España

Montero retrasa a finales de año el pacto con Podemos sobre los desahucios

El ministro de Justicia está "esperanzado" en tener "en muy poco tiempo buenas noticias", respecto a la renovación del CGPJ

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el consejo de ministros.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el consejo de ministros. EFE

La ministra María Jesús Montero cree que no hay prisas para ampliar el decreto para prohibir desahucios durante el estado de alarma. Y eso a pesar de que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha presentado una enmienda a los Presupuestos junto a ERC y Bildu con el objetivo de acelerar este asunto.

Defiende Montoro que «este Gobierno ha sido desde el primer día muy consciente de una situación que se sigue produciendo y vamos a seguir dando respuestas». Pero a continuación ha recordado que «hay un real decreto que dura hasta el 31 de diciembre, por tanto, hay casi dos meses por delante para poder llegar a acuerdos». En definitiva, «la iniciativa la tomará el Consejo de Ministros cuando esté próximo el fin del periodo de vigencia y no tiene sentido la enmienda» de Unidas Podemos.

De hecho, hasta su propio compañero de filas, el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dijo que esta misma semana comenzarían a trabajar equipos técnicos de su departamento y de vicepresidencia segunda, dado una sensación de perentoriedad que ha venido a desmentir la ministra portavoz.

Ha admitido ignorar si Unidas Podemos ha retirado o no la controvertida enmienda, pero ha reiterado que la intención de Ejecutivo es «incorporar mejoras con una mayor cobertura» y ha asegurado que «nunca ha habido ningún tipo de discrepancia en el Gobierno», a pesar de la discusión pública que ha protagonizado los dos socios.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha justificado como un mandato de la Unión Europea, por el cual serán los fiscales, y no los jueces, los que instruyan los casos. Es un viejo proyecto, en el que se avanzó mucho en la época del ministro Caamaño, que siguió Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá, aunque siempre ha chocado con la dependencia orgánica que tiene la fiscalía con respecto al Gobierno, lo que siempre ha generado reticencias al cambio de modelo.

Ha recordado el pacto por la Justicia de 2001, donde ya era clave el proceso penal. Precisamente, en respuesta a esas reticencias sobre la Fiscalía, se crearía la figura del juez de garantías y otro para la audiencia preliminar, que decidirá que se abra o no juicio. «Lo verdaderamente importante es que esto es la primera palabra, ahora se abre un proceso de consulta y aportaciones», en alusión a órganos como el Consejo de Estado, el Consejo fiscal o la Abogacía, para una ley «en la que no hay que tener prisa, pero tampoco pararnos», ha dicho Campo.

Además, el ministro se ha mostrado «razonablemente esperanzado» en tener «en muy poco tiempo buenas noticias», respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que debe pactar con el PP.

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