Sólo el 15% de los policías nacionales que usen la pistola eléctrica llevará cámara de grabación

El número de cámaras con las que se ha dotado inicialmente la Policía Nacional alcanza tan sólo al 15 % de las 'pistolas eléctricas' que ha encargado, pese a reconocer que es recomendable que los agentes graben el desarrollo de la actuación -y específicamente registren imágenes de la zona del cuerpo en la que se haya aplicado la descarga- cuando utilicen estos dispositivos electrónicos de control de uso eminentemente disuasorio.

El Cuerpo Nacional comenzará próximamente a distribuir los primeros 300 dispositivos a funcionarios de diversas unidades y servicios que previamente superen un curso de formación teórico-práctico. Este lote forma parte del encargo de 1.000 unidades que la División Económica y Técnica adjudicó el pasado 20 de abril por 2,1 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Axon Public Safety Germany SL -filial de la antigua Taser International- y en la que participa la empresa catalana Nidec Defense Group. Otras 300 se entregarán antes del 1 de junio de 2021 y las 400 restantes el 29 de febrero de 2022 como fecha tope.

El contrato que la Policía sacó a licitación en diciembre de 2019 no exigía de forma expresa el suministro de un número de cámaras corporales de grabación. Fue el proveedor que terminó adjudicándose el contrato el que ofreció 150 unidades como mejora de la oferta para hacer ésta más atractiva y tener más opciones de llevarse el encargo. Las videocámaras se activan automáticamente al inicio de la intervención y pueden captar incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial, por lo que las imágenes pueden presentarse como prueba en un proceso judicial al no ser manipulables.

En las instrucciones generales sobre la utilización del dispositivo electrónico de control, un documento de ocho páginas cuyo borrador se analizará en la sesión que la Comisión de Personal y Proyectos Normativos ha convocado para el próximo día 29, la Dirección General considera que debe grabarse el desarrollo de la actuación "siempre que sea posible y se disponga de los medios adecuados". Y añade: "En su caso no se detendrá la grabación hasta que se dé por finalizada la actuación en el lugar de los hechos".

Licitación de la Guardia Civil

En la práctica, tan sólo una parte de los agentes a los que se les dote con este recurso dispondrá en principio de videocámara, salvo que la Policía destine en el futuro partidas presupuestarias a completar el número de unidades. De momento, ha recibido 300 'pistolas eléctricas' y 150 videocámaras.

Esta situación contrasta con la decisión que han adoptado otras policías del país, que han optado por incorporar el mismo número que dispositivos electrónicos de control. Es el caso de la Policía Municipal de Madrid, que ya cuenta con 150 equipos.

También sucederá en la Guardia Civil, que recibirá ofertas hasta el próximo 11 de noviembre para comprar un mínimo de 150 pistolas de efectos eléctricos incapacitantes para dotar a distintas unidades. El presupuesto máximo de licitación asciende a 454.929,75 euros -con cargo a la anualidad de 2021- y serán las primeras que incorpore también este Cuerpo.

"Se trata de una herramienta idónea para su uso en lugares de grandes aglomeraciones de personas, donde el arma de fuego resultaría mucho más desaconsejable por los posibles daños colaterales. Los impulsos generados por el dispositivo interfieren las señales nerviosas que se transmiten al sistema muscular y sensorial para obtener una incapacitación mediante una corriente eléctrica pulsante entre los electrodos durante el tiempo de exposición. Están equipadas, además, de un dispositivo que permite documentar gráficamente las intervenciones en las que se ha utilizado, resultando un apoyo muy efectivo para los agentes en posteriores declaraciones en sedes judiciales", se lee en el pliego de cláusulas administrativas que regula la contratación que ha sacado la Jefatura de Asuntos Económicos del instituto armado.

El protocolo que ha elaborado la Policía Nacional con las condiciones de utilización y las normas básicas de seguridad, al que ha tenido acceso este diario, establece la obligación de informar a la autoridad judicial del uso del dispositivo electrónico de control aunque se trate de un "disparo fallido".

Con carácter general, los agentes no podrán utilizar la 'Taser' con mujeres embarazadas ni menores de 14 años, personas de avanzadas edad y en las que sea perceptible la debilidad de su salud, en manifestaciones y concentraciones multitudinarias y en prisiones salvo casos de "motines y toma de rehenes". Tampoco podrá usarse cerca de sustancias o gases inflamables o cuando la persona a reducir se encuentre en un lugar elevado desde el que pueda precipitarse al vacío.

El protocolo de uso que ha elaborado aconseja que se grabe la actuación, pero la Policía ha comprado 1.000 'Taser' y sólo 150 videocámaras

Los agentes, igualmente, están obligados a informar "lo antes posible" tanto al Centro Inteligente de Coordinación, Mando y Control (CIMACC) de la Policía como a la jefatura de la unidad a la que se encuentre adscrito, así como facilitar asistencia médica a la persona que ha recibido la descarga. De negarse ésta a recibir esa atención, el funcionario deberá hacerlo constar expresamente en las diligencias que instruya.

En caso de que el ciudadano sufra lesiones de mayor entidad que las propias de la aplicación del dispositivo electrónico (los impulsos eléctricos son de alto voltaje pero de bajo amperaje y corta duración), el agente tendrá que informar "a la unidad/órgano correspondiente" para que se lleve a cabo una investigación.

Según ha informado la Policía, está previsto que durante el mes de noviembre se formen en la Escuela Nacional de Ávila a 66 agentes, que se encargarán a su vez de impartir los conocimientos sobre el manejo de estos dispositivos electrónicos de control a las diferentes plantillas policiales. Los funcionarios deberán superar ese curso de formativo, que incluirá cuestiones relacionadas con la manipulación, mantenimiento y correcta utilización del dispositivo, así como normas deontológicas y técnicas de primeros auxilios.