El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad y Consumo. EUROPA PRESS

España

Cabreo de los expertos con el Gobierno por la auditoría fantasma del Covid: "Nos han ignorado"

6 de agosto de 2020. Una veintena de reputados científicos españoles firma un artículo en la prestigiosa revista británica ‘The Lancet’ bajo el título, en inglés, La necesidad de una evaluación independiente de la gestión del Covid-19 en España. La primera premisa que exigían al Ministerio de Sanidad para llevar a cabo esta auditoría externa ya se leía en el título: independencia. Y la segunda era desarrollar ese estudio con «urgencia». De hecho, se exhortó reiteradamente que el análisis debía comenzar «de inmediato», pero fue necesario un segundo comunicado en el mismo medio de comunicación ya en septiembre y con los mismos firmantes -entre ellos Margarita del Val, Alberto García-Basteiro, Rafa Bengoa o Joan Carles March- para que el proyecto echase a andar.

El 1 de octubre, casi dos meses después, Salvador Illa accedió a reunirse con una representación de estos profesionales. Entonces, se comprometió a que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) pondría en marcha de forma inmediata la evaluación y que, «en el plazo máximo de un mes», el comité técnico designado para realizar este análisis elevaría sus conclusiones al pleno del Consejo Interterritorial para su toma en consideración por el resto de comunidades y ciudades autónomas. Pero no ha sido hasta hace unos días, casi dos meses después, cuando los ejecutivos regionales han recibido copia del informe marco. Éstos, a su vez, deberán estudiar la propuesta y presentar su propio dictamen, por lo que no se prevé que la auditoría se complete, al menos, hasta el próximo mes de abril.

El continuo retraso en la puesta en marcha de la evaluación sobre la gestión del Covid que, insisten, «no consiste en buscar culpables», ha enervado a este grupo de reputados científicos, quienes se sienten engañados e «ignorados» en este caso por el Ministerio de Sanidad. «El gran problema es que de lo que se dijo que se iba a hacer a lo que se ha hecho hay una gran diferencia», lamenta Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y uno de los firmantes del artículo de The Lancet.

«Los retrasos sólo demuestran la despreocupación por un tema que debería haber sido primordial, urgente», denuncia, quien desliza una clara motivación política en dirigentes de todo signo que «minimizan cuestiones muy importantes para que eso no les reste votos» como explicación a que se ejecute una evaluación sobre la gestión del Covid a cuando ya haya vacunas y «el escenario sea completamente diferente». «Hacer una evaluación casi un año después de que haya comenzado la pandemia no nos permitirá saber siquiera cuáles son las lecciones aprendidas», subraya.

Del mismo modo se expresa Rafa Bengoa, ex directivo de la OMS y ex asesor del plan sanitario de Barack Obama, quien opina que la demora en el desarrollo de la auditoría responde más a intereses políticos que a otra cuestión. «Si tu hijo se ha portado mal, el castigo que le pones debe ser inmediato para que aprenda, y no dentro de cuatro meses cuando nadie se acuerda ni de cómo ocurrió», compara el experto, quien no duda de los beneficios de una evaluación «a posteriori», pero insiste en la necesidad de una auditoría que «debería haber estado lista hace semanas» y que, en última instancia, «ayude a tomar las decisiones más adecuadas» dentro de la gestión de una pandemia que sigue dejando 300 muertos diarios.

Ambos expertos confirman que el grupo ha pedido otra reunión con el Ministerio de Sanidad para antes de que finalice el año pero, al menos de momento, no han obtenido respuesta. «Se nos ha apartado de la propia evaluación», manifiesta March, que asegura no entender por qué el Gobierno no les ha enviado a ellos una copia del documento marco recibido por las comunidades autónomas cuando es este grupo de científicos el que ha impulsado la evaluación externa. «Es incomprensible», lamenta también Bengoa.

Sin embargo, no cejarán en su ofensiva para presionar a las instituciones y acelerar en el desarrollo del trámite: dentro de unos días, está previsto que los mismos firmantes del artículo de The Lancet publiquen otro manifiesto en este caso en la revista Gaceta Sanitaria para defender que una auditoría urgente e independiente es «necesaria y muy útil».

«El Gobierno no quiere nuestra ayuda»

Pero en el Ministerio de Sanidad no sólo se ha desoído la premisa de urgencia sino también la de independencia. Desde el mencionado grupo se muestran ya convencidos de que no se seguirá esa recomendación. «Una evaluación completamente externa reforzaría la calidad democrática de España, porque los ciudadanos de a pie podrían conocer qué ha pasado sin temor a injerencias políticas» defiende el ex directivo de la OMS. Pero el Ejecutivo «ha decidido no avanzar en ese sentido». «Estamos intentando ayudar, pero el Gobierno no quiere nuestra ayuda. Prefieren que la evaluación sea interna», diseñada de puertas para adentro y no con profesionales «plenamente autónomos», señala Bengoa.

«No va a haber ninguna auditoría independiente», zanja en este caso César Carballo, jefe de Unidad del Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal. Éste doctor ha lanzado además varias iniciativas para impulsar, de la misma manera que los científicos de The Lancet, la creación de una comisión de evaluación sobre la gestión del Covid sin injerencias políticas. Por ejemplo, mantiene activa una recogida de firmas en Change.org, que ya cuenta con más de 16.800 firmantes. «El Gobierno nos ha ignorado. Si se hubiese tenido en cuenta las cosas que les hemos ido proponiendo desde verano, gran parte de las cosas que han pasado se habrían evitado», asegura Carballo, también coordinador del proyecto Una estrategia integral, que tiene como objetivo optimizar la estrategia en la lucha contra el virus en España.

Todos ellos lamentan por ejemplo que, para empezar, el grupo técnico encargado de definir en qué se ha fallado y qué se ha aprendido de la crisis del coronavirus no estará compuesto por expertos ajenos a la política. Estará presidido por la actual Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, «una gran profesional», remarca March, pero que en el pasado ocupó diferentes cargos en el PSOE de Andalucía. Además, del grupo de trabajo formará parte «un representante de cada una de las comunidades y ciudades autónomas», siendo estos de libre elección por parte de los diferentes ejecutivos regionales y quedando, en todo caso, bajo la tutela de Calzón.

El informe que recibieron la pasada semana las comunidades autónomas deberá ser discutido, de nuevo, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, aunque aún no hay fecha prevista en que esta cuestión esté en el orden del día. La hoja de ruta incluye que en este órgano se decida también por consenso qué nombres conformarán el equipo de expertos, procedentes de diferentes áreas de conocimiento, que realizará el dictamen final, en que se incluirá el plan de trabajo, as recomendaciones y las conclusiones.

En todo caso, este grupo estará tutelado por un grupo de «apoyo logístico» del Ministerio de Sanidad y de las consejerías territoriales, según reza en el documento expedido a las comunidades autónomas. No hay más detalles, al menos de momento, respecto a su desarrollo. Sólo se indica que, al menos, pasarán cuatro meses hasta la presentación de un informe definitivo.

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