La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 173 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, por la contratación de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo en el marco del denominado caso 'Cenyt', una de las piezas del caso 'Tándem'.

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El Ministerio Público le atribuye un delito continuado de cohecho activo y otros 42 de descubrimiento y revelación de secretos, según ha adelantado el diario Expansión. En concreto, reclama cinco años de cárcel por lo primero y cuatro años por cada uno de los segundos (168). Pese a lo abultado de petición de cárcel para González, el máximo de años que podría llegar a cumplir es el triple de la pena más grave que se decrete por cada uno de los delitos que se le atribuya.

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El escrito de acusación al que ha tenido acceso El Independiente también pide la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 60.800 euros por el presunto espionaje a empresarios, políticos y particulares. González, que dejó sus cargos en el banco en 2019, tiene actualmente 82 años.

Eso sí, el Ministerio Público reclama 174 años de cárcel para Villarejo por los mismos delitos que González, agravados por su condición de funcionario público. Asimismo, pide la pena más elevada para el exjefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. En total, solicita 243 años para este antiguo comisario de la Policía Nacional.

180 millones de multa para el BBVA

Para la entidad que preside ahora Carlos Torres, encausada como persona jurídica, el Ministerio Fiscal solicita una multa de 181 millones de euros. Se divide en una multa de 9 millones de euros por un delito de cohecho y otra multa de 172,8 millones de euros por 48 delitos de relevación de secretos. Eso sí, la fiscal Elisa Lamela solicita el archivo para al exconsejero delegado del banco durante aquella etapa, Ángel Cano.

El caso se refiere a la contratación de la empresa privada Cenyt de Villarejo, para realizar presuntas labores de espionaje a diversas personalidades. El magistrado de la la Audiencia Nacional encargado de la instrucción, Manuel García Castellón, consideró que existían indicios suficientes de delito y dio paso a la apertura de juicio oral, que aún no tiene fecha prevista.

"Dado que dentro de la entidad no existía ningún programa de control ni mecanismo de supervisión sobre las decisiones ejecutivas adoptadas por su presidente, este pudo autorizar y permitir la utilización de dicho recurso, limitando su conocimiento a un núcleo muy reducido de Altos Directivos y Directivos de los servicios centrales corporativos del banco", dice el escrito sobre el presunto espionaje entre 2004 y 2016 a personalidades como el ex ministro socialista de Industria Miguel Sebastián, el empresario Luis del Rivero (expresidente de Sacyr) o el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos Arenillas.