Las consecuencias económicas que está dejando la pandemia van a provocar, con toda probabilidad, una oleada de insolvencias empresariales. Muchas compañías se verán obligadas a echar el cierre por las pérdidas que les provocará la paralización de la actividad y las restricciones, pero otras lo harán por no poder enfrentarse a su elevado endeudamiento, algo sobre lo que ya advierten las autoridades europeas.

La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), el organismo dedicado a vigilar las amenazas para la estabilidad financiera en la Unión Europea, presidido por Christine Lagarde, ha instado a los gobiernos de la región comunitaria a vigilar el aumento de la deuda privada que se está produciendo como efecto colateral de la puesta en marcha de medidas de apoyo a la economía y contención de la crisis.

No solo por las propias empresas, sino por el efecto que una deuda privada desproporcionada podría tener sobre el sistema financiero y su estabilidad. «Cuanto más dure la crisis y cuanto más débil sea la recuperación económica, mayor riesgo existirá de que las pérdidas del sector no financiero inunden al financiero», advierte la JERS en un informe publicado el martes.

Cuanto más dure la crisis, mayor riesgo existirá de que las pérdidas del sector no financiero inunden a la banca»

Es por eso que desde esta autoridad europea, clave para monitorizar los riesgos que amenazan a la estabilidad financiera, instan a los gobiernos a vigilar la sostenibilidad de la deuda privada, pero también a dirigir las medidas fiscales hacia los sectores más afectados por la pandemia.

Solo así se podrá evitar que los bancos se contagien del deterioro económico y resurja el riesgo de que se produzca una crisis financiera.

También advierte la JERS de que los países deben prepararse para un escenario de aumento de los problemas de las empresas «abordando rápidamente las posibles limitaciones administrativas respecto al tratamiento de los préstamos morosos y las insolvencias», pero también para coordinar las políticas entre los países.

Ayudas directas como contención

Estas advertencias coinciden en el tiempo con el desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno, el Banco de España y la banca para encontrar fórmulas para evitar que las empresas viables se vean arrastradas por la corriente de las insolvencias.

El Ejecutivo trabaja también en el diseño de ayudas directas para las compañías más afectadas y prevé aprobarlas el próximo mes de marzo, en medio de las críticas que se han producido estos días sobre el hecho de que España está, según un informe del BCE, entre los países que menos ayudas directas (1,3% del PIB) han aprobado estos meses.

Aunque el Ministerio de Asuntos Económicos aún no ha detallado qué clase de medidas se pondrá en marcha, lo que está claro es que se tratará de ayudas directas y no de financiación, algo a lo que ya ha dado cobertura el Gobierno desde el pasado mes de marzo.

No en vano, una de las medidas estrella del Gobierno para paliar los efectos económicos de la pandemia han sido las garantías estatales a créditos concedidos a empresas en problemas. A través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto a disposición unos 140.000 millones en avales para asegurarse de que la banca no tenga reparos a la hora de conceder préstamos a las empresas con problemas de liquidez.

Otra de las medidas que más impacto ha tenido han sido las moratorias para el pago de préstamos, que permiten a sus solicitantes atrasar el abono de la cuota de un crédito y pagar tan solo los intereses durante un tiempo limitado con el objetivo de no estrangular a los prestatarios. Ahora bien, pasado el impacto inicial de la crisis, las empresas temen que su solvencia se vea comprometida por su elevado endeudamiento. De ahí que se planteen ahora las ayudas directas.