La guerra por el veto parental, la polémica medida a la que Vox supedita el apoyo a las cuentas de las Comunidades Autónomas en las que sus votos son necesarios -Madrid, Murcia y Andalucía-, continúa abriendo fisuras en el bloque de la derecha, en el que comienza a evidenciarse la falta de consenso en PP y Ciudadanos.

Y las brechas internas más evidentes se han abierto en las filas populares. Isabel Díaz Ayuso rechazaba ayer en rueda de prensa implantar el pin parental en la Comunidad de Madrid ya que, a su juicio, "no parece lógico" que la aprobación de las cuentas madrileñas, que superan los 20.000 millones de euros, se vean retrasadas por un debate "inexistente e innecesario". Un discurso cuanto menos contradictorio con el sostenido por Pablo Casado en los últimos días, que lejos de oponerse a la controvertida medida, la hacía suya: "Saquen sus manos de nuestros hijos", llegaba a aseverar el jefe de la oposición.

Y Vox no ha dejado pasar la oportunidad de pescar en las contradicciones del PP y en la fractura interna a raíz de una polémica sembrada por ellos mismos. En rueda de prensa en el Congreso de lo Diputados, el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, acompañado de la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, ha vuelto a supeditar este jueves el apoyo de su formación a los presupuestos madrileños a que se transija con el pin parental, al tiempo que ha subrayado que "el apoyo de Vox a las iniciativas que quieran sacar adelante PP y Ciudadanos no les va a salir gratis".

La tensión entre los socios de Gobierno en Madrid, Murcia y Andalucía es mayor que nunca. Espinosa ha incidido en la falta de consenso entre los populares, y ha instado a Casado y Ayuso a "ponerse de acuerdo". "Si hay problemas de comunicación interna tendrán que solucionarlo entre ellos", ha reiterado y, tal y como señaló la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en una entrevista para El Independiente, ha subrayado que la postura de su formación "no va contra el PSOE, sino contra las leyes que arrancó el PP en Madrid".

El dirigente de Vox ha señalado que el presidente del PP estuvo acertado cuando defendió la iniciativa "como han hecho otros dirigentes", y ha tratado de disipar la justificación que dio Ayuso para no implantar la medida en Madrid porque no hay denuncias de adoctrinamiento comparando con "la situación en las escuelas de Cataluña". En todo caso, ha asegurado que la presidenta autonómica del PP acabará desdiciéndose de las "aseveraciones tan tajantes" que realizó este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno madrileño.

La falta de consenso ha llegado incluso a Ciudadanos, donde pese a venir manteniendo una postura ambigua para espantar el fantasma de división, ya se han producido las primeras contradicciones: mientras dirigentes como Toni Cantó se ha abierto a estudiar la medida en Valencia "venga de Vox o de donde venga", el vicepresidente de Andalucía, Juan Marín, se ha puesto en frente de su socio de Gobierno asegurando que "no hay voluntad" de implantar el pin parental en la región. Marín mantenía su postura este miércoles, después de asegurar en TVE que si los de Abascal les exigían el veto parental "no tendrán el apoyo de Ciudadanos. Lo siento", advertía.

"Les recomendamos que no hagan declaraciones en las que dicen que no van a hacer cosas para luego acabar haciéndolas", ha instado desde el Congreso Espinosa de los Monteros, deslizando la predisposición que ha mostrado Ciudadanos a transigir con el veto parental en Andalucía y Murcia, territorios en los que aún no se ha desarrollado pero que sí se recoge, aunque con otras palabras, en su acuerdo de Presupuestos.

En concreto, el primer punto del acuerdo presupuestario firmado en Murcia por PP, Cs y Vox viene especificado un acuerdo en materia educativa en el que se establece que "se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias a educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias a la participación de sus hijos en actividades complementarias". Esa autorización es, precisamente, la definición del 'pin parental' que defiende Vox.

Sin embargo, lo que perseguían los de Abascal en la Región de Murcia y que Ciudadanos sí logró frenar era una implantación del pin parental agravado, esto es, una modificación de los decretos educativos para su blindaje legal y, por ende, la obligatoriedad de aplicar esta medida con todos sus componentes en todos los centros educativos, una condición con la que sí transigió el PP de Fernando López Miras y a la que se opuso Isabel Franco. Los límites de la norma están, según el documento, en el respeto a la "Constitución", "las leyes de educación nacionales" y la propia ley LGTBI regional, "que obligan a impartir las actividades complementarias programadas y aprobadas por el Consejo Escolar".