«La modificación del delito de sedición o los indultos son parches que no van a la raíz del conflicto». La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha respondido así a la insistencia del líder de los comunes en el Congreso, Jaume Asens, que este miércoles ha vuelto a presionar a los socialistas para avanzar la concesión de los indultos a los condenados por el 1-O.

Paralelamente, JxCat, ERC y la CUP han recuperado la unidad independentista para registrar en el Parlament una iniciativa en favor de la ley de amnistía, que en todo caso debería tramitarse en las Cortes.

Budó ha reconocido que «si los indultan y se pueden ir a casa mejor», pero ha dejado claro que «el indulto no resuelve el conflicto, el conflicto se tiene que abordar desde ley amnistía«. Una amnistía a la que los grupos independentistas han puesto ya condiciones, en la propuesta de resolución que el Parlament debatirá, y presumiblemente aprobará, en el pleno de la próxima semana. El último de la legislatura.

Amnistía penal y económica

El texto registrado por los independentistas reclama una amnistía para todos los procesos por actos asociados al procés independentista desde 2013. Es decir, un paraguas que acoja no sólo a los condenados por el Tribunal Supremo, sino también a los procesados por el Juzgado 13 de Barcelona, la Audiencia Nacional o el TSJC -desde la anterior Mesa del Parlament hasta el mayor Trapero, absuelto-.

Sin olvidar a Artur Mas y los consejeros de su gobierno condenados por su participación en la organización de la consulta del 9N. Unas condenas que no supusieron cárcel, pero si duras penas económicas impuestas por el Tribunal de Cuentas, al que la moción se refiere explícitamente.

El texto advierte que deben comprenderse en esa amnistía los delitos de sedición y rebelión, y el de malversación cuando esté en concurso con la sedición. También los delitos de prevaricación, falsedad, malversación, desobediencia o revelación de secretos «siempre que estén vinculados» a las consultas del 9N y el 1O.

Incluyen también los delitos contra el orden público «cometidos en el marco e la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña y las protestas y acciones de crítica a la actuación de autoridades gubernamentales o jurisdiccionales. Y reclaman además de la amnistía total, una «reparación» para los «represaliados» así como «medidas» contra «los responsables de la represión».

El PSOE cierra la puerta

Los socialistas, sin embargo, ya han cerrado la puerta a esta opción reclamada por el independentismo. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha subrayado este miércoles que la amnistía que reclaman las fuerzas independentistas catalanas para sus líderes encarcelados «no cabe» en la Constitución.