El Gobierno frena la reforma laboral por considerarla inoportuna en situación de crisis

El Gobierno echa el freno en la derogación de la reforma laboral a pesar de las prisas de su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Por un lado, se aferra al argumento de que cualquier iniciativa en este sentido debe hacerse en el marco de la mesa del diálogo social, tal y como el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo este fin de semana en El Periódico. Pero no sólo. Porque además, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha insinuado su inoportunidad mientras el objetivo fundamental es luchar contra la crisis económica derivada del Covid.

"Lo prioritario es la aprobación de los PGE y todavía queda hasta su aprobación definitiva". Entretanto "hay que concentrarse en seguir contando con el apoyo mayoritario de los grupos en el Ssenado", ha agregado. A partir de ahí "las medidas que haya que abordar se deberán acompasar con el momento económico. Nadie preveía una pandemia y sus repercusiones, y hay que ir acompasando las medidas y reformas a la situación actual".

En definitiva, "hay tener la inteligencia de acompasarla a los momentos que estamos viviendo para que el país salga de la situación de crisis e ir haciéndolo de forma progresiva", lo que, sin duda, no es del gusto de los socios, que el pasado jueves se apresuró a anunciar que uno de los pasos siguientes sería la "derogación" de la reforma laboral que Fátima Báñez abordó en 2012 y que ha sido avalada muchas veces por Europa.

El Ejecutivo colaborará "desde la Agencia Tributaria para que la acción de la justicia sea efectiva", en el caso de Juan Carlos

Otra de las cuestiones que ha centrado la comparecencia de Montero tras un Consejo de Ministros que no ha aprobado el decreto antidesahucios es la situación fiscal del Rey emérito. En su calidad de ministra de Hacienda ha defendido que "no voy a hablar de ningún contribuyente ni como portavoz ni como ministra, ni de expedientes ni si hay investigaciones sobre personas o empresa concretas", ha reiterado en varias ocasiones.

Se ha limitado en este sentido a subrayar que el Ejecutivo "respeta" todas las investigaciones que se puedan estar produciendo y que se colaborará "desde la Agencia Tributaria para que la acción de la justicia sea efectiva", también que el gobierno trabaja para que "todos cumplan con sus obligaciones fiscales para combatir cualquier fraude fiscal y dando asistencia técnica".

Al interrogante de por qué no ha habido una inspección fiscal previa al ex jefe de Estado, Montero se ha escudado en que "habría que ver cada caso concreto". en principio, ha admitido que se puede negociar "siempre y cuando no haya ninguna investigación judicial en curso", pero "no se puede hablar sin conocer" exactamente el expediente.

Más complicado ha resultado seguir los meandros de su respuesta a si cree que Felipe VI debe aprovechar su mensaje de Navidad para lanzar una advertencia a esos militares en la reserva que le mandaron una misiva en la que hablaban de "gobierno social-comunista" y de que corre peligro la integridad territorial de España. Porque lo que ha hecho Montero en un par de ocasiones ha sido responder a si el Rey debía decir algo de su padre.

Separación de funciones entre el Gobierno y la Casa Real

"El Gobierno no opina sobre lo que le corresponde decir o hacer a la Casa Real. Hay separación absoluta de las funciones y le corresponde pronunciarse sobre las cuestiones del Rey emérito o personas vinculadas a la Familia Real". El Ejecutivo, "respeta y colabora" pero "ni va a invitar ni va a disuadir. Lo que tenga que decir la Casa Real que lo diga cuando lo considere conveniente".

Y ha insistido: "No vamos a hacer ningún tipo de valoración ni dar opinión sobre lo que la Casa Real quiera trasladar en materia de cuestiones judiciales, o como a las navidades y la permanencia del Rey (emérito) en un sitio u otro. La Casa Real cuenta con todos los argumentos para hacerlo si quiere hacerlo. No debemos opinar".

El Consejo de ministros no ha abordado hoy el nuevo decreto para prohibir los desahucios hasta el final del estado de alarma debido a su complejidad técnica y jurídica, según fuentes gubernamentales. Finalmente se cumplirá el calendario que había marcado el sector socialista del gobierno de llevarlo a finales de año.

Por otro lado, la ministra ha desestimado las críticas en torno a al crisis migratoria y la llegada de inmigrantes a ciudades de la península como Granada desde Canarias. Asegura que se le ha realizado una prueba de PCR a todas aquellas personas que han entrado por la costa además de no constarle que se hayan producido desplazamientos y traslados sin el debido control legal. En todo caso, ha apelado a las explicaciones que han proporcionado sus compañeros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Migraciones, José Luis Escrivá.

Además, Montero ha reafirmado el argumentario oficial de que la ausencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, del viaje a Rabat, responde a las limitaciones derivadas del Covid, de modo que soló acudirán aquellos ministros que deban firmar memorándums de colaboración bilateral para que la cita sea "de provecho".