Economía | Finanzas

El juez investiga si Popular financió a clientes para comprar acciones en la ampliación de capital

Oficina de Banco Popular. Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Popular, José Luis Calama, ha solicitado a Santander documentación para investigar si Popular financió a sus clientes la compra de acciones en la ampliación de capital de 2016 y si «de forma deliberada no la restó del capital regulatorio».

El magistrado considera que es necesaria una investigación sobre la presunta financiación a la compra de acciones para los clientes del banco en el marco de la ampliación de capital que el banco lanzó en 2016 y con la que levantó 2.500 millones en el mercado. De hecho, le llama la atención que el departamento de Auditoría Interna de la entidad no la llevara a cabo por su cuenta.

Calama quiere iniciar una investigación pericial para comprobar si el banco expuso al mercado unas ratios de capital «mejores de las reales, vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.

Más concretamente, según se expone en un auto hecho público este miércoles, el juez considera que existe «un documento de enorme trascendencia» en relación con la ampliación de capital que el banco lanzó en 2016.

Para ello, solicita al banco que absorbió Popular hace casi cuatro años, Santander, tres ficheros sobre suscriptores de la ampliación de capital a personas que no fueran empleados, financiación a suscriptores no empleados en el periodo de 25 de mayo a 20 de junio de 2016 y sobre los incrementos de financiación con no empleados en el mismo periodo. Santander tiene un mes para aportar esta documentación.

Un documento «de enorme trascendencia»

El juez menciona la existencia de un documento «de enorme trascendencia» para esta investigación. Se trata de un informe en relación con el hecho relevante del 3 de abril de 2017 (el que Popular informaba de la reexpresión de las cuentas), redactado en octubre de ese año por Heraclio Peña, ex vicesecretario del consejo de administración, a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

«Del documento se deduce que tanto el consejero delegado de Banco Popular como los directores generales de Banca Minorista y de Negocio de Clientes lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial- a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela de Banco Popular a fin de participar en la referida ampliación de capital», apunta el juez.

Todo en un contexto en el que, como recuerda el auto, el Manual de Políticas de Riesgo de la entidad prohibía «la financiación para la compra de acciones y preferentes del grupo», algo que conocían tanto las sucursales como las direcciones regionales y territoriales, según el juez.

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