El inspector Francisco Javier González estuvo a punto de perder un brazo el pasado mes de septiembre después de que un vehículo cargado con fardos de hachís lo arrollara a él y al policía-alumno que lo acompañaba durante un servicio en Algeciras. La semana pasada, dos guardias civiles resultaron heridos tras ser embestidos cuando participaban en San Roque (Cádiz) en sendos operativos contra el narcotráfico y sus estructuras de apoyo. "Están a la orden del día. Raro es el mes que no hay algún tipo de agresión en la comarca", resume un agente.

El Ministerio del Interior cifra en un centenar el número de "incidentes violentos" contra las fuerzas y cuerpos de seguridad registrados en el Campo de Gibraltar entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2020. De esas agresiones fueron víctimas 236 agentes (143 policías nacionales y 93 guardias civiles), de los que 80 (39 funcionarios del Cuerpo Nacional y 41 del Instituto Armado) resultaron con lesiones de consideración que les obligaron a causar baja temporal.

En su respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad también incluye en esta estadística un fallecimiento. Ocurrió en mayo de 2019, cuando un guardia civil de Tráfico perdió la vida en el término municipal de Los Barrios tras caer de la motocicleta que conducía mientras perseguía a un coche cargado con 200 kilos de hachís que huía después de darles el alto.

La nómina de "incidentes violentos" en este rincón del país no ha parado de crecer en los últimos años, cuando más se ha intensificado la presión sobre los clanes de la droga. El último episodio violento tuvo lugar en la tarde-noche del pasado jueves, cuando una patrulla de la Guardia Civil participaba en un operativo contra el repostaje de las narcolanchas en Torreguadiaro, una de las pedanías de San Roque. "Fui a identificar a dos personas que estaban dentro de un coche. Cuando les di el alto, lejos de parar el vehículo, arrancaron a toda velocidad y se vino hacia mí. Tuve que evitar el impacto con las manos, me pasó por encima de un pie y me arrolló antes de salir huyendo", relata a este diario el agente. Éste sufre fractura del hueso escafoides de la mano izquierda y un fuerte golpe en el brazo derecho.

Interior cifra en 236 los policías y guardias civiles que fueron víctimas de los 100 incidentes violentos en el Campo de Gibraltar desde 2017

Esa misma mañana, otro vehículo cargado de droga intentó embestir al de guardias civiles que participaban en un operativo en la zona de San Roque. "Estamos un poco acostumbrados a esto. Miedo no tengo, sí inquietud porque cada vez hay chavales más jóvenes. Ven dinero fácil; si en una noche se pueden ganar 200 o 300 euros por portear una garrafa de gasolina no quieren estudiar", comenta resignado un agente, que lleva en el Campo de Gibraltar 20 de los 28 años de pertenencia al Instituto Armado.

No hay una zona en España donde ejercer la labor policial entrañe hoy más peligro que esta comarca gaditana, principal puerta de entrada de la droga en España y donde se libra desde hace más de dos años una intensa lucha contra los clanes del narcotráfico que ha dado importantes frutos tanto por el descabezamiento de las organizaciones criminales como por el volumen de droga que se ha impedido que llegue al mercado negro.

El punto de inflexión tuvo lugar a principios de febrero de 2018, cuando un grupo de encapuchados irrumpió en el Hospital de La Línea de la Concepción y logró liberar a un narco (Samuel Crespo) que había sido detenido por la Policía Nacional y estaba bajo custodia. Los propios guardias civiles alertaron del inicio de un "cartel de la droga" y de la necesidad de tomar medidas para que las bandas terminaran corrompiendo con sus tentáculos a las instituciones públicas.

¿Zona de Especial Singularidad?

Desde entonces, partidos políticos (como PP, Vox y Ciudadanos), asociaciones profesionales de la Guardia Civil (como la AUGC) y plataformas ciudadanas vienen pidiendo a Interior que catalogue el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, lo que llevaría aparejado la concesión de incentivos económicos y laborales para reconocer la labor que ejercen los policías nacionales y guardias civiles destinados en esta comarca gaditana.

Se trataría de una medida similar al ‘complemento de zona conflictiva’ que aprobó el Gobierno de Adolfo Suárez en agosto de 1980 para compensar el mayor riesgo al que se enfrentaban los agentes destinados en Euskadi y Navarra como consecuencia de la actividad terrorista de ETA. Ello supone un plus mensual de unos 600 euros.

En agosto de 2018, dos meses después de la llegada de Grande-Marlaska, el Ministerio del Interior puso en marcha un plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar. El operativo incluía un importante refuerzo de policías nacionales y guardias civiles (356 agentes en total) en los municipios de la comarca y la puesta a disposición de los agentes de vehículos y medios tecnológicos para poder hacer frente a las bandas del narcotráfico y el contrabando.

Estamos un poco acostumbrados a esto. Miedo no tengo pero sí inquietud. Cada vez hay chavales más jóvenes", dice un guardia civil

El plan no sólo perseguía el decomiso de la droga. Otro de sus pilares era potenciar la investigación patrimonial contra las organizaciones delictivas para perseguir el blanqueo de capitales ligadas a esa actividad, para lo que se crearon nuevos grupos especializados en ambos Cuerpos. Ello ha permitido debilitar las estructuras que sostienen económicamente a los clanes.

Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de mayo de 2020, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado decomisaron 268,2 toneladas de droga (258.300 kilogramos de hachís, 8.545 de cocaína, 501 de heroína y cantidades menores de otras sustancias) y detuvieron a 9.356 personas, entre ellos los principales cabecillas de las bandas. Los agentes intervinieron durante dicho periodo 1.092 vehículos a motor y  311 embarcaciones, lo que ha supuesto un duro golpe a las bandas del narcotráfico que operan en la zona.

El pasado verano, Interior anunció que este plan especial se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2021 a la vista de los positivos resultados que está arrojando el despliegue. Esa continuidad requerirá una inversión de 48,2 millones de euros, de los que 30,4 millones corresponden a recursos humanos y 17,8 millones a los nuevos medios materiales con que se dotará a Policía Nacional y Guardia Civil en este periodo.

En este momento, el departamento que dirige Grande-Marlaska está pendiente de resolver ocho procedimientos de licitación para la compra de medios técnicos con los que mejorará la dotación de los agentes de ambos Cuerpos destinados en el Campo de Gibraltar. Estas operaciones superan los 2,6 millones de euros (más IVA).

Más medios técnicos

En concreto, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil pretende adquirir un sistema de identificación y localización para redes GSM (2G), UMTS (3G) y LTE (4G) con capacidad para decodificar y monitorizar los terminales móviles con protocolo de encriptación A5/1, 468 equipos de seguimiento y localización de objetivos tanto en el medio terrestre como en el marítimo y 84 cámaras.

Por su parte, los cuatro procedimientos de contratación para los que la División Económica y Técnica de la Policía Nacional ha pedido ofertas corresponden a la compra de 55 videocámaras, 30 cámaras fotográficas, 45 televisores y 40 proyectos, así como la ampliación de 240 teras en dos bandejas de disco para dos cabinas FAS8200 de tecnología NetApp.

En cuanto al refuerzo de plantillas, la Guardia Civil ha incluido 26 plazas entre la última convocatoria de vacantes, lo que permitirá a la Comandancia de Algeciras disponer de más efectivos para seguridad ciudadana y servicios fiscal y marítimo. Con todo, asociaciones profesionales como la AUGC y entidades sociales de lucha contra la droga consideran que Interior debe hacer un esfuerzo aún mayor para que se le pueda ganar el pulso definitivamente a los clanes de la droga y del contrabando y el principio de autoridad no vuelva a estar cuestionado.