España | Islas Canarias

El trato de Interior a los policías que atienden a los migrantes en Canarias llega a Bruselas

Un sindicato europeo con 250.000 afiliados envía una carta a Vonder Layen denunciando las “precarias condiciones” en que los agentes están haciendo su trabajo en Arguineguín y le insta a tomar medidas ante el “alto” riesgo sanitario al que se exponen

Un policía nacional, la semana pasada en el muelle grancanario de Arguineguín.

Un policía nacional, la semana pasada en el muelle grancanario de Arguineguín. EP

El Sindicato Europeo de Policías (EPU en sus siglas en inglés) -organización que representa a 250.000 agentes de varios países- ha denunciado ante la Comisión Europea las «precarias condiciones» en las que están realizando su trabajo los funcionarios policiales que atienden a los migrantes que llegan al puerto grancanario de Arguineguín debido a los insuficientes medios de protección con que el Ministerio del Interior les está dotando, por lo que urge soluciones para mitigar el «alto» riesgo sanitario al que se está exponiendo el colectivo en el desempeño de sus funciones.

Así se explica en la carta que el presidente del EPU, el neerlandés Gerrit van de Kamp, envió a Ursula von der Leyen el pasado 19 de noviembre tras recibir una denuncia de la Confederación Española de Policía (CEP) en la que alertaba de las «graves deficiencias laborales» que están sufriendo los policías allí destacados. Los sindicatos policiales vienen demandando desde hace días a la Dirección General de la Policía más medios de protección, un refuerzo de efectivos y el acceso rápido a la prueba de detección del corovonavirus para evitar contagios.

En la misiva, a la que ha tenido acceso El Independiente, Van de Kamp trata de llamar «urgentemente» la atención de las autoridades comunitarias ante el «aumento del riesgo y las considerables consecuencias para la salud, la seguridad y la protección» de los policías españoles que están gestionando la avalancha de migrantes ilegales que desde el pasado verano están llegando a las costas canarias. Hasta el pasado 15 de noviembre habían llegado 16.760 personas, un 1.019 % más que el año anterior.

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El EPU recuerda que, una vez en puerto, los policías deben aislarlos, identificarlos mediante huellas dactilares, custodiarlos para que cumplan la cuarentena, elaborar los expedientes administrativos para internarlos en centros específicos o repatriarlos a sus países de origen e intervenir ante las «alteraciones» del orden público registradas en el campamento improvisado en el muelle pesquero de Arguineguín, que ha llegado a acoger a casi 2.500 migrantes. Y todo ello en unas «precarias condiciones».

El sindicato denuncia que Interior «no facilita» el acceso rápido a la prueba de la covid-19 y los policías se lo pagan para no contagiar a sus familiares

«A pesar del alto riesgo sanitario, el Ministerio del Interior no facilita el acceso inmediato a las pruebas de la covid-19 y el procedimiento para solicitar esta prueba médica es lento, por lo que para evitar el contagio entre sus familias los policías se lo están pagando ellos mismos. Tampoco hay acceso a medios de protección especiales, como gafas de seguridad, y los demás que se utilizan (máscara, guantes de nitrilo, monos protectores) deben incluirse en un informe diario que los agentes están obligados a hacer después de jornadas de trabajo de 12 y 14 horas. Por otra parte, las funciones de identificación y la redacción del expediente administrativo de extranjeros se realizan sin medios materiales, en mesas improvisadas al aire libre y sin disponer de aseos públicos exclusivos para los policías españoles», se quejan.

El presidente del Sindicato Europeo de Policías alerta del «caos» que se produce cada vez que llega una patera. «Los inmigrantes infectados se mezclan con los sanos, los que han sido examinados médicamente con los que aún no, los que acaban de llegar a Canarias con los que ya estaban internados en la estructura instalada en el puerto. Esto representa un riesgo sanitario muy alto», advierte.

En este sentido, Gerrit van de Kamp considera que a estas alturas no debería ser noticia que policías que «arriesgan sus vidas por otros en situaciones de emergencia» estén expuestos a un «alto riesgo innecesario para la salud» en el ejercicio de sus funciones por una «escasez» de recursos humanos, medios de protección y equipamientos, tras llevar vigente desde hace más de 30 años la directiva europea sobre salud y seguridad en el trabajo.

«Deber moral» de Europa

Con todo, el sindicato recuerda que la presión migratoria irregular que está sufriendo ahora el país «afecta claramente a toda la Unión Europea», por lo que demanda a Von der Layen «presupuestos y medios especiales para ayudar a España y a la Policía Nacional Española a soportar mejor esta avalancha». «Estamos ante un reto europeo provocado por las mafias de tráfico legal de personas que se aprovechan de la pobreza y la angustia de los ciudadanos africanos que huyen de la violencia y el hambre en sus países. La inmigración ordenada y legal no puede ceder ante la actividad delictiva de estos grupos», razona.

En esta línea, el EPU apela al «deber moral» de la Comisión Europea de traducir su «plena responsabilidad» en la lucha contra el problema de la inmigración ayudando a España «de forma coordinada, adecuada, segura y humana», garantizando la seguridad de los policías que se encuentran en primer línea.

«Dada la gravedad de la situación en España, agradeceríamos una rápida respuesta de las instituciones europeas en relación con las medidas e iniciativas que se están adoptando, bajo su supervisión, para garantizar la salud, la seguridad y la protección de los agentes de policía españoles en la ayuda a la crisis migratoria en las Islas Canarias con efecto inmediato», apostilla.

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