marco del semestre europeo, a partir del cuál España deberá definir sus políticas económicas. Además de hacer referencia a la temporalidad del sector público, Bruselas señala alguna de las deficiencias del mercado laboral, como una tasa de desempleo todavía por encima de la media de la Unión Europea, en concreto en el caso de los jóvenes, así como el número de parados de larga duración.

La Comisión destaca en su análisis que cada vez hay más empresas españolas que acusan la falta de mano de obra y que esta es una cuestión clave de cara a la transición verde y digital. En la misma línea, subraya que la tasa de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, continúa también por encima de la media europea y que las tasas de abandono escolar condicionan la transición desde la educación al mercado laboral.

En cuanto a las políticas sociales, exceptuando las pensiones, el informe señala que aunque reducen el nivel de pobreza, no logran sacar a los beneficiarios de ese riesgo. También destaca que la renta de los hogares sigue por debajo de los niveles precovid, pese a las mejores salariales, incluida la subida del salario mínimo interprofesional.

Los principales riesgos para la economía que se identifican en estos dos ámbitos son la pobreza y el riesgo de exclusión social de la infancia, el impacto de las políticas en esa reducción de la vulnerabilidad y la renta disponible de los hogares. En materia laboral, la tasa de ocupación y los ninis, junto con la tasa de abandono escolar son los datos que más preocupan a la institución comunitaria. Está previsto que la Comisión Europea presente las previsiones macroeconómicas para los estados miembros la próxima semana.