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El PP recurre el decreto del euskera por "inconstitucional" y Vox por "racista"

El ex presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, en una comparecencia. EFE

El Partido Popular y Vox han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el decreto aprobado por el Gobierno vasco en noviembre pasado y en el que se regula el uso del euskera en las administraciones locales. La norma, que permite a un consistorio establecer el euskera como única lengua de trabajo y relación con la ciudadanía, y limitar el uso del castellano a una petición expresa de los ciudadanos, había suscitado un profundo rechazo en ambas formaciones. Los dos partidos han confirmado hoy, horas antes de que culminara el plazo, la presentación de sendos recursos ante el TSJPV.

Desde el PP su presidente, Alfonso Alonso, denunció tras la aprobación de la norma por parte del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que se trataba de un decreto «inconstitucional» que «cercenaba libertades» y ampliaba «imposiciones». El presidente popular consideró que supone «un grave atentado» contra las libertades y que el requisito de ajustarlo a la realidad sociolingüística de cada zona al que se alude supone en realidad una imposición a la «realidad socionacionalista».

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández también denunció ayer que se trata de un decreto que contraviene la Constitución «porque son los ciudadnos los que tienen un derecho de utilizar la lengua de su preferencia mientras que a los poderes públicos les corresponde garantizar ese derecho». El PP recuerda que la sentencia que en la tramitación del Estatut dictó el Tribunal Constitucional en 2010 se blindaba que todas las lenguas oficiales deben serlo de «uso normal y por y ante el poder público». Añade que determinaba que el poder público no podía «tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficial». El PP recuerda que ya entonces quedó anulada la pretensión de declarar «lengua prefernte» al catalán.

Los populares vascos han iniciado una campaña en redes en las que a través de diversos vídeos denunciarán la utilización lingüística y la aprobación del decreto que hoy han recurrido ante la Justicia.

Desde Vox también hoy se ha arremetido contra el decreto del Ejecutivo de Urkullu. Su portavoz, Ivan Espinosa de los Monteros y la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, han calificado de «atropello lingüístico para los castellanoparlantes» el contenido de la norma. Han denunciado que se pueda exigir a un ciudadano que manifieste expresamente y por escrito su deseo de comunciarse en castellano: «Es un sistema racista propio del PNV y Bildu», ha señalado Olona, quien ha añadido que lo que se busca es «crear un censo de vascos de primera y de segunda categoría».

«Odio al español»

Vox señala que el recurso sólo busca que se pueda garantizar el conocimiento y el uso del castellano «sin perjuicio de otras lenguas». Olona, que ejerció como abogada del Estado en Euskadi durante cinco años, ha denunciado que detrás de este tipo de normas se esconde un «odio al español» que es posible por la «incomparecencia del Estado». En este punto ha pedido explicaciones al actual delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza y al que pedirán que de explicaciones de las actuaciones y recursos presentados en defensa del Estado.

El citado decreto que ahora recurren PP y Vox es consecuencia del desarrollo de la Ley Municipal vasca. Con él el Ejecutivo vasco pretende mejora el uso del euskera en la Administración vasca. La norma permitirá a un Ejecutivo adaptar sus usos idiomáticos a la realdiad sociolingüística de su entorno. Así, en caso de que la mayoría de la representación municipal lo acuerde, se podrán establecer «unidades administrativas» o incluso el conjunto del ayuntamiento, en las que el euskera sea la única lengua de trabajo y relación. De esta forma, se podrá obligar a los funcionarios a trabajar únicamente en euskera y a que toda la documentación y relación con otras administraciones se realice en este idioma. Además, las relaciones con los ciudadnos también se harían en euskera y sólo en los casos en los que estos lo soliciten se podría optar por el castellano.

El artículo 27.2 del decreto establece incluso que esas peticiones de lengua preferente se deberán hacer constar en una base de datos. De igual manera, el ayuntamiento que lo establezca podrá imponer que las relaciones con sus proveedores sea en euskera o que el acceso a todo tipo de subvenciones y ayudas esté condicionado y tramitado sólo en euskera.

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