El Gobierno contra el Rey

Ya pueden el Gobierno y sus terminales mediáticas intentar, con una torpeza insuperable, colocar sobre la cabeza de la Casa del Rey la decisión de no haber acudido el viernes pasado a presidir el acto solemne de la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebraba como todos los años en la Escuela Judicial que tiene su sede en Barcelona, que el intento no tiene cabida ni en la lógica, ni en la tradición, ni en el sentido institucional que acompaña todas las actuaciones del Rey Felipe. Estamos hablando de un acto en el que se representa, a través de los nuevos jueces, el encaje del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, en la arquitectura constitucional presidida por el Rey en nombre del cual de ahora en adelante estos jóvenes jueces impartirán justicia.

Nunca, jamás, el Rey ha declinado cumplir con su papel como jefe del Estado, "símbolo de su unidad y su permanencia" como establece el artículo 56 de la Constitución. Recuérdese, como muestra, lo que sucedió el 27 de agosto de 2017 en Barcelona en el acto de repulsa por los atentados yihadistas cometidos en la ciudad el 17 de ese mismo mes. Aquello constituyó una auténtica encerrona al Rey quien, sin embargo, hizo todo el recorrido impávido, sin un gesto de contrariedad, a pesar de que los abucheos contra su persona y contra la Corona fueron constantes y a pesar de que, inmediatamente delante de la fila de autoridades en la que estaban el Rey Felipe y el presidente Mariano Rajoy, caminaban de cara a ellos y espaldas al sentido de la marcha, unos cuantos independentistas que portaban lemas contra España y contra la Monarquía a la que se acusaba de estar implicada en el comercio de armas en Oriente Próximo. Pero tenía que estar allí y estuvo. No tuvo dudas en ningún momento.

Nadie puede decir que el Rey haya eludido nunca sus responsabilidades y mucho menos por una cuestión de seguridad. Hay que ser, o querer ser, muy crédulo para captar como buena la versión, recogida ayer por Ketty Garat en Libertad Digital, de que lo único que hizo el Gobierno fue advertir a la Casa del Rey de que "habría un problema de seguridad para Felipe VI" porque se esperaba para ese día la publicación del fallo de la inhabilitación de Torra y eso podía provocar protestas contra el Rey en Barcelona.

Nadie puede dudar de que el Rey no ha eludido nunca sus responsabilidades y mucho menos por una cuestión de seguridad

"Fue la Casa del Rey quien tomó la decisión de cancelar su presencia para protegerle". Vamos hombre, venga ya. O sea, que el Rey decide no presidir el segundo acto con más trascendencia institucional del Poder Judicial porque pudiera ser, pudiera ser, que ese día Quim Torra quedara definitivamente inhabilitado por el Tribunal Supremo y sus partidarios podrían manifestarse en contra de la presencia de Felipe VI en Barcelona.

Pero ¿hay alguien que se trague semejante trola? Entre otras muchas cosas porque la seguridad del Rey es responsabilidad exclusiva del Gobierno, cuya obligación es no ir lloriqueando a La Zarzuela a contar lo difícil que va a ser proteger la presencia del Rey en un punto cualquiera de la geografía española -en este caso en Barcelona "porque la temperatura política está subiendo en Cataluña"- y sí acudir con un plan perfectamente diseñado para garantizar su seguridad. Faltaría más que el Rey tuviera que acoplarse a los designios de Torra, Puigdemont, Junqueras o cualquiera de los suyos.

Lo que ha quedado definitivamente claro es que era al Gobierno a quien no le convenía que el Rey estuviera este viernes pasado en Barcelona porque no quiere ahora problemas con los independentistas. Pero es que la figura del Jefe del Estado está siempre, siempre, por encima de las coyunturas políticas que afecten al Gobierno y en ningún caso puede ser moneda de cambio de sus intereses políticos. Esto es completamente inaceptable.

Pero eso no es todo. El Gobierno carece absolutamente de credibilidad y de la más mínima autoridad moral a la hora de presentarse como defensor de la institución monárquica por la sencilla razón de que forma coalición con un partido que el 19 de septiembre, tan cerca como hace una semana, escuchó a su líder y vicepresidente del Gobierno decir que los republicanos deben ser capaces de entender el "momento histórico de crisis de la monarquía" y subrayar la "necesidad de avanzar hacia un horizonte republicano [...] Esa tiene que ser una tarea fundamental de Podemos en los próximos tiempos" dijo ese día Pablo Iglesias a los asistentes al Consejo Ciudadano Estatal de su partido.

Al Gobierno no le convenía que el Rey estuviera este viernes pasado en Barcelona porque no quiere ahora problemas con los independentistas

Por lo tanto, los antecedentes históricos y también los más inmediatos del socio de Gobierno convierten en increíble cualquier esfuerzo por adjudicar a la Casa del Rey una decisión del todo incompatible con la demostrada trayectoria de máxima responsabilidad institucional del Rey Felipe.

Y sin embargo, todo lo sucedido del viernes aquí avala y ratifica el intento de una parte de este Gobierno -por lo tanto, el intento del Gobierno como tal- de desacreditar al Rey y a la Monarquía, un paso imprescindible para ir a continuación a intentar derribar la Constitución de 1978.

"Esto no es una broma" dicen desde Moncloa. Naturalmente que no lo es. Estamos asistiendo al ataque más directo y más violento a la Monarquía parlamentaria de todos cuantos se han intentado desde la izquierda y la extrema izquierda en los 40 años de democracia constitucional. El simple hecho de que fuentes del Gobierno hayan dicho a Ketty Garat "esperemos que este sea sólo una anécdota y no el principio de un acontecimiento histórico" constituye una amenaza velada pero clarísima y muestra hacia donde se van a dirigir los tiros de aquí en adelante.

Estamos ante una operación de acoso y derribo de la Monarquía parlamentaria y de la Constitución que la consagra en su artículo 1 como la forma política del Estado español. Operación que, como ha explicado claramente el vicepresidente del Gobierno, debe aprovechar el momento de máxima debilidad del prestigio de la institución a cuenta de las actividades presuntamente irregulares protagonizadas por el viejo rey Juan Carlos I. Claro que no es una broma, por supuesto que no, es un acontecimiento de la máxima trascendencia porque se trata de un ataque clarísimo al sistema democrático español orquestado desde dentro del propio Gobierno.

Dicho esto, hay que añadir que de ninguna manera el presidente Sánchez puede respaldar ni tampoco guardar silencio, ni siquiera quedarse quieto, ante las declaraciones de su ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, en las que ataca al Rey de una manera intolerable, mucho más viniendo como viene de un miembro del Ejecutivo. Un ministro del Gobierno de España no puede de ninguna manera decir lo que ha dicho este hombre: "La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible".