Política

Las condiciones de Vox arrinconan de nuevo a los gobiernos autonómicos de PP y Cs

Fernando López Miras (PP) Isabel Franco (Cs) y el coordinador de Vox, Luis Gestoso.

Fernando López Miras (PP) Isabel Franco (Cs) y el coordinador de Vox, Luis Gestoso, en una fotografía de archivo. EFE

Finalmente hubo acuerdo. Los teléfonos ardían en el Palacio de San Esteban hasta que, alrededor de las 21:00 horas de la noche, PP, Vox y Ciudadanos cerraron su alianza para alumbrar los Presupuestos de 2020 en la Región de Murcia. La polémica estaba servida, de nuevo con Vox como detonante. Dos palabras han cobrado un gran protagonismo en las últimas horas, cuya controversia ha trascendido incluso a la política nacional: ‘pin parental’. Es la condición sine qua non que planteaban los de Santiago Abascal para prestar los cuatro diputados con los que cuenta en Murcia para aprobar las cuentas de la Región. El PP de Fernando López Miras ya había transigido con la exigencia, si bien en Ciudadanos, pese a tratar de transmitir un mensaje de unidad en torno a su postura -en principio contraria a implantarlo- se han sucedido voces que han desmentido a las anteriores sobre la medida, con la que finalmente han transigido… en parte.

Ciudadanos estaba, precisamente, en el foco. Hiciese lo que hiciese desencadenaría necesariamente una tormenta -otra más- en el Ejecutivo autonómico de Murcia. Cabe destacar que la decisión que se ha derivado de las negociaciones ha dependido de una nueva gestora, nombrada por la dirección nacional el pasado martes -en el marco de los nombramientos impuestos desde Madrid a nivel autonómico y que abrió un nuevo cisma en el partido naranja-, en cuyo órgano no está representada la vicepresidenta regional, Isabel Franco, en favor de la denominada ‘línea dura’ del partido.

Así, transigir con la norma del ‘pin parental‘ desatasca los Presupuestos, pero al mismo tiempo dan carta blanca a Vox para implantar su medida estrella al tiempo que desacreditan a la vicepresidenta de la Región y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Franco ha sido muy clara al respecto: en una entrevista para Onda Regional, subrayaba que la condición de Vox es una «línea roja» para la aprobación de las cuentas. Menos duro era el tono mantenido desde la gestora, que evidenciaron que, pese a no gustarles la condición, su intención pasaba por «respetar al equipo negociador y sus decisiones».

Una vez más, como se comprobó durante las negociaciones de investidura en Madrid y Murcia, la senda que marcase el primero de los territorios se trasladará necesariamente al segundo, y a la inversa. Así, las condiciones con las que Ciudadanos aceptase la autorización parental en Murcia marcarían el camino de Ignacio Aguado en su negociado. De hecho, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ya ha condicionado también su apoyo a los Presupuestos madrileños a que PP y Ciudadanos se comprometan a implantar una medida dirigida a «defender la libertad de los padres», que se contrapone a lo argumentado, hasta ahora, por el vicepresidente madrileño. «No vamos a aceptar este tipo de fórmulas, pero sí tendemos la mano a Vox y a todas las formaciones para buscar lo que nos une», afirmó el jueves ante los medios de comunicación.

Por contra, si hubiesen denegado la propuesta, Ciudadanos hubiese sido el responsable de encallar la enésima negociación para intentar sacar adelante las cuentas de la región y, por ende, la estabilidad del Gobierno autonómico. Fuentes del partido afirman, en conversación con este medio, que las llamadas, los mensajes y las reuniones imprevistas y no comunicadas se han sucedido en las últimas horas entre las tres fuerzas políticas, y adelantaban que su objetivo no era que Vox diese marcha atrás en su órdago, sino «llegar a un punto intermedio de acuerdo».

La ‘línea roja’ para Ciudadanos era, según estas fuentes, que hubiese «un compromiso por la libertad de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos», pero que no esté blindado legalmente por un decreto, «como pretendía Vox». Y es justo lo que se ha conseguido a última hora del jueves. El acuerdo en materia educativa, -recogido en el primero de los doce puntos del documento- con la rúbrica de las tres formaciones establece que “se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias a la participación de sus hijos en actividades complementarias».

De este modo, Murcia tiene ya sus Presupuestos, Vox ha vuelto a arrinconar al gobierno autonómico imponiendo de nuevo su ‘pin parental’ y Ciudadanos ha conseguido salvar las distancias «frenando» a los ultraconservadores en su intento de modificar la normativa vigente, ya que las autorizaciones parentales de los de Abascal tendrán como límite «la Constitución, las leyes de educación nacionales y la propia ley LGTBI regional, que obligan a impartir las actividades complementarias programadas y aprobadas por el Consejo Escolar». En el borrador del documento, al que ha tenido acceso este medio, sólo aparecen referenciados, no obstante, los límites que marque la Carta Magna.

Los Presupuestos murcianos cuentan con un precedente. En Andalucía, PP y Cs aceptaron la misma medida de Vox para sacar adelante las cuentas, pero sin las exigencias que planteaban ahora en Murcia, que incluían un blindaje normativo. Por el momento, el control parental en las aulas andaluzas continúa en stand by: no se ha aplicado ni sentado las bases para hacerlo, «y no hay nadie de Vox allí que esté quemando contenedores», señalan los naranjas.

Y el ‘pin parental’ tampoco coge de nuevas en Murcia. La consejería de Educación emitió en agosto de 2019 unas instrucciones en la que establecía que era necesaria la autorización de los progenitores para que sus hijos asistieran a determinadas actividades, algo que Juan José Molina, el portavoz parlamentario de Cs, ha criticado duramente en la Asamblea Regional. Defienden los liberales que, pese a ello, «actualmente esa medida tiene un rango mínimo y puede revocarse en cualquier momento». Y, a tenor de lo firmado, así seguirá. Recuerdan en Ciudadanos que muchas de las líneas curriculares dependen de la Ley Educativa a nivel estatal, lo que pone en duda la legitimidad de las reformas que quería acometer Vox.

«La Constitución, la legislación educativa y las propias leyes LGTBI establecen que los contenidos curriculares en las aulas, son curriculares. Abrir la puerta a lo que defiende Vox -que limita, en principio, el ‘pin parental’ a actividades relacionadas con la ideología de género o educación afectivo-sexual- podría desencadenar situaciones del todo absurdas, y que llegado el momento un padre se plantase con un formulario exigiendo que a su hijo no se le enseñe la teoría de la evolución, por ejemplo. Son medidas maximalistas, y con ello no vamos a transigir», advertían fuentes cercanas a la gestora regional minutos antes de conocerse el acuerdo.

¿En qué consiste el ‘pin parental’?

La controvertida demanda es una de las joyas de la corona en las negociaciones autonómicas en que los de Santiago Abascal son determinantes. Por esta medida, encuadrada en la defensa de la «libertad educativa», los padres pueden vetar todas aquellas actividades impartidas en los centros escolares que cuestionen sus convicciones morales, ideológicas o religiosas a través de una autorización expresa que pueden interponer las familias ante cualquier materia o actividad complementaria que desarrollen los menores.

Y quieren blindarlo con la ley. Lo que propone Vox es una modificación legal en Educación para exigir una autorización expresa de las familias para que sus hijos desarrollen las actividades complementarias del centro que, al ser curriculares, resultan obligatorias.

En el modelo de solicitud de Vox aparece reflejado el «derecho» de los padres a impedir que se impartan determinadas materias a sus hijos «ante la posibilidad de ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad y contra mis principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades turoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo sexual que incumpla el artículo 27.3 de la Constitución española».

Del mismo modo, obliga a los colegios que informen a las familias detalladamente de la programación de la actividad; sus contenidos objetivos, materiales, fecha, duración, así como nombre y titulación de la persona que imparte o de la entidad responsable de la organización o dirección de la actividad o taller. Es una manera de identificar con nombres y apellidos, por ejemplo, a quienes dan charlas LGTBI en los colegios, una antigua medida de los conservadores que fue tachada por este tipo de colectivos como una «caza de brujas».

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La izquierda lo llevará a los tribunales

Los naranjas, que gobiernan algunos ayuntamientos y autonomías dependiendo del sentido del voto de Vox, siempre han criticado a los de Santiago Abascal por querer influir en los contenidos educativos obligatorios que deben recibir o no los alumnos. En la Comunidad de Madrid, sin embargo, Monasterio no pudo imponer el ‘pin parental’ en el acuerdo de investidura ante la negativa del tándem Ayuso-Aguado a aceptarlo porque «la política no puede entrar en las aulas» aunque ahora, de nuevo, los Presupuestos aparecen supeditados a que PP y Cs cedan en esta materia. Habrá que esperar a que comiencen las negociaciones para conocer si Vox aceptará en la joya de la corona la fórmula adoptada en Murcia y Andalucía.

Y aunque Ciudadanos permitiese finalmente el decreto ley que quiere implantar, Vox contará con otra oposición frontal para sacar adelante sus planes: el Gobierno central, y en concreto la titular de Educación, Isabel Celaá, que ya ha anunciado que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado».

El ‘pin parental’ supone, a su juicio, una injerencia en materia educativa ya que vulnera «el derecho constitucional a ser educado» y «las competencias que tienen atribuidas por ley los centros educativos para tomar sus decisiones curriculares».

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