El Tribunal de Cuentas carga contra la prórroga presupuestaria "indefinida" de Sánchez

El Tribunal de Cuentas emitió su Declaración de la Cuenta General del Estado 2024 este lunes. En el documento, el organismo revisaba las cuentas públicas del Gobierno correspondientes al año 2024, es decir, durante la primera prórroga presupuestaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los presupuestos de 2023. Aunque la declaración quedó finalmente aprobada, hubo un voto en contra del consejero Javier Morillas Gómez, que justificó su rechazo "al no estar conforme con determinados aspectos relevantes que no han sido recogidos o que entiendo que deberían haber quedado reflejados de un modo distinto" en la Declaración.

A juicio del consejero, la Declaración debería destacar "nítida y rotundamente" que se ha producido un "incumplimiento del mandato constitucional dirigido al Gobierno respecto a la obligación de presentar un proyecto de ley de presupuestos", recogido en los artículos 134.3 y 134.4 de la Constitución Española.

Morillas subraya que, más allá de que el Gobierno estuviera en funciones tras las elecciones generales de 2023 y no pudiera entonces presentar un proyecto presupuestario, la cuestión relevante es que el nuevo Ejecutivo surgido tras la investidura tampoco lo hizo.

Según señala en su voto particular, "no consta que elaborara un Proyecto de Ley de Presupuestos ni que se presentara al Consejo de Ministros para su aprobación" ni que, "con toda certeza", lo remitiera al Congreso de los Diputados ni en 2023 ni en 2024. De esta forma, el Gobierno habría incumplido la obligación constitucional que impone presentar el proyecto, aunque no necesariamente termine aprobándose.

Prórroga "no temporal, indefinida"

Además, el consejero recuerda que el artículo 134.4 de la Constitución prevé la prórroga presupuestaria como una solución estrictamente temporal, ya que establece que las cuentas quedarán prorrogadas únicamente "hasta la aprobación de los nuevos" presupuestos. Por ello, rechaza que esta situación pueda convertirse en una extensión automática de toda la Ley Presupuestaria y denuncia que el Ejecutivo ha transformado esta excepción en una prórroga "no temporal, sino indefinida".

Como resultado, durante toda la XV legislatura, correspondiente al Gobierno de Pedro Sánchez, es decir, "desde el ejercicio de 2024, y hasta día de hoy, en abril de 2026", el Ejecutivo no ha presentado al Congreso ningún proyecto de Ley de Presupuestos: ni para 2024 ni para 2025 ni para 2026; prorrogando el de 2023, que "por cierto, es correspondiente a otra legislatura", puntualiza Morillas.

Todo esto supone que, en definitiva, "se ha hurtado a la representación de la soberanía popular y a la propia nación española durante toda la XV legislatura" de conocer la traducción real de la acción política del Gobierno en términos de ingresos y gastos.

Los presupuestos no son solo una herramienta contable, sino el instrumento con el que el Ejecutivo concreta en cifras sus prioridades políticas: cuánto destina a política social, internacional, en seguridad, en defensa, fiscalidad, justicia, vivienda, transición ecológica, etc. Al no presentar este proyecto ante las Cortes, el Gobierno evita que esta hoja de ruta económica sea debatida públicamente y deja al Parlamento fuera de una de sus funciones esenciales: examinar, enmendar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

No solo sin presupuestos, también sin senda fiscal autonómica

La prórroga presupuestaria no es el único problema. A la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado se suma también la ausencia de una senda fiscal aprobada para las comunidades autónomas. Es decir, los objetivos individuales de déficit y deuda que permiten comprobar si una autonomía cumple o incumple las reglas fiscales.

No se trata solo de que el Gobierno no haya presentado nuevos Presupuestos, sino de que tampoco ha culminado el procedimiento previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 2/2012 para fijar los objetivos individuales de estabilidad y deuda para cada comunidad autónoma. De hecho, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) advirtió en un informe de julio de 2025 sobre el "retraso existente" en los primeros pasos del procedimiento presupuestario para 2026, entre ellos la ausencia de la propuesta de objetivos de estabilidad autonómica y la falta de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En condiciones normales, cuando el Gobierno tramita la senda fiscal autonómica, el artículo 20.1 establece que, si una comunidad autónoma incumple sus objetivos de estabilidad presupuestaria o deuda pública, sus operaciones de endeudamiento requieren de una autorización previa del Estado.

Sin embargo, al no contar con estos objetivos individuales, el Gobierno ha tenido que introducir una disposición específica en el BOE del 28 de abril de 2026, dentro del real decreto-ley de medidas tributarias urgentes y de apoyo por los daños causados por la DANA y otras situaciones de emergencia. En concreto, en el Capítulo II, Artículo IV, se establece que estas autorizaciones "no serán preceptivas cuando no se haya podido verificar el cumplimiento de estos objetivos por no haberse aprobado previamente objetivos individuales de estabilidad presupuestaria y deuda pública de cada comunidad autónoma".

Es decir, no es que Hacienda elimine el control sobre la deuda autonómica, pero sí flexibiliza el régimen de autorizaciones, ya que "no puede exigir el control para una comunidad incumplidora si ni siquiera ha fijado oficialmente los objetivos con los que medir este incumplimiento", explica para El Independiente el secretario general de GESTHA, José María Mollinedo.