No hace tanto que Santa Bárbara elevó el tono de la disputa empresarial con Indra a los altos tribunales para tratar de detener los programas de artillería autopropulsada porque, según la compañía de vehículos terrestres, la cotizada tecnológica "no tiene ni la capacidad ni la experiencia" necesaria para la fabricación de los vehículos. La hoja de ruta que diseñó Santa Bárbara para frenar los proyectos de 7.200 millones de euros consistió en recurrir los préstamos de 3.000 millones sin intereses que el Ministerio de Industria otorgó a la UTE de Indra y EM&E, además de impugnar ambos programas.

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Luego, la compañía elevó el recurso a la Audiencia Nacional en medio de unas negociaciones que estaban en su fase más primaria. Sin embargo, ante un veredicto judicial que paralizase los créditos o los programas, la Moncloa dio órdenes directas a la nueva cúpula de Indra de Josep María Recasens y Ángel Simón para alcanzar la paz judicial con la compañía. El Gobierno temía de que un veredicto a favor de Santa Bárbara pudiese salpicar a otros contratos del ministerio de Margarita Robles con los que se llegó al 2% del PIB del gasto en Defensa en 2025.

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Negociaciones con la brújula puesta en Corea del Sur

Santa Bárbara, con amplia experiencia en fabricación de vehículos militares, quería participar en los programas de artillería de ruedas y cadenas. Sin embargo, la Indra de un ya rendido Ángel Escribano, presentó en un acto, más diplomático que industrial, la firma con la surcoreana Hanwha para la fabricación de los blindados K9 para el programa de los obuses de cadenas. Pero tras la salida de Escribano, la cotizada, liderada por todo un Gobierno que, elevó, y a su vez, ejecutó a su presidente, se puso en marcha para acelerar la paz con Santa Bárbara.

Tras ello, José Vicente de los Mozos tomó la batuta para dirigir las relaciones de las compañías a la paz, pero el tiempo para el ejecutivo vallisoletano fue escaso, pues la cúpula de Indra decidió no renovarle después de tres años como CEO de la cotizada. Fue entonces cuando el plan de reconciliación industrial, con la llegada de la nueva directiva, cogió forma. Ya no eran llamadas por teléfono. Los actores se sentaban en la mesa de negociación con el fin de que la guerra empresarial diese un papel a Santa Bárbara en los programas militares.

Puntos de las negociaciones entre Indra y Santa Bárbara: objetivo agosto

La negociación entre las partes gira en torno a la creación de una joint venture que pueda poner a ambas compañías al servicio del Ejército de Tierra para la fabricación de los programas milmillonarios de artillería autopropulsada. Según ha podido saber El Independiente, las conversaciones avanzan y Santa Bárbara sueña con formar parte también del programa de cadenas que Indra había firmado con Hanwha. Incluso, fuentes conocedoras de la situación resaltan que el contrato que se firmó con la compañía surcoreana carece de sentido en un momento en el que el Gobierno, impulsado por la Unión Europea, busca revitalizar y fortalecer el tejido industrial nacional de la defensa.

Es en este razonamiento donde Santa Bárbara basa su argumentario. Aseguran que, a pesar de ser una compañía propiedad de la gigante estadounidense General Dynamics, sus vehículos son ampliamente reconocidos como "100% españoles". Poseen patente nacional y europea y es por eso que, aunque la matriz sea norteamericana, si Estados Unidos quisiese adquirir un blindado de Santa Bárbara, Washington tendría que pasar por España. Esta ha sido la narrativa de Santa Bárbara desde el inicio del conflicto empresarial. Defienden que, aunque son de propiedad estadounidense, poseen pasaporte español. Con todo, aseguran que disponen de la capacidad necesaria -algo que se cuestiona en Indra- para liderar los programas de defensa terrestre más grandes de 2025, muy contrario a lo que pensó el Ministerio de Defensa cuando, sin negociación ni publicidad, adjudicó a la UTE de Indra y EM&E ambos programas.

Ahora, fuentes de la situación aseguran a este medio que las conversaciones avanzan y resaltan que se espera llegar a un buen término en las próximas semanas, señalando agosto como un mes crucial para la fase final de las negociaciones. De hecho, prueba de ello, es el paso que ha dado Santa Bárbara en la solicitud que ha presentado al Supremo para suspender el recurso contra los 3.000 millones de euros en préstamos que adjudicó el Ministerio de Industria a Indra y Escribano. La suspensión del recurso no formaliza el fin de la guerra judicial, pues no se trata de una retirada de la impugnación. Pero la suspensión sí se entiende como un acto de buena fe por parte de Santa Bárbara con Indra y el Gobierno, el mismo que vio en Indra y en la empresa surcoreana las capacidades inequívocas para el sustituto de los M109 del Ejército de Tierra.